La decisión del Gobierno español de adjudicar a Huawei la gestión del almacenamiento de escuchas judiciales ha desatado una ola de críticas al más alto nivel en Estados Unidos , donde se considera que España está comprometiendo no solo su seguridad nacional, sino también la de sus aliados. El congresista republicano Rick Crawford, presidente de la influyente Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, calificó la medida de «casi inimaginable» en un comunicado.«España está jugando con fuego», afirmó el legislador, en referencia al contrato de 12,3 millones de euros por el que la filial española de Huawei gestiona servidores del sistema Sitel, encargado de conservar las interceptaciones legales de la Policía Nacional y la Guardia Civil. «Al permitir que una empresa controlada por el Partido Comunista Chino almacene datos sensibles, España se hace vulnerable a amenazas directas contra su soberanía y la de sus aliados», añadió.España y EE.UU. comparten el uso de dos bases militares clave en Rota y Morón, donde están desplegados soldados estadounidenses, algunos de los cuales participaron recientemente en la red logística que apoyó los bombardeos contra Irán . Esta relación estratégica refuerza la preocupación en Washington por cualquier vulnerabilidad en el sistema de seguridad español que pueda tener repercusiones transatlánticas.Noticia Relacionada estandar Si El hermano de Sánchez se va a Japón un año a la espera de juicio Javier Chicote El consulado nipón le ha dado un visado por «reagrupamiento familiar» porque tiene allí a su mujer e hijoUna paradoja evidenteUna paradoja evidente no pasa desapercibida ni en Bruselas ni en Washington: mientras los operadores españoles han eliminado a Huawei de sus redes 5G por presiones de socios internacionales —y el Gobierno ha restringido su acceso a financiación pública—, el Ministerio del Interior, encabezado por Fernando Grande-Marlaska, ha adjudicado a la compañía china un papel clave en la infraestructura que custodia las grabaciones más sensibles del Estado.La Justicia belga investiga un caso de corrupción que salpica al Parlamento Europeo y a la empresa china, acusada de llevar a cabo un entramado de ‘lobby’ encubierto para influir en la política comunitaria. La operación, iniciada en marzo de 2025, ha incluido registros en oficinas de Bruselas, varias detenciones y la suspensión del acceso de los lobistas de Huawei a las instalaciones parlamentarias. Según los fiscales, desde 2021 la empresa habría ofrecido sobornos disfrazados de regalos, viajes y pagos por supuestos servicios de consultoría a eurodiputados y asistentes. Ocho personas han sido imputadas y se ha solicitado levantar la inmunidad a cuatro eurodiputados. Tanto el Parlamento Europeo como la Comisión han cortado sus vínculos con Huawei mientras avanza la investigación.El sistema contratado, OceanStor 6800 V5, es una solución de almacenamiento de alto rendimiento validada por el Centro Criptológico Nacional. Sin embargo, la legislación de seguridad nacional china obliga a cualquier empresa radicada en el país, estatal o privada, a colaborar con las autoridades y compartir la información que se les requiera, incluida la más sensible.El presidente de la Comisión de Inteligencia del Capitolio afirma que «España está jugando con fuego»A la preocupación estratégica se suma un episodio que generó polémica en su momento. En 2023, Therese Jamaa, que fue vicepresidenta de Huawei España entre enero y mayo de 2022 y pareja del actual ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, fue nombrada consejera de Hispasat, una decisión que despertó suspicacias en círculos diplomáticos y de inteligencia.Desde la presidencia de Donald Trump, EE.UU. mantiene un veto total a Huawei, que ha sido sostenido por la Administración Biden. Washington considera que decisiones como la adoptada por España refuerzan la capacidad de influencia global del régimen chino. «Con cada país que abre la puerta a Huawei, se le da al Partido Comunista de China una nueva oportunidad para avanzar en sus intereses geopolíticos», advirtió Crawford.«A medida que Pekín sigue acumulando estas ‘victorias’, se envalentona para emprender su próxima operación de influencia de alto riesgo. La comunidad internacional debe actuar unida para defenderse de la influencia destructiva y generalizada del régimen», añadió el presidente de la Comisión de Inteligencia.La ley china obliga a cualquier empresa a compartir información con las autoridades, incluida la más sensibleLa UE ha pedido a los Estados miembros que excluyan a proveedores de «alto riesgo» de sus redes críticas. Alemania, Portugal, Suecia, Francia o Reino Unido ya han vetado a Huawei en sus infraestructuras de telecomunicaciones. En España, en cambio, aún no se ha publicado una lista oficial de exclusión, a pesar de que la legislación de ciberseguridad 5G lo permite. El Gobierno se mantiene reacio a señalar públicamente a empresas chinas.El malestar entre cuerpos policiales, agencias aliadas y comisiones de seguridad del Congreso de EE.UU. crece. La crítica del diputado Crawford apunta a que el asunto podría acabar en una audiencia legislativa, con vistas a una posible investigación formal.En 2018, a petición de la Fiscalía estadounidense, fue arrestada en Vancouver Meng Wanzhou, alta ejecutiva de Huawei e hija del fundador de la compañía, Ren Zhengfei. Estuvo bajo arresto domiciliario hasta que se retiraron los cargos en 2022, ya bajo la presidencia de Joe Biden.
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