El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha desatascado este miércoles las presidencias de la Sala Segunda y Tercera del Tribunal Supremo con la elección de los que hasta ahora eran sus presidentes en funciones: Andrés Martínez Arrieta en la Sala Penal y Pablo Lucas en la Contencioso-Administrativa. Tras la retirada de las candidatas del ministro Bolaños, Ana Ferrer y Pilar Teso respectivamente, estos magistrados han obtenido 15 y 16 votos respectivamente, según fuentes del órgano de gobierno de los jueces, lo que indica que sus nombramientos no han sido por unanimidad. Se trata de dos plazas clave en el Alto Tribunal por cuanto la primera es la que investiga y juzga a los aforados y la que tiene en sus manos el caso Koldo y a Santos Cerdán; mientras que la Tercera es la que revisa los actos y nombramientos del Consejo de Ministros. Ambas presidencias estaban encalladas después de ser sometidas en varias ocasiones a votación sin que ninguno de los candidatos lograra los 13 votos necesarios.El pasado mayo, la presidenta del TS y del CGPJ, Isabel Perelló decidió devolver el asunto a la Comisión de Calificación, para dar tiempo a la negociación, según precisaron fuentes del órgano de gobierno de los jueces.Hace unos días Ferrer y Teso retiraron sus candidaturas para evitar que la falta de acuerdo llevara a un nuevo fracaso, lo que habría supuesto abrir la terna a otros aspirantes y dilatar la situación de interinidad en la presidencia de estas dos salas.Pese al perfil progresista de los elegidos, no eran los actuales presidentes en funciones los preferidos por parte de este bloque, que querían a las dos mujeres al frente de ambas salas. De su postura dejan constancia en un escrito, al que ha tenido acceso ABC, nueve de los diez vocales nombrados a propuesta del PSOE. En él señalan que durante los siete meses que estas presidencias llevan bloqueadas han defendido que, «como mínimo, una de las presidencias debía ser ocupada por una de las magistradas que concurrieron en el proceso selectivo», en aplicación del artículo 599.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que establece que debe garantizarse el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, de modo que ningún sexo supere el 60 % ni sea inferior al 40 %. «La aplicación de la ley de paridad era prioritaria para nuestro grupo», señalan. Destacan en el texto la «excelencia profesional» e «idoneidad» de Ferrer y Teso, sus extraordinarios currículos y su «sólida experiencia» en el Tribunal Supremo. Además, estaban en disposición de cumplir el mandato de cinco años que la ley otorga a las presidencias, «un elemento clave para garantizar la ejecución de sus proyectos a medio y largo plazo». «La representación equilibrada pretende romper inercias masculinas profundamente consolidadas, que perpetúan una situación en la que, pese a la feminización de la profesión, los cargos de poder siguen siendo ocupados mayoritariamente por hombres. El argumento de que la paridad rompe con los principios de mérito y capacidad es falso», apuntan todos los vocales de este grupo salvo el propuesto por Sumar, Carlos Hugo Preciado.Los vocales lamentan que a partir de hoy, cuatro de las cinco presidencias de Sala del Tribunal Supremo estarán ocupadas por magistrados. Solo en dos ocasiones en la historia del Tribunal Supremo una Sala ha sido presidida por una mujer: la Sala de lo Social, por la magistrada María Luisa Segoviano (ahora en el Constitucional) y actualmente por Concepción Ureste, elegida hace unos meses por este CGPJ.»Esta situación es anómala en un entorno como el del Tribunal Supremo, donde la antigüedad de las magistradas es equiparable a la de los magistrados, teniendo en cuenta, además, que la primera mujer ingresó en la carrera judicial en 1977 y en el TS en 2002. Todos estos argumentos no han servido para que, al menos una de las dos magistradas candidatas haya podido acceder a la presidencia de una de las dos salas, que continuarán siendo ocupadas por hombres».Aseguran que al igual que las candidatas que han renunciado, es la «lealtad institucional» la que les lleva a «facilitar» que los magistrados Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas sean nombrados presidentes de las salas del TS. «En ningún momento hemos puesto en duda su valía y su idoneidad. Sin embargo, hemos perdido una oportunidad de marcar un antes y un después en la historia del Tribunal Supremo».
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