El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, sorprendió al país al convocar, este martes, vía X (antes Twitter), a una consulta popular de siete preguntas, con temas que podrían redefinir el futuro colectivo y que se realizará el 14 de diciembre próximo.Ocurre un día después de que la Corte Constitucional (CC), la noche del lunes, admitiera a trámite una demanda presentada por abogados y defensores de derechos humanos contra la Ley de Solidaridad Nacional , aprobada por la mayoría oficialista de la Asamblea Nacional (Congreso), y ordenara la suspensión provisional de cuatro artículos de dicha normativa, incluyendo el que se refiere a la existencia de conflicto armado interno , lo que provocó que, cerca de la media noche del lunes, el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, y la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, respondieran, en cadena nacional, cuestionando al organismo, y pidiendo una explicación.Al hacer la convocatoria, Noboa escribió que las siete preguntas dan el poder a los ciudadanos de escoger, de una vez por todas, si queremos, como nación, enterrar el pasado y abrazar con esperanza un futuro de paz y desarrollo.Noticia Relacionada estandar Si Ecuador volverá a las urnas para decidir si quiere bases militares extranjeras Thalía Flores El presidente Noboa busca la cooperación internacional para acabar con la inseguridad que provocan las bandas «terroristas»Las preguntas de la consulta promueven reformas parciales y enmiendas a la Constitución y deberán ser remitidas a la Corte Constitucional para el control de constitucionalidad respectivo; justamente, en momentos que las discrepancias entre el alto organismo y el Ejecutivo son cada vez más notorias; por eso, que Noboa haya incluido en la consulta una pregunta sobre si los jueces constitucionales tendrían que ser sujetos de control político causó revuelo.La consulta popular incluye preguntas para eliminar la prohibición de bases e instalaciones militares extranjeras en el país, tema que ya fue aprobado por la Asamblea Nacional, pero que deber ser ratificado en las urnas; plantea también una pregunta sobre la eliminación de la obligación del Estado de asignar recursos a los partidos políticos; la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) -el órgano político más rechazado en Ecuador, desde que fue creado en la Constitución de Montecristi, en 2008, durante el Gobierno de Rafael Correa , que la promovió-; reducir el número de asambleístas (que hoy es de 151); una pregunta para permitir la contratación de trabajo por horas para el sector turístico; otra para peguntar si los jueces de la Corte Constitucional podrían ser sujetos de juicio político, y sobre el regreso de los juegos de azar a los casinos, que fue eliminado en 2011, en una consulta popular, convocada por Rafael Correa (2007-1017). Noboa ya intentó preguntar acerca de reabrir los casinos y casas de apuesta, en la consulta popular de abril de 2022, argumentando que el cierre de esas empresas generó la pérdida de 250.000 plazas de empleo, pero finalmente la pregunta no apareció en el listado, por considerarlo inoportuno, dado el contexto de violencia del país.Criticas y apoyosConforme los ecuatorianos se enteraban de la convocatoria a la consulta popular, las reacciones fueron múltiples en las redes sociales. Constitucionalistas y también analistas económicos coincidieron en criticar varias de las peguntas, y también la ausencia de otras.«No se puede someter a un juez constitucional a juicio político (‘impeachmet’), porque no pueden estar sometidos a presiones». Eso sería un autoritarismo craso», dijo el exmagistrado Hernán Salgado quien, tiempo atrás, presidió la Corte Constitución. André Benavides, profesor de Derecho Constitucional, expresó que no concibe que los jueces constitucionales sean sujetos de control político porque desnaturaliza el sistema de pesos y contrapesos de un Estado Constitucional; mientras que Alberto Acosta Burneo, uno de los más reconocidos economistas, quien varias veces ha defendido la gestión de Noboa, esta vez habló de «una nueva oportunidad perdida», porque ninguna de las siete preguntas transformará el entorno de inversión ni mejorará significativamente el nivel de vida de los ecuatorianos.
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