La Comisión Europea ha decidido abrir un procedimiento de infracción contra España por incumplimiento de varias disposiciones europeas en la tramitación de la OPA del BBVA sobre el Sabadell . En concreto, el ejecutivo comunitario pone en duda «la utilización» que ha hecho el Gobierno de distintas disposiciones legales que, a su juicio, contradice las normas comunitarias sobre libertad de establecimiento y libre circulación de capitales. La decisión de la Comisión ya no afecta directamente a la marcha de la OPA del BBVA sobre el Sabadell, salvo que los responsables del banco adquiriente tuvieran la voluntad de utilizar este hecho y emprendiesen a su vez una acción legal contra el Gobierno. Sin embargo, desde el punto de vista reputacional, la decisión de Bruselas deja al ejecutivo de Pedro Sánchez en una situación delicada, ya que se confirmaría que ha intervenido en una operación empresarial exclusivamente por razones políticas, en concreto para complacer a sus socios independentistas que se oponían a la absorción del Banco Sabadell.Aunque el inicio del expediente se remonta a agosto de 2024, cuando la Comisión recibió una denuncia de un ciudadano español advirtiendo del posible uso torticero por parte del Gobierno de determinados mecanismos legales, el trámite de este procedimiento de infracción se ha visto frenado en Bruselas por la intervención de la vicepresidenta de la Comisión y responsable de competencia, Teresa Ribera , que entendía que el ejecutivo comunitario no debía entrar en esta operación porque los dos bancos tienen la mayoría de su cifra de negocios (más de dos tercios) en el mercado español. Noticia Relacionada estandar Si Cuerpo dice no haber recibido información sobre un expediente de Bruselas a España por la opa Xavier Vilaltella El ministro defiende las condiciones impuestas y asegura que el Ejecutivo tiene competencias para ir más allá de la CNMCDa la impresión de que la comisaria de Mercados Financieros, María Luis Albuquerque , ha tenido que esperar hasta que la Comisión aceptase enviar otra carta a las autoridades italianas en la que cuestiona también la legitimidad de su intervención para dificultar la operación de fusión bancaria bancaria UniCredit-BPM, lo que hacía prácticamente inevitable que se desbloquease el expediente contra España.De hecho, el Gobierno ya sabía que estaba bajo la lupa de la Comisión desde agosto del año pasado, cuando Bruselas abrió un procedimiento de consulta sobre esas dudas acerca de la interpretación que se pretendía hacer de la disposición adicional 12 de la Ley 10/2014 transposición de la Directiva de requisitos de capital y del Real Decreto 84 /2015 que según la Comisión podrían contradecir la Directiva de requisitos de capital y las de la unión bancaria. Esos contactos -«intensos y leales» según fuentes de la Comisión- no sirvieron para cambiar el rumbo de la actitud del Gobierno español, por lo que el expediente no se cerró con estas consultas. La Comisión entiende que es una transacción de mercado y que solo debe ser sometida al control de las autoridades competentes, que en este caso sería sería el Banco Central Europeo (BCE), porque afecta a más del 10% del accionariado, en línea con lo establecido en el mecanismo único de supervisión. En el ámbito de Competencia , no se cumplen los umbrales de cifra de negocios fuera de España para que hubiera intervenido directamente la Comisión, por lo que la decisión recayó en la CNMC que según fuentes de la Comisión «hizo un trabajo serio y riguroso» y autorizó la operación.La cuestión que suscitó la mayor preocupación por parte de la comisaria de Servicios Financieros fue el anuncio de una consulta pública por parte de Pedro Sánchez el pasado 5 de mayo, algo que para Bruselas era « extraño ». Tampoco estaba de acuerdo este departamento comunitario con la orientación con la que el ministro Carlos Cuerpo llevó la operación al Consejo de Ministros basándose en la ley de defensa de la Competencia, ya que según la lectura que se hace desde Bruselas, se debería usar más para rebajar alguna de las condiciones impuestas por el regulador que lo contrario. Según la Comisión, la lista de razones de interés general que pudo usar el Gobierno puede verse como un intento de impedir una concentración de forma arbitraria, mientras que Bruselas cree que cualquier obstáculo en este sentido «ha de estar apoyada en razones de interés general y ser proporcional».La carta que se envía hoy al Gobierno abre un plazo de dos meses para que el Gobierno responda a los requerimientos que le hace la Comisión. Con lo que le conteste el Gobierno, el ejecutivo comunitario puede elaborar un dictamen motivado en el que se le indicaría al Gobierno qué decisiones concretas deberían tomar, en el plazo de otros dos meses. Y si después de esos dos meses no se han cumplido esos requisitos, España se podría ver ante los jueces de Luxemburgo en un procedimiento que podría desembocar en sanciones millonarias.
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