Años después de exigencias, negociaciones, acuerdos y pleitos ante la Justicia, el ministerio de Defensa ha vendido los terrenos del cuartel de Loyola (Guipúzcoa) al Ayuntamiento de San Sebastián en cumplimiento de lo pactado entre Pedro Sánchez y el PNV para lograr el apoyo de los nacionalistas a los presupuestos de 2021. Ha sido este miércoles cuando representantes del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied) han estampado su firma en el contrato de compraventa , por un valor que ronda los 74 millones de euros, pasando las 17,5 hectáreas a manos del consistorio, donde planea construir un nuevo barrio con 1.700 viviendas de protección oficial (VPO). Inaugurado en febrero de 1926 por Alfonso XIII, este edificio del Ejército de Tierra ubicado en la rivera del río Urumea acoge a la Unidad de Servicios de Acuartelamiento ‘Loyola’ (USAC) y al regimiento de infantería «Tercio Viejo de Sicilia». Tanto los primeros (dedicados a la gestión del acuartelamiento) como los segundos (que se preparan allí para llevar a cabo operaciones expedicionarias de ocupación del terreno, ayuda humanitaria, disuasión…) están pendientes de una recolocación que tendrá que darse antes de cuatro años y, según confirma ABC en fuentes militares, será en Vitoria. El ministerio de Defensa y el Invied todavía trabajan en la «reordenación de las unidades y los servicios militares» que operan en el recinto, con una planificación que se vendría produciendo de años atrás para garantizar la coordinación del traslado y la «continuidad operativa» de los efectivos. De hecho, una visita en verano del año pasado del Observatorio de la Vida Militar (OVM) ya apuntaba a la capital alavesa como nuevo destino de las tropas, que hoy todavía pasan la noche y entrenan en el Cuartel de Loyola. Noticia Relacionada estandar No El Gobierno cede el cuartel de Loyola a San Sebastián en plena negociación de investidura Pilar De la Cuesta Fue un compromiso con el PNV a cambio de su apoyo a los Presupuestos de 2021Miembros del OVM, un organismo adscrito a las Cortes Generales para el análisis de «la condición de militar y de la forma con que el Estado vela por los intereses de los miembros de las Fuerzas Armadas», recorrieron el 13 de junio de 2024 la base de Araca, en Vitoria . Uno de los motivos era la «posibilidad» de que estas instalaciones tuviesen que acoger al Regimiento del «Tercio Viejo de Sicilia» nº 67, una fuerza ligera que precisa de continuo adiestramiento y que cuenta con el Batallón de Infantería «Legazpi» como principal elemento de maniobra. «Se están realizando previsiones para su traslado y planificando su posible ubicación , existiendo excelentes posibilidades dado que la Base Militar Araca ya albergó en su día a la Brigada «San Marcial» V, y cuenta también con un campo de tiro y maniobras», explicaban entonces desde el OVM. Y precisaban: «La mayoría de las instalaciones se encuentran en estado aceptable, pero existen carencias debidas a la falta de inversión económica durante muchos años».Ahora, una vez se ha hecho efectiva la venta del espacio, este regimiento de infantería (creado por Carlos I en 1535 y que ha estado presente en campañas de la historia reciente en Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Líbano, Letonia o Irak) tendrá una nueva ubicación. «En San Sebastián se queda un batallón en terrenos cedidos por el Ayuntamiento y el grueso del acuartelamiento se va a Vitoria», confirman a este periódico las fuentes consultadas. Una decisión que ya conocen de «hace años» miembros del «Tercio Viejo de Sicilia».El caso en los tribunalesLa operación no ha estado exenta de polémica. Después de hacerse público el acuerdo entre el PNV y el Gobierno de Pedro Sánchez en noviembre de 2020, la interposición de un recurso de Vox ante los tribunales, alegando que los edificios del cuartel debían estar recogidos en los planes de protección del patrimonio, paralizó las negociaciones entre el ministerio de Defensa, que ha venido defendiendo que el Ejército seguirá en Guipúzcoa, y el Ayuntamiento de San Sebastián. En una sentencia emitida en julio de 2022, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSPV) ordenaba la protección de los dos edificios principales de Loyola , incluyéndolos en el plan especial de protección del patrimonio construido en San Sebastián (PEPPUC). Una salvaguarda que el Tribunal Supremo ha anulado con un auto emitido el pasado 7 de julio, donde explica que dicha sentencia del TSJPV se produjo sin la comparecencia la Abogacía del Estado. Así, tal y como figura en la resolución del Alto Tribunal a la que ha tenido acceso este periódico, estima los recursos del Ayuntamiento de San Sebastián y de la Abogacía del Estado contra la sentencia que partía del recurso de Vox, retrotrayendo el procedimiento de primera instancia «hasta el trámite en que debió emplazarse en calidad de demandado al Abogado del Estado». Es decir, que el recorrido judicial vuelve para continuar. Una cuestión que, según informa ‘El diario vasco’ no afecta al desalojo de Loyola, puesto que el Ayuntamiento de la ciudad ya decidió mantener las fachadas de ambos edificios como parte del patrimonio histórico y arquitectónico de la ciudad y destinarlos a equipamiento público.Fue a finales de la semana pasada cuando el Gobierno local, al mando del PNV y con Eneko Goia como alcalde, anunció que la venta se pondría negro sobre blanco con la firma de las escrituras este miércoles. «A partir de la fecha de la escritura los militares tendrán cuatro años para desalojar el ámbito, un plazo que el Ayuntamiento empleará para ir avanzando en el diseño y la planificación de lo que va a ser el nuevo entorno», afirmó entonces la concejala de Planificación Urbanística y Vivienda, Nekane Arzallus.«Esto es un logro de ciudad. Ha sido una aspiración que han tenido muchas corporaciones desde hace muchos años» , ha dicho hoy Goia en una rueda de prensa en San Sebastián, donde ha estado acompañado por la directora gerente del Invied, María Ángeles Cano, a quien ha agradecido el «haber llegado hasta aquí». También a la ministra, Margarita Robles, y Amparo Valcercel, secretaria de Estado de Defensa.«Se culmina un proceso largo y complejo, que afianza la colaboración de las instituciones siempre en el beneficio de la ciudadanía», ha aseverado Cano, que ha comparecido en defecto de representantes del ministerio , sin responder a preguntas de la prensa sobre cuál será el destino concreto de los militares. «Corresponde a la titular del departamento», ha dicho después de celebrar un «hito histórico», que justifica en las necesidades «urbanísticas y económicas» de la ciudad.
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