El Ministerio de Hacienda ha fulminado de su cargo al hasta ahora subdirector general de Tributos Locales, Óscar del Amo Galán , después de que su nombre apareciera como uno de los implicados en el caso del exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y los supuestos delitos por los que el juez le ha imputado junto a buena parte de la cúpula de su departamento en aquellos años de Gobierno. El caso de Óscar del Amo es uno de los más significativos ya que continuaba en ese puesto dentro de la estructura ministerial ya con la actual vicepresidenta primera, María Jesús Montero. El auto le señalaba le como una de las personas que incorporó a los presupuestos generales de 2018 las modificaciones que pedían las empresas gasísticas. El propio Ministerio de Hacienda estaba analizando en estas últimas horas los «pormenores» de esa implicación judicial para tomar esta decisión de fulminarle, tal y como apuntan fuentes de ese departamento. En cualquier caso, insisten en que «no es un alto cargo del Ministerio de Hacienda».Entre los investigados figuran también varios altos cargos de Hacienda que habrían facilitado las reformas legislativas, como el ex director general de Tributos Diego Martín-Abril. La investigación revela que estos cargos mantuvieron reuniones con las empresas gasistas y recibieron directamente de ellas los textos legales a aprobar, evidenciando, según el juez, un «abuso grave del ejercicio de su función pública». El auto del juez señala que Óscar del Amo “ocupó uno de los cargos decisivos para que los textos de los Anteproyectos de ley y Proyectos de Reglamento recogieran las pretensiones concertadas con las gasísticas como evidencian los correos intervenidos en la causa”.Los investigadores han encontrado correos que demuestran cómo estos directivos coordinaban con Equipo Económico las estrategias para lograr los cambios normativos, incluyendo reuniones con el propio ministro Montoro. También apunta que “además contactó telefónicamente con ellas para aclarar dudas sobre dichos textos”. Esas modificaciones eran “impuestas por los pagadores del despacho” de Montoro, concluye el juez.Las modificaciones legislativas conseguidas permitieron a las empresas gasistas obtener importantes beneficios fiscales, tanto en el Impuesto sobre la Electricidad como en el Impuesto sobre Actividades Económicas. El juez destaca que estos cambios normativos se aprobaron sin que existiera justificación técnica para el cambio de criterio y pese a que anteriormente se había denegado expresamente estas mismas pretensiones a las empresas gasistas.Varios socios parlamentarios del Gobierno ya habían pedido en las últimas horas su destitución por considerar que no debía haber rastro de dudas sobre este perfil aún dentro del actual Ministerio de Hacienda.
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