Tras años de pesquisas bajo secreto, el titular del Juzgado de Instrucción 2 de Tarragona ha imputado al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro por traficar, desde su ministerio, con la modificación de leyes a cambio de beneficios económicos. No sería el único implicado. Según el auto, avanzado por ‘La Vanguardia’ y consultado por ABC, hay una treintena de presuntos involucrados en la trama por cohecho, prevaricación, fraude contra la administración pública, corrupción y falsedad documental, que tiene como epicentro el despacho de abogados que fundó Montoro durante su etapa en el Gobierno Rajoy y que le habría servido, según las pesquisas, para beneficiarse de forma ilegal, favoreciendo a empresas gasistas. Junto a él, también están investigados antiguos colaboradores que pasaron por Hacienda y que operaron en el despacho que el ministro cofundó, primero bajo el nombre de Equipo Económico (EE) y que luego pasó a llamarse Global Afteli, que habría actuado como intermediario entre grandes empresas, especialmente del sector gasista, y el poder legislativo. Entre esos altos cargos del Ministerio durante la etapa Montoro, también imputados, están el exsecretario de Estado Miguel Ferré, y la exsubsecretaria Pilar Platero, así como los exdirectores generales de Tributos Diego Martín-Abril y José Alberto García.Según la resolución, fechada el pasado 19 de junio, Montoro habría hecho «uso de las potestades que le corresponden en la iniciativa legislativa de su Ministerio» para así asegurarse «una ganancia al despacho». El juez Rubén Rus apunta así que las empresas interesadas en reformas debían canalizar sus demandas a través del despacho del ministro, que habría cobrado a cambio de su influencia para llevarlas a cabo. «Esta trama», reza el auto, gira en torno a la mercantil Equipo Económico así como a los socios de la misma, y las relaciones entre dicha organización y las empresas gasistas englobadas en la Afgim (Air Liquide, Abello, Messer, Praxair y Carburos Metálicos). Así, en al menos dos ocasiones, según las pesquisas, dichas compañías contrataron al despacho «a fin de que hiciese uso de su red de influencias» para impulsar las reformas legislativas pretendidas. La primera vez, para obtener una rebaja en el Impuesto Especial sobre la Electricidad. La segunda vinculación contractual hace referencia a una rebaja fiscal a las gasistas. Así, reza el auto, «sólo con la intervención de EE, mediando pago, culminaron con éxito las reclamaciones de las gasísticas», con una modificación legislativa. El juez indica que el pago realizado al despacho de Montoro «no obedecería a una prestación real, sino que encubriría una comisión para el ejercicio de su influencia ». Así, durante el periodo 2011-2019, el despacho de Montoro recibió 779.705 euros de las gasísticas, aunque los informes técnicos, precisa la resolución, los elaboraba un tercero (EY), y que «en el mejor de los casos eran retocados por Equipo Económico», a pesar de lo que, las minutas de los abogados «pueden multiplicar por diez lo cobrado por las consultoras». Para imputar al exministro de Hacienda, el instructor apunta que «presuntamente, haciendo uso de sus potestades en el cargo», permitió a su despacho ofrecer a «sociedades de distintos sectores reformas que beneficiasen sus intereses económicos, en menoscabo del sector público». Para ello da por constatado que nombró entre sus altos cargos a personas estrechamente vinculadas a su empresa, «lo que aseguraría la elaboración y tramitación de los anteproyectos de ley y reglamentos a ‘demanda’ de las mercantiles investigadas». Equipo Económico niega la «trama»Tras conocer la imputación, desde Equipo Económico han emitido un comunicado en el que han negado «de forma tajante y rotunda» haber constituido una trama para obtener modificaciones legislativas favorables para las gasistas. Así, han indicado que Montoro abandonó la empresa en 2008 y que, desde entonces, «ha permanecido completamente desvinculado de la firma».Sobre la contratación por parte de Afgim, sostienen que su labor se limitó a realizar «un asesoramiento jurídico-tributario de carácter estrictamente técnico», para así «mantener la competitividad de la industria, exoneraran o moderaran del impuesto a las actividades industriales intensivas en el consumo de electricidad». Además, han denunciado la «indefensión» sufrida, tras siete años de pesquisas bajo secreto, por lo que no han podido personarse en el procedimiento, «pese a haberlo solicitado con carácter reiterado desde octubre de 2023».
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