Tras años de pesquisas bajo secreto, el titular del Juzgado de Instrucción 2 de Tarragona ha imputado al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro por traficar, desde su ministerio, con la modificación de leyes a cambio de beneficios económicos. No sería el único implicado. Según el auto, avanzado por ‘La Vanguardia’ y consultado por ABC, hay una treintena de presuntos involucrados en la trama por cohecho, prevaricación, fraude contra la administración pública, corrupción y falsedad documental, que tiene como epicentro el despacho de abogados que fundó Montoro durante su etapa en el Gobierno Rajoy y que le habría servido, según las pesquisas, para beneficiarse de forma ilegal, favoreciendo a empresas gasísticas. Junto a él, también están investigados antiguos colaboradores que pasaron por Hacienda y que operaron en el despacho que el ministro cofundó, primero bajo el nombre de Equipo Económico (EE) y que luego pasó a llamarse Global Afteli, que habría actuado como intermediario entre grandes empresas, especialmente del sector gasista, y el poder legislativo. Entre esos altos cargos del Ministerio durante el mandato de Montoro, también imputados, están el exsecretario de Estado Miguel Ferré, y la exsubsecretaria Pilar Platero, así como los exdirectores generales de Tributos Diego Martín-Abril y José Alberto García.Según la resolución, fechada el pasado 19 de junio, Montoro habría hecho «uso de las potestades que le corresponden en la iniciativa legislativa de su Ministerio» para así asegurarse «una ganancia al despacho». El juez Rubén Rus apunta así que las empresas interesadas en reformas debían canalizar sus demandas a través del despacho del ministro, que habría cobrado a cambio de su influencia para llevarlas a cabo. [EN AMPLIACIÓN]
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