«La libertad religiosa y de culto está garantizada en la Constitución» española, recuerda el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que dirige la socialista Elma Saiz al día siguiente de conocerse que el Partido Popular y Vox sacaron adelante la pasada semana una moción para vetar las celebraciones religiosas islámicas en dependencias municipales, así como en la vía pública, en el Ayuntamiento de Jumilla, en Murcia. Una resolución que pretende impedir, por ejemplo, vuelvan a festejarse actos tan importantes en calendario religioso musulmán como son el final del Ramadán (Aid el Fitr) o la Fiesta del Sacrificio (Aid el Adha).La propia ministra ha tildado el acuerdo entre los de Alberto Núñez Feijóo y los de Santiago Abascal en el consistorio murciano de «absolutamente racista» en declaraciones a TVE. A juicio de la titular de Migraciones, ambas formaciones han actaudo «de forma sibilina y aparentemente inofensiva» aprobando una moción que, en su opinión, «es la máxima expresión de la derechita cobarde», del «tándem PP-Vox» que «utiliza pequeñas localidades como laboratorios de lo que ellos conciben una España cerrada, pobre y xenófoba». Unos ayuntamientos, ha proseguido la socialista, donde se llega a «pactos de la vergüenza para retrocedes en derechos».Por todo ello, fuentes del departamento que dirige Saiz, que este mismo jueves por la mañana han condenado los hechos, aseguran que, a partir de ahora, vigilará «muy de cerca» a través de su Observatorio Contra el Racismo y la Xenofobia (Oberaxe) los discursos de odio que puedan derivarse o potenciarse a raíz de tales iniciativas, las cuales, denuncia el Ministerio, «atentan contra la libertad y la dignidad de las personas».Noticia Relacionada estandar Si Los musulmanes de Jumilla, incrédulos: «¿Cómo vamos a celebrar el fin del Ramadán?» José Luis Fernández«Trabajamos por una sociedad libre de discriminación, racismo y xenofobia», defienden estas mismas fuentes del ministerio de Inclusión, al tiempo que explican que el Obraxe monitoreará las redes sociales con el sistema FARO, una herramienta, según explican, que detecta posibles discursos de odio en tiempo real. También se ordenará la revisión de los mismos por parte de expertos que analizarán manualmente los contenidos identificados y se elaborarán informes periódicos -diarios, semanales y mensuales- que reflejarán tendencias, picos de actividad y evolución del fenómeno en el tiempo. Todos estos datos y metodología, apunta el equipo de Saiz, serán públicos.Señala además el Ministerio de Inclusión que el Oberaxe cuenta con la calificación de ‘trusted flagger’ (alertador de confianza), es decir, que plataformas como Meta, X, TikTok o Google están en la obligación de darle prioridad a este tipo de denuncias y notificaciones presentadas para su retirada «sin demoras indebidas». Antes que el Ejecutivo, ha sido Podemos, la formación de Ione Belarra, la primera en tomar partido contra estos hechos, anunciando el miércoles a primera hora de la tarde que llevará a la Fiscalía el veto «xenófobo» de PP y Vox en el consistorio murciano de Jumilla. «Los espacios públicos son de todos: de los cristianos, de los musulmanes, de los budistas y de los que no se identifican con ninguna religión», afirmó el secretario de comunicación regional morado, Víctor Egío, en un comunicado.
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