Si Feijóo gana las próximas elecciones en condiciones de formar Gobierno tendrá que enfrentarse a desafíos más complejos que el de desmantelar el legado del sanchismo. Esto puede ser relativamente fácil con un poco de brío legislativo y una dosis suficiente de empuje político. Mucho más engorroso va a resultar el abordaje de ciertos debates de orden europeo que está eludiendo el actual Ejecutivo, dedicado tan sólo a tratar de sobrevivir en medio de sobresaltos judiciales continuos. El primero de esos problemas es el de la inmigración, ámbito en el que tendrá que aplicar las medidas que ha prometido. El segundo, el ajuste que los principales socios de la UE han comenzado a implementar y exigirán a España más pronto que tarde, y el tercero consiste en atender al compromiso de rearme con una inversión presupuestaria efectiva y constante. Todo esto sólo en la hipótesis de un horizonte económico estable, sin la crisis que barruntan algunos observatorios internacionales. Esa va a ser la verdadera herencia de Sánchez, en el supuesto de que no le toque a él mismo gestionarla. Un montón de conflictos postergados en el intento de salvar una legislatura prematuramente liquidada. Una tarea pendiente que si se afronta con la responsabilidad necesaria provocará al sucesor un veloz desgaste por la exigencia de tomar las decisiones antipáticas que la estrategia gubernamental está dejando aplazadas. Al presidente le basta con aferrarse al poder y evitar en lo posible una comparecencia ante el Supremo, pero el que lo remplace se encontrará con una larga lista de deberes no resueltos… y una oposición al acecho de cualquier tropiezo. Al Partido Popular le espera bajo las alfombras una bomba de tiempo. Tanto un mandato en minoría como una coalición con Vox auguran un panorama de aprietos y enfrentamientos que la izquierda y los nacionalistas estimularán y explotarán con su experto manejo del malestar callejero. En realidad, la etapa postsanchista ya ha comenzado. Lo intuyen los socialistas y lo saben los aliados que pretenden exprimir a fondo las contrapartidas por su ventajista apoyo parlamentario, en la plena conciencia de que el final puede ser rápido. Y ese proceso de cesiones agravará la descomposición de un Estado cuyo vigor estructural se vuelve cada vez más escaso. El marco de transitoriedad es tal que nadie se está ocupando de pensar no ya a medio sino siquiera a corto plazo; el desempeño gubernativo se reduce a construir narrativas con las que responder mal que bien a estímulos inmediatos, casi todos provenientes de los juzgados. No hay proyecto, ni idea, ni acto que no se oriente a aguantar un día, una semana, un mes más al mando, y ver si entretanto pasa algo que frene el avance adversario. Si no fuera por el riesgo severo de arrastrar al país al colapso, Sánchez merecería tener que hacerse él mismo cargo del caos que ha sembrado.
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