Un total de 13 comunidades autónomas, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, han pedido por carta a la Comisión Europea una reunión para denunciar que no han votado todavía en conferencia sectorial el informe sexenal del lobo que el Gobierno central tiene que remitir a Bruselas.En una misiva fechada el 1 de agosto y con la comisaria de medio ambiente de la Unión Europea (UE), Jessika Roswell, como destinataria, las comunidades han querido transmitir una «insólita situación» que han calificado de «extrema gravedad».La carta la firman, además de autonomías gobernadas por el PP, otras donde gobierna el PSOE: Galicia, Andalucía, Asturias, Cantabria, La Rioja, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Navarra, Extremadura, las Islas Baleares, la Comunidad de Madrid y Castilla y León junto a Ceuta y Melilla.Noticia Relacionada estandar No Castilla y León planta cara al Defensor del Pueblo en su recurso sobre el lobo J. M. A. Se persona «en defensa de la ley» aprobada en el Congreso que conlleva la salida del animal del Listado de Especies ProtegidasEn la misiva a la que ha tenido acceso Europa Press, las comunidades han pedido reunirse con la comisaria, ya que a su juicio esta «situación sin precedentes» genera una «quiebra» en el Estado de Derecho, una «vulneración flagrante» del principio de cogobernanza y una «profunda indefensión» para las propias instituciones autonómicas.De acuerdo a la cronología de los hechos presentada por las comunidades, que han recordado que para que España pueda remitir a los organismos comunitarios el informe sexenal se requiere de la aprobación por mayoría de las comunidades, el pasado 10 de julio se celebró una reunión a nivel de direcciones generales entre el Ministerio para la Transición Ecológica y las comunidades para analizar el informe sobre el estado de conservación del lobo y que posteriormente habría de presentar el Gobierno central ante la UE.«Se acabó votando como válido por una amplísima mayoría de las comunidades autónomas», han indicado sobre esa reunión para seguidamente apostillar que el informe declarado como válido había sido realizado por las propias comunidades y que reflejaba de «forma clara» que el estado de conservación del lobo es favorable.El ministerio la desconvocóNo obstante, y siempre según la carta, la problemática ha venido después a la hora de convocar la celebración de la conferencia sectorial entre el Ejecutivo y las comunidades. En un principio, el ministerio convocó para el pasado 22 de julio la celebración de esta conferencia para valorar los informes sexenales del lobo y otras especies; sin embargo, fue desconvocada de «forma unilateral» por el ministerio el 17 de julio.A juicio de las comunidades, la anulación de esta convocatoria está basada en un motivo que no la justifica: «No era otro que el de la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra preceptos de la Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario por parte del Defensor del Pueblo», han asegurado.Por ello, bajo la premisa de tratar «una serie de puntos que eran de extremadamente urgencia», solicitaron el 21 y el 24 de julio que se realizase por parte del ministerio la convocatoria extraordinaria de la conferencia sectorial.Sin embargo, el 29 de julio la vicepresidente tercera y ministra del ramo, Sara Aagesen, les reiteró —en línea con una carta previa del 21 de julio— que no se va a convocar la citada conferencia sectorial, por lo que se desembocaría en una situación en la que «las comunidades autónomas no habrán votado a favor de un informe que el Gobierno central piensa remitir igualmente», «soslayando la ley», denuncian las regiones.Plazo de entregaEl Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) pidió este viernes a UE una ampliación del plazo de entrega de los informes sexenales relativos al Artículo 17 de la Directiva Hábitats, que tratan las especies incluidas en la Directiva Hábitat, entre ellas el lobo, según han confirmado a Europa Press fuentes del MITECO.España debía enviarlos antes del 31 de julio, tal y como aparece reflejado en la web de la Red Europea de Información y Observación del Medio Ambiente (Eionet), una red de colaboración de la Agencia Europea de Medio Ambiente. Sin embargo, estas fuentes han señalado que solicitó hace unos días retrasar la entrega de los mismos. Por el contrario, señalan que sí se están enviando los relativos a las aves, enmarcados en el Artículo 12 de la Directiva de Aves.Fuentes comunitarias han explicado a Europa Press que la Comisión informó a los Estados miembros a principios de junio que aceptaría pequeños retrasos en la presentación de los datos más allá de la fecha límite de ayer debido a dificultades técnicas con el nuevo sistema de informes de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA).Si el texto que remitirá España a la UE indica que la conservación del cánido está en situación desfavorable —tal y como avanzaron fuentes del Ministerio a finales de junio— no se podrán hacer «controles letales» de la especie, según asegura el MITECO, que se remite a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) de 2024, que señala que si una especie está en estado desfavorable en una parte del territorio, lo está en la totalidad del territorio.Punto de conflictoLa protección del lobo lleva siendo un punto de conflicto entre las comunidades autónomas y el Gobierno desde que la especie fue incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) en 2021.Sin embargo, ambos niveles de la Administración han elevado el tono de la discusión desde la aprobación de la Ley de Desperdicio Alimentario a finales de marzo de este año, que incluye tres disposiciones que en la práctica permiten de nuevo la caza de lobos en España, sobre todo después de que la Unión Europea (UE) rebajara la protección del animal en el continente con el cambio en la Directiva Hábitats.Desde entonces, varias comunidades han reactivado los planes de gestión de los lobos, lo que ha dado lugar a sendos enfrentamientos en los tribunales de organizaciones ecologistas contra las decisiones de los gobiernos autonómicos. En este sentido, Ecologistas en Acción, la asociación DEAN y el partido Verdes Equo denunciaron en un comunicado conjunto la semana pasada la «incomprensible disparidad judicial» en torno al lobo, con ejemplos como Cantabria –donde se pueden extraer ejemplares– y Galicia –donde no se pueden eliminar–.De acuerdo con la Ley de Desperdicio Alimentario, la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente aprobará los informes sexenales a propuesta de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Esta se llevó a cabo hace algunas semanas. Según relataron a Europa Press fuentes autonómicas, MITECO les hizo llegar un borrador del informe sexenal que «echaba abajo» las alegaciones que habían presentado las cuatro comunidades ‘loberas’ (Galicia, Castilla y León, Asturias y Cantabria).De forma paralela, estas comunidades ‘loberas’ pidieron que se compartiese entre el resto de autonomías el informe que habían elaborado ellas, cada una con sus propios datos. Finalmente, la directora general de Biodiversidad, Bosques y Desertificación de Transición Ecológica, María Jesús Rodríguez Sancho, accedió a someter a votación este informe alternativo al del ministerio, que recibió el apoyo de todas las comunidades excepto Melilla, que «no estaba conectada» y Castilla-La Mancha, Cataluña y País Vasco, que se abstuvieron.De este modo, el informe que se tendría que elevar a acuerdo a la Conferencia Sectorial es el de las comunidades ‘loberas’ y no el de Transición Ecológica. Esta Conferencia Sectorial se iba a llevar a cabo el 22 de julio, pero fue desconvocada por MITECO debido a la petición de suspensión de convocatoria que hizo llegar al Ministerio la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica.
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