El Congreso de los Diputados tumbaba ayer el conocido como ‘decreto antiapagones’ , preparado por el Gobierno tras el apagón del pasado 28 de abril. Su no convalidación, por la oposición de algunos de los socios del Ejecutivo como Podemos, BNG y Junts, pero también de PP, UPN y Vox, supone un duro golpe para el sector energético , que como expresó ayer ABC , «paradójicamente, se habían manifestado a favor de forma unánime». Así, las grandes energéticas junto con organizaciones medioambientales como Greenpeace han lamentado la caída de la norma que, a su juicio, contenía medidas «clave».Por ello, la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) advierte sobre el futuro aumento de los «desequilibrios en el sistema eléctrico» y el «riesgo de colapso» por mantener «hitos administrativos inadecuados», no acordes con la realidad del desarrollo de la demanda , reitera. Como consecuencia de la no convalidación las inversiones en almacenamiento, autoconsumo y redes eléctricas quedan en el «limbo». En este sentido, APPA tacha de «cuello de botella» al progreso tecnológico y administrativo obsoleto, consecuencia en parte de los «grupos de presión contrarios a las renovables», denuncia.Desde la industria solar termoeléctrica lamentan, también, el rechazo de una norma, a su juicio, necesaria para reforzar la resiliencia del sistema eléctrico. Protermosolar advierte que su rechazo «retrasa avances clave» , poniendo en riesgo la obtención de rentabilidad «razonable garantizada por ley», dicen. Óscar Balseiro, secretario general de Protermosolar, denuncia la cantidad de medidas pendientes, a las que se suman las recientemente descartadas, que de «no implementarse en el corto plazo pondrán en riesgo la continuidad de nuestra tecnología».Noticia Relacionada estandar Si Iberdrola lanza una megaampliación de capital de 5.000 millones para crecer en Reino Unido y EE.UU. Raúl Masa La eléctrica española busca ensanchar su negocio de redes en busca de grandes oportunidades; este anuncio ha provocado la suspensión de su cotizaciónDe manera semejante reacciona el sector eólico. «No existía ninguna razón técnica para oponerse a su aprobación» señala la Asociación Empresarial Eólica (AEE) . Y continúa «muy al contrario», refiriéndose al trabajo activo que el conjunto del sector ha realizado para hacer llegar el carácter estratégico de una regulación «vital», «apolítica» y «necesaria» para el país. Así, postulan que «la robustez del sistema energético español no debería quedar al albur de una aritmética parlamentaria» pues los intereses en juego son la garantía del suministro, la estabilidad del sistema eléctrico y la competitividad del país. Entre las consecuencias de este rechazo la AEE alerta sobre el condicionamiento que supone para el desarrollo de las energías renovables , así como el impacto a la electrificación de la economía y al objetivo común de lograr un sistema energético moderno, eficiente y seguro, reclaman.«No nos podemos permitir como país que esta actualización normativa no salga adelante. Es fundamental para la industrialización, la independencia energética y la competitividad de nuestra industria», clama el director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) , José Donoso. Así, advierte que no solo está en juego la seguridad de suministro y estabilidad de la red eléctrica, sino la «ventaja competitiva» que, dice, por primera vez en la historia presenta la fotovoltaica. Y apunta que el bloqueo podría afectar a más de 30.000 millones de euros en inversiones debido a la falta de seguridad jurídica y desarrollo normativo que el inversor necesita a modo de «señal de compromiso institucional».Por su lado, la Fundación Ecología y Desarrollo (Ecodes) expone la «oportunidad perdida» que ha supuesto el cambio de criterio en cuanto a la protección de la ciudadanía ante las olas de calor extremo , los incendios forestales y los cortes en el suministro eléctrico. Desde un lado más social, Ecodes apunta a la relevancia que el decreto antiapagones prestaba para «afrontar con éxito» los impactos del cambio climático por medio de bonificaciones fiscales municipales (IBI e ICIO) a tecnologías como la aerotermia y la geotermia, así como mediante la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal, que elimina barreras legales a la instalación de tecnologías renovables en edificios plurifamiliares, acusan. Asimismo, recuerda que el decreto apostaba por el almacenamiento , aspecto clave, opinan, para la estabilización de un sistema 100% renovable.Otras fuentes del ámbito energético, que incluye a grandes compañías del sector, señalan a ABC que dentro del decreto había medidas muy interesantes y que eran necesarias para el sistemas energético español. Y ahora se plantean cuál será el siguiente movimiento. El problema ha sido que este decreto aunaba el consenso positivo por una amplia mayoría de empresas , algo poco común.Por otro lado, destaca la reacción de la organización medioambiental, Greenpeace , que continua la línea dialéctica de las energéticas mientras reclama la presentación de una nueva propuesta que además permita limitar el «excesivo poder» que, considera, mantienen estas empresas y, con ello, «poner fin a su oligopolio energético». La entidad ecologista expone la falta de consenso político para atender la crisis climática y espera que se pongan en marcha las medidas propuestas por la ministra Sara Aagesen tras el apagón.Así las cosas, todas las empresas del sector coinciden. Hacen un llamamiento a la «responsabilidad institucional» , solicitan que se retome con «carácter urgente el debate» y, en línea con Balseiro, reiteran su «disposición a colaborar con las instituciones» para definir un marco normativo que «reconozca todo el valor presente y futuro».
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