La reducción de jornada laboral a las 37,5 horas, el proyecto estrella de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz , vuelve a darse de bruces con la realidad parlamentaria y los escándalos judiciales que asedian al Gobierno al comprobar cómo Junts no está dispuesto a retirar su enmienda a la totalidad al proyecto de ley, cuyo debate iba a ser planteado en el Congreso el próximo 22 de julio. Las miradas de Díaz, y las de buena parte del Ejecutivo, estaban puestas en esa jornada para que los de Carles Puigdemont retiraran su veto y prosiguiera su tramitación parlamentaria. No será así. «No es el momento oportuno» para que los independentistas aparezcan dando ese apoyo a Pedro Sánchez en un contexto marcado por la encarcelación de Santos Cerdán o los continuos informes de la UCO (Unidad Central Operartiva) que acechan a La Moncloa. De esta forma, al Ejecutivo se le cae uno de los pilares que tenía previsto para cerrar un fin de curso más exitoso de lo esperado, con siete leyes en suspenso, tras el pleno monográfico sobre la corrupción del que el PSOE indica que Sánchez salió indemne gracias a los apoyos de los socios parlamentarios.Tanto el Ministerio de Trabajo como Junts han hecho pública esta decisión en un comunicado conjunto en el que se ha decidido «dar más tiempo» a las mesas de negociación para llevar ese pleno de enmiendas al nuevo periodo de sesiones, después del verano. De esta forma, la implantación de las 37,5 horas semanales el 31 de diciembre, como prevé la ley, será casi imposible. «Sería un suicidio «, indican fuentes gubernamentales, conscientes de que ese pleno del próximo martes supondría un calvario para el Ejecutivo porque el debate derivaría a las acusaciones al Gobierno por los escándalos judiciales frente a las propias medidas incluidas en el proyecto de reducción de jornada. La sucesión de escándalos judiciales ha truncado la posibilidad de que los independentistas validen la tramitación de la norma. «No se dan las condiciones ante este clima político y judicial», indican fuentes consultadas por ABC. Si se materializase ese pleno «sonaría a un plebiscito de apoyo al Gobierno, aunque sea a través de la reducción de jornada», insisten esas fuentes. «Quedaría contaminado el proyecto», apuntan.No se dan las condiciones ante el clima político y judicial que hayEn ese comunicado conjunto, Junts insiste en que seguirán negociando tras el verano. «Hemos decidido darnos más tiempo para que se pueda superar la fase de totalidad en el próximo periodo de sesiones«, apunta el texto. La clave sigue pasando porque la norma se adapte a las singularidades de las pymes , el gran caballo de batalla de los independentistas, muy condicionados por la presión de los empresarios catalanes.Más peticiones laboralesDe hecho, la insistencia de los líderes de las patronales de la automoción, el comercio, el turismo y la construcción están siendo los que más presión ejercen sobre los exconvergentes para que rechacen el proyecto de reducción de jornada. «Han llegado tarde a negociar», apuntan fuentes de la formación encabezada por Puigdemont a ABC. Lo que Junts quiere es que se negocien las condiciones en las que las pymes puedan acogerse a la reducción de jornada. Tanto en lo relativo a los plazos de aplicación de la ley, como en las posibles ayudas que puedan obtener esos pequeños negocios para adaptarse a la reducción a las 37,5 horas. Además, según apuntan fuentes independentistas, el debate debe enmarcarse en otra serie de propuestas en el mercado laboral como en lo relativo al tratamiento del absentismo o mejorar la competitividad de las pymes, políticas vinculadas a los ministerios de Seguridad Social y Economía, respectivamente. Por su parte, Foment del Treball ha valorado «positivamente que grupos como Junts hagan un ejercicio de coherencia» y mantengan su posicionamiento tan relevante «por la economía productiva» con este rechazo.
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