El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha notificado este jueves el cese cautelar de la actividad del centro de refugiados Creade, ubicado en la ciudad, tras constatar que el inmueble no dispone de la licencia preceptiva necesaria para ejercer dicha función. Lleva funcionando con esa finalidad desde 2022. Es donde está previsto asistir a los 400 menores extranjeros no acompañados que lllegarán desde Canarias y Ceuta. Actualmente, hay otras 400 personas allí hospedadas por el Ministerio de Migraciones.La notificación ha sido enviada a la Tesorería General de la Seguridad Social, propietaria del edificio, así como a la entidad social encargada de su gestión. La decisión se basa en una inspección municipal en la que se comprobó que el centro únicamente cuenta con una autorización concedida en 2013 para usos de hotel, docencia, auditorio y garaje-aparcamiento. Sin embargo, no está habilitado para el uso residencial que actualmente se está llevando a cabo. Tiene una capacidad máxima de 564 personas y, en este momento, hay 404 ocupadas. En él viven personas extranjeras procedentes de Canarias y Ceuta, tanto mayores de edad como menores con sus familias.El uso residencial no solo carece de cobertura legal en la licencia vigente, sino que además está expresamente excluido por la normativa urbanística que rige la parcela, cuyo uso principal es de carácter terciario y comercial. Por tanto, el Ayuntamiento considera que se está realizando una actividad incompatible con el planeamiento urbanístico del municipio.Noticia Relacionada estandar Si La alcaldesa de Pozuelo tilda de «temerario» enviar 400 menores inmigrantes al centro estatal en su municipio Sara Medialdea El Gobierno regional asegura que nadie les ha advertido cuando «luego somos nosotros los que los atendemos»Esta actuación del consistorio se produce tras conocer la intención del Gobierno central de trasladar de forma permanente a 400 menores solicitantes de asilo al centro, lo cual refuerza la preocupación por el uso indebido del espacio. El Ayuntamiento ha reiterado en varias ocasiones que el centro, concebido inicialmente para estancias temporales, no puede funcionar como una residencia permanente sin las garantías legales correspondientes.El cese de la actividad tiene efecto inmediato, aunque la Tesorería y la entidad gestora disponen de un plazo de 15 días para presentar alegaciones. Mientras tanto, el Gobierno deberá reubicar a los residentes en recursos que cumplan con la normativa vigente.El Ayuntamiento de Pozuelo ha manifestado que su principal prioridad es asegurar el cumplimiento de la legalidad y garantizar la seguridad y protección de todas las personas afectadas, especialmente los menores. «Es racismo preventivo»El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha calificado esta mañana de «racismo preventivo» la decisión de Pozuelo y asegura que Inmigraciones aún no ha recibido notificación alguna sobre la clausura. Asimismo, dice que se han producido dos inspecciones de los técnicos municipales en las últimas semanas.El Gobierno central insiste en que «no se había adoptado ni comunicado ninguna decisión en relación a dónde se ubicarán los menores que haya que traer a la Península. No hay ninguna decisión respecto a la ubicación de menores».«Este centro lleva abierto desde 2022 y ha estado atendiendo a personas que provenían de otro tipo de conflictos y ha venido funcionando con total normalidad. Somos conscientes de que, en el mes de julio, el ayuntamiento de Pozuelo anunció que haría todo lo posible para que allí no se instalaran menores procedentes de Canarias», ha dicho Martín en RNE esta misma mañana.La alcaldesa de Pozuelo, Paloma Tejero (PP), ha manifestado que la actitud del Estado «es política irresponsable, el buenísimo»: «Dios quiera que no pase nada, porque a partir de hoy ese centro debería estar cerrado. Pozuelo es una ciudad solidaria pero no vamos a permitir que se vulneren las leyes, como a cualquier otro vecino, el gobierno no puede ser menos».El Gobierno acusa al PP de Madrid de «racismo preventivo»El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha advertido este jueves a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos de recepción, como es el caso de Pozuelo de Alarcón, que existen «mecanismos legales» para que las autonomías cumplan con lo establecido en la Ley de Extranjería, tras la modificación del artículo 35, y con el Real Decreto de Capacidad, que se prevé aprobar el 26 de agosto, cuando una autonomía comunique una situación de contingencia migratoria.Uno de los ministros responsables de la distribución de los ministros por la Península, junto con la de Juventud e Infancia y Migraciones, ha discutido que la licencia pueda permitir en cuanto a su tipología acoger a menores que proceden de Ucrania pero no los que llegan a Canarias de África. Ángel Víctor Torres ha recordado que «a día de hoy hay menores en ese centro», antes de mostrar su acuerdo con las palabras del delegado del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, quien ha calificado la medida de « racismo preventivo «. »Es una incoherencia«, ha dicho Torres al señalar »que no hay razón alguna para esa discriminación entre unos y otros«, que se encuentran »en circunstancias semejantes de vulnerabilidad«.Torres, tras reunirse con los subdelegados del Gobierno en Canarias, para explicarles como se va a proceder al traslado, ha lamentado la actitud del ayuntamiento de Pozuelo, advirtiendo de que nada frenará los planes del Ejecutivo de iniciar el traslado de los solicitantes de asilo en dos semanas y el del resto de niños a partir del 28 de agosto. El ministro también atacó con dureza a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, afirmando que «Ayuso no quiere a los menores migrantes que están en Canarias porque son negros».Carabanchel, «distinto»La situación del centro de Pozuelo es «distinta» a la de Carabanchel, ha puntualizado este jueves Inma Sanz, alcaldesa en funciones de la capital, tras ser preguntada en la rueda de prensa posterior a la úlitma Junta de Gobierno del curso sobre la decisión del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. «Yo, en este momento, no tengo información de que sea así en la ciudad de Madrid, pero, lógicamente, los servicios de Urbanismo harán las comprobaciones pertinentes», ha apostillado.Por otro lado, ha aplaudido la decisión de la Comunidad de Madrid de recurrir al Supremo el «injusto» de menores extranjeros no acompañados: «Están utilizando nuevamente a los menores para sus enjuagues políticos con los independentistas y haciendo un reparto absolutamente desequilibrado respecto a las comunidades autónomas», ha sentenciado.
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