El Gobierno conservador de Portugal aprobó este miércoles en el Parlamento varias modificaciones a las leyes de Inmigración y Nacionalidad, optando por una política migratoria más restrictiva. Entre las medidas más criticadas están la creación de una unidad policial para expulsar inmigrantes , dificultar el reagrupamiento familiar y restringir los visados de trabajo únicamente a perfiles altamente cualificados.El Partido Socialdemócrata (PSD), que gobierna en minoría, consiguió hacer pasar estas alteraciones gracias a los votos del ultraderechista Chega , principal partido de la oposición, que llevaba semanas presionando al Gobierno para «blindar Portugal» ante la inmigración. Tanto el Partido Socialista (PS) como el resto de partidos de izquierda votaron en contra, al considerar inconstitucionales algunas de las modificaciones, como la posibilidad de retirar la nacionalidad portuguesa a personas que cometan ciertos delitos.El líder socialista, José Luís Carneiro , lanzó un ultimátum al primer ministro, advirtiendo de que «si sigue alineándose con Chega en materia de inmigración», habrá una ruptura con el Gobierno. «Si el primer ministro no es capaz de diferenciar esa representación política y social, entonces no está habilitado para seguir defendiendo el interés nacional», afirmó Carneiro.Entre las medidas aprobadas figura la creación de la Unidad Nacional de Extranjeros y Fronteras (UNEF) , integrada en la Policía de Seguridad Pública (PSP). Esta unidad será responsable del control de fronteras aeroportuarias, deportaciones, fiscalización y supervisión de la permanencia de extranjeros en territorio nacional, entre otras competencias.El objetivo de las nuevas normas es reducir la entrada de inmigrantes en el país. Por ello, se limitará el acceso a visados de trabajo solo a quienes presenten empleos de alta cualificación, lo que afectará especialmente a inmigrantes procedentes de Brasil –la comunidad extranjera más numerosa en Portugal, con más de medio millón– que desempeñan principalmente trabajos en hostelería y restauración.Algunos expertos advierten de las consecuencias económicas de estas medidas. El abogado Bruno Gutman, especialista en inmigración, señala: «En un país lleno de licenciados, ¿quién va a recoger las uvas para la producción de vino?». Para el primer ministro Montenegro, la economía portuguesa «tendrá que adaptarse» a la nueva política migratoria. Una de las principales demandas de Chega era poner fin al reagrupamiento familiar . «Vamos a reagrupar a las familias de inmigrantes, pero fuera de Portugal», escribió en su cuenta de X la diputada Rita Matias. Con la nueva ley, se alteran los requisitos. Los inmigrantes deberán haber residido al menos dos años en Portugal antes de poder solicitar la entrada de sus familiares. Además, por presión de Chega, se exigirá que las parejas demuestren haber convivido previamente en otro país para poder reagruparse. En el caso de hijos menores, solo podrán hacerlo si han entrado legalmente en Portugal, viven con el solicitante y dependen de él.Dudas sobre la constitucionalidad de la reformaPor su parte, la Comisión Parlamentaria ha abierto una investigación tras las quejas de partidos de izquierda contra André Ventura. Durante el debate parlamentario, Ventura leyó en voz alta una lista con nombres de alumnos de un colegio para afirmar que «no hay ni un portugués» y que esos niños «pasan por delante de los portugueses». La intervención causó un gran revuelo y varios diputados pidieron que se protegiera la identidad de los menores. «Estamos siendo perseguidos», afirmó Ventura. «Deberían preocuparse más por la inmigración ilegal y la corrupción, en lugar de hacer perder el tiempo a la justicia persiguiendo a un diputado», concluyó. En caso de que se considere la divulgación de los nombres como una violación de la ley, Ventura podría ser sancionado.Tras la aprobación parlamentaria, la ley será enviada al presidente Marcelo Rebelo de Sousa , quien tiene 20 días para evaluarla. Una petición liderada por la abogada brasileña Erica Acosta pide que se revise su constitucionalidad. Los firmantes acusan al Gobierno de violar el principio de igualdad y de favorecer un modelo migratorio excluyente.Desde la oposición se ha criticado también la rapidez con la que el Ejecutivo de Montenegro quiso aprobar las alteraciones. La jueza Almeida Pinto, del Consejo Superior de los Tribunales Administrativos y Fiscales (CSTAF), reprochó al Parlamento que solo se diera un día de plazo para emitir un informe. Por tratarse de una ley «delicada», el partido Iniciativa Liberal (IL) optó por abstenerse.Por su parte, el ex presidente luso Durão Barroso aseguró que es muy importante que la inmigración «sea regulada para evitar la explotación». «Portugal necesita inmigrantes –el país se detendría sin ellos–, pero los necesitamos de forma ordenada. Personas que se integren, que respeten las leyes. Las puertas deben estar abiertas, sí, pero no de golpe, para garantizar condiciones de respeto y dignidad para quienes llegan», afirmó el ex presidente de la Comisión Europea. Durante la votación, varias decenas de inmigrantes y ciudadanos portugueses vestidos de negro protestaron simbólicamente en la Asamblea contra las medidas aprobadas.
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