La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo emitió ayer un auto en el que avalaba la decisión del juez instructor Leopoldo Puente de mantener en prisión preventiva al ex número tres del PSOE Santos Cerdán, dados los «nutridos y poderosos» indicios que pesan sobre él. En treinta páginas de resolución, los tres magistrados (Pablo Llarena, Antonio del Moral y Juan Ramón Berdugo) explican que esas pesquisas llevadas a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por mandato del instructor y con el impulso del fiscal jefe Anticorrupción han permitido desvelar no solo la naturaleza de la actividad que se desplegó –mordidas a cambio de adjudicaciones públicas– sino cómo se desarrolló y cómo «los investigados se repartían, de manera furtiva, unas cantidades portentosas e injustificadas de dinero». Para los magistrados, este comportamiento «solo se muestra coherente con la actividad delictiva que se investiga».El Alto Tribunal avala así lo que tanto el juez como el fiscal mantienen desde que Cerdán entrara en Soto del Real, que hay un riesgo de que, si es puesto en libertad, pueda destruir pruebas importantes que permitan dar con los empresarios que se habrían beneficiado de esas adjudicaciones de obra pública a cambio de comisiones ilegales. Los tres magistrados que escucharon este martes a la defensa en la vista que se celebró, coinciden en que con los indicios sobre la mesa, Cerdán habría jugado un «papel directivo» en la trama que se investiga.Noticia Relacionada estandar Si El Supremo confirma la prisión para Cerdán por riesgo de destrucción de pruebas dado su «papel directivo» Javier LilloEn la resolución, de la que fue ponente Llarena –el juez instructor del ‘procés’–, se resalta además que si el ex secretario de Organización socialista quedara en libertad, podría «perjudicar irremediable y gravemente la investigación». Contraviene así la tesis de la defensa que este martes sostenía que no existían motivos para mantenerle en Soto del Real.El tribunal puntualiza ahora que entre esos indicios destaca el «conjunto de conversaciones telefónicas protagonizadas por los propios investigados y que resultan claramente indicativas y confirmatorias de la realidad que se investiga», todas ellas encontradas en dispositivos electrónicos que se incautaron con ocasión de la entrada y registro en el domicilio del exasesor ministerial Koldo García. La Sala avala la tesis del instructor Leopoldo Puente, que «considera estas conversaciones extraordinariamente elocuentes de la realidad de los hechos, de la participación en ellos de los investigados y de que el recurrente ostentaba en la trama unas funciones preeminentes y de dirección».«Valoración pervertida»La Sala añade que también han pesado en su decisión de mantener la medida cautelar el conjunto de mensajes de texto que Santos Cerdán envió a Koldo García, cuando José Luis Ábalos acababa de ser nombrado ministro de Transportes –en los que se hablaba de la posibilidad de nombrar a determinadas personas para puestos de relevancia–, y el análisis de numerosas adjudicaciones de obra pública que fueron otorgadas por ese departamento a través de la Dirección General de Carreteras o de la Administradora de Infraestructuras Ferroviarias (Adif). Recuerdan que beneficiaron a la empresa Acciona Construcción, aun actuando en unión temporal de empresas (UTE) con otras de menor envergadura, y cuando la adjudicataria no había presentado la mejor oferta económica, «sino que su oferta se había visto favorecida en la licitación por criterios de valoración subjetiva que estarían pervertidos». El tribunal se apoya en la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), del Tribunal Constitucional (TC) y del propio Supremo sobre la prisión provisional para apuntar que en el auto del instructor aparecen «perfectamente» reflejados indicadores que avalan la existencia de un riesgo concreto de obstrucción a la investigación desde fundamentos «lógicos y razonables».
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