El Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid ha acordado incoar diligencias previas de investigación contra la presunta ‘fontanera’ del PSOE Leire Díez por el delito de tráfico de influencias . Este paso, que es previo a cualquier instrucción, suele ir acompañado de la petición de informe a Fiscalía para que indique si se debe investigar o si se archiva de plano la denuncia. Fuentes jurídicas consultadas por ABC señalan que este juzgado, del que es titular la jueza María del Pilar Martínez Gamo, ha abierto la causa tras recibir la denuncia presentada por la Asociación Escala de Suboficiales de la Guardia Civil (AESGC). De momento, hay hasta tres juzgados más de Madrid que por reparto han recibido denuncias contra Leire Díez interpuestas por la asociación Hazte Oír, por el partido político Iustitia Europa y por la Asociación Unificada de la Guardia Civil, si bien de momento no han abierto diligencias.Noticias relacionadas estandar Si El «reparto ilegal» de 680 millones de los Gobiernos socialistas en los ERE llega a la Justicia europea Antonio R. Vega estandar Si La paradoja de la Abogacía del Estado: de la mano de los demandados en el Tribunal de Cuentas Nati VillanuevaDíez saltó a la palestra pública en mayo, cuando unos audios publicados por ‘El Confidencial’ arrojaron luz sobre reuniones que habría mantenido con abogados e imputados en macrocausas para recabar información sensible que acabara, por ejemplo, con el jefe de la Unidad Central Operativa (UCO), Antonio Balas.En su denuncia, a la que ha tenido acceso este periódico, la AESGC va no solo contra la ‘fontanera’ sino también contra los empresarios procesados por la Audiencia Nacional Javier Pérez Dolset y Alejandro Hamlyn, y contra el abogado Jacobo Teijelo. Todos ellos participaron en la reunión en la que Díez buscaba información sensible para tumbar determinadas causas penales. A todos ellos, la asociación les imputaba delitos de tráfico de influencias, cohecho y obstrucción a la justicia. «Intolerable persecución»La asociación relata que decidió denunciar a todos ellos ante la «intolerable persecución que algunos de los miembros que integran el Cuerpo pudieran haber sufrido como consecuencia del desarrollo de sus cometidos profesionales, en concreto, en la lucha contra la corrupción».Apunta que, por lo que se ha podido conocer por los medios de comunicación, en una fecha sin determinar del mes de febrero los denunciados celebraron una reunión telemática en la que solicitaron a Hamlyn -que está siendo juzgado por un caso relacionado con el fraude del IVA en el sector de los hidrocarburos- información comprometedora de Balas, teniente coronel de la UCO, «unidad que participa en la investigación de diversos casos de corrupción que afectan al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y personas vinculadas a dirigentes de dicho partido».La AESGC explica que el objetivo de esa reunión era claro, Díez «presuntamente, actuando en nombre de cargos del PSOE, quería obtener información que pudiera comprometer al ya citado teniente coronel» a cambio de «una serie de beneficios a los mencionados empresarios en sus procedimientos penales».En su denuncia, y ante los «hechos especialmente graves que afectan al correcto funcionamiento de la Administración de Justicia y a funcionarios públicos», interesa que se cite todos los denunciados y que se solicite al Servicio de Criminalística de la Guardia Civil un análisis del audio de WhatsApp -de la reunión de febrero- para comprobar la integridad del mismo, que no existen cortes o añadidos y para identificar a las personas que participan.Considera necesario, así, un análisis acústico forense para identificar las voces, diligencia para la que hará falta el auxilio judicial con las correspondientes muestras de voz.
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