Los Mossos d’Esquadra entregaron al juez de Tarragona que investiga al exministro de Hacienda del Gobierno de Mariano Rajoy, Cristóbal Montoro, correos electrónicos que evidenciarían que se valió de su posición en el Ejecutivo para que el despacho que él fundó, Equipo Económico, y en el que habría colocado a altos cargos de la Agencia Tributaria, cobrase a empresas gasistas para conseguir cambios legislativos que les beneficiaran fiscalmente gracias, precisamente, a la presión que podía ejercer el político. Unos hechos que se remontarían a 2013, cuando estaba al frente del ministerio, aunque se prolongaron durante años.Desde que ABC destapó que Montoro tenía un gabinete por medio del que podría haberse enriquecido gracias a su influencia pública -motivo que llevó, según ha confirmado el sumario de la causa, a que reclamase información fiscal del periodista de este diario, Javier Chicote-, el político negó los hechos y argumentó que él no formaba parte del despacho (no tenía ningún cargo) mientras era ministro a pesar de haberlo fundado.Los correos intervenidos por los Mossos d’Esquadra en el registro de la compañía Messer Ibérica de Gases en noviembre de 2017 corroborarían que las empresas del sector gasista, representadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (Afgim) sí pensaban que Montoro estaba detrás de Equipo Económico y por eso tenían que «organizarse como grupo de presión» y pedir a este gabinete informes para conseguir una reforma legal que les asegurase beneficios fiscales.Noticia Relacionada estandar Si Montoro rastreó la situación fiscal de Rato, Aguirre, Rafa Nadal, Josep Piqué y Pujol Ferrusola Carmen Lucas-TorresPara los Mossos -según el sumario de la causa abierta en 2017 en el Juzgado de Instrucción 2 de Tarragona contra Montoro por los delitos de cohecho, prevaricación, fraude contra la Administración Pública, corrupción y falsedad documental de la que se ha levantado el secreto sumarial, siete años después, y a la que ha tenido acceso ABC- «son reveladoras» las palabras que Rubén Folgado, director técnico de la planta química Messer, dirigió al director general de dicha compañía, Karla Hauck, el 5 de diciembre de 2013: «La vía más directa, como siempre, es pagar a este Equipo Económico, que tiene contacto directo con el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro».Ese mismo día, previamente, el empresario Hauck también había escrito a Folgado en referencia a la oferta que les había hecho Equipo Económico: «Rubén, no tengo nada en contra, pero deberíamos aclarar unos temas antes de dar el ok. Supongo que no es tema con CM [los investigadores consideran que las siglas hacen referencia a Cristóbal Montoro]. Es el tema del impuesto y está consensuado con Afgim para todos los gasistas españoles. Si es el tema de la Afgim, la respuesta es positiva. Caso contrario hay que consensuar ante todo con debus y cm». La investigación apunta a que el equipo vinculado al exministro pudo seguir el mismo procedimiento de cobros a cambio de labores de presión o ‘lobby’ -con la ventaja de tener a Montoro en el propio Gobierno y ejerciendo el máximo poder en Hacienda- no sólo con las empresas del sector gasista sino también con compañías de apuestas, en favor de empresas de apuestas, energéticas o papeleras.11 millonesEn total, según la Fiscalía Anticorrupción, Equipo Económico podría haber cobrado hasta 11 millones de euros por trabajos para los que, en algunos casos, también tuvo a la consultora Ernst & Young como intermediaria para que elaborase informes, el «trabajo de campo», para que no saltaran las alertas contra el despacho fundado por el exministro. El caso de las gasistas es del que se ha recabado el mayor número de indicios. Con sus presuntas entregas, las compañías agrupadas buscaban que Hacienda las bonificase el 85% en las actividades industriales «cuya electricidad consumida represente más del 50% del coste de un producto». La causa que ha seguido el juez de Tarragona, apoyado en la fiscal anticorrupción Carmen García Cerdá se inició en marzo de 2017 a raíz de la denuncia anónima de un ciudadano que advertía de que ponía en peligro su situación profesional si salía a la luz su identidad. En ésta se alertó de que «Equipo Económico SL, creada en 2006 por D. Cristóbal Montoro, actual ministro de Hacienda, opera como ‘lobby’ al que importantes empresas se ven obligadas a contratar para influir en decisiones gubernamentales que repercutirán en su cuenta de resultados. A algunas empresas se les ‘sugiere’ la contratación desde el mismo Gobierno. Otras lo hacen voluntariamente», y apuntó directamente a Ferrovial.
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