El magistrado del Tribunal Supremo que ha procesado al fiscal general del Estado por revelación de secretos, Ángel Hurtado, ha dado tres días a las partes personadas para que fijen posición sobre la petición de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) de que se suspenda Álvaro García Ortiz cautelarmente como fiscal general después de auto de apertura de juicio oral.El magistrado del Tribunal Supremo que ha procesado al fiscal general del Estado por revelación de secretos, Ángel Hurtado, ha dado tres días a las partes personadas para que fijen posición sobre la petición de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) de que se suspenda Álvaro García Ortiz cautelarmente como fiscal general después de que dicte el auto de apertura de juicio oral.Si bien se prevé que ese auto, paso previo necesario a la celebración del juicio, no llegue hasta septiembre -según pudo saber por fuentes del Alto Tribunal ABC-, el magistrado indica en su auto que una vez avalada la instrucción por la Sala de Apelación procede levantar la suspensión de la tramitación de la causa que acordó el 14 de junio a la espera de la resolución de los recursos de apelación pendientes.Cabe recodar que la acusación popular que ejercen los fiscales de APIF solicitó ayer miércoles la suspensión de Garcia Ortiz tras la apertura de juicio oral. Lo hacía ante la firmeza del auto de procesamiento en el que la Sala Segunda confirmaba la instrucción del juez y los indicios de revelación de secretos.Noticia Relacionada estandar Si Un juzgado de Madrid cita a la fontanera Leire Díez como investigada Javier Lillo Llama a declarar también al empresario Pérez Dolset y al abogado de Cerdán, Jacobo TeijeloA su juicio, además de ser imperativa en términos legales, la suspensión de García Ortiz es «imprescindible» para garantizar el correcto desarrollo del proceso . «Si continuara siendo fiscal general del Estado en el acto del juicio oral, él sería el superior jerárquico del fiscal designado para intervenir y, en calidad de tal, podría impartirle órdenes», recoge el escrito.Esto provocaría, dicen, una «distorsión inaceptable: el fiscal designado, en vez de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad (art. 124.1 CE), actuaría al servicio del propio acusado». Precisamente, para evitar esta «insólita situación, que dinamitaría los principios constitucionales que rigen el funcionamiento del Ministerio Fiscal» , ven particularmente necesaria esta suspensión provisional.Se recordaba, además, que procede la suspensión de «cualquier miembro del Ministerio Fiscal» cuando se dicte auto de apertura de juicio oral. «En el presente caso, no ofrece ninguna duda que el fiscal general del Estado se integra dentro del concepto cualquier miembro del Ministerio Fiscal», apuntaban haciendo referencia al estatuto orgánico del Ministerio Fiscal.Al hilo, la APIF explicaba que, aunque esta suspensión corresponde al propio fiscal general respecto a sus subordinados, entiende que en este caso es al Supremo a quien corresponde hacerlo, pues la adopción de esta medida «no puede delegarse» en los miembros del Ministerio Fiscal a los que alude el Reglamento de la carrera.«Evidentemente, Álvaro García Ortiz, en tanto fiscal general del Estado, no puede decidir si corresponde o no su propia suspensión cautelar. Debería abstenerse por tener un interés directo en el asunto», apostilla.
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