La Fiscalía Provincial de Madrid ha recurrido en apelación directa el auto del pasado 16 de abril por el que el juez Juan Carlos Peinado abrió causa contra Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, a partir de una denuncia sobre tráfico de influencias y corrupción que había presentado unos días antes el colectivo Manos Limpias y de la que hasta ahora, no había dado cuenta al Ministerio Público. Según informan en fuentes fiscales, el recurso, que eleva el asunto a la Audiencia Provincial de Madrid, solicita la revocación del auto por el que se abrieron las diligencias y el archivo directo de la causa, que está bajo secreto de sumario.Fue este miércoles por la tarde cuando el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid se dirigió al Ministerio Público para hacerle llegar la denuncia que dio origen a las diligencias de investigación, por las que ya ha resuelto citar testigos.Noticias Relacionadas estandar No Cuestión de confianza La otra alternativa para Sánchez Marta Martínez estandar Si El PSOE se prepara para cualquier escenario: «Hay mucha incertidumbre. Nadie tiene ni idea» Víctor Ruiz de AlmirónEra la primera vez que se comunicaba con la Fiscalía al respecto, si bien tampoco tenía obligación de hacerlo. Tan pronto ha tenido el Ministerio Público conocimiento de lo actuado, ha solicitado que se reviertan las decisiones del instructor.La denuncia se apoya en una recopilación de noticias acerca de la relación profesional de Begoña Gómez con un empresario que recibió fondos públicos en dos concursos contando con una carta firmada por ella, en calidad de codirectora de un máster de la Universidad Complutense de Madrid, avalando su aptitud para ser el adjudicatario de los proyectos en liza. Dependían del Ministerio de Economía del gobierno que preside su marido. No obstante, también contiene menciones a informaciones que han sido ya desmentidas, extremo que reconocía el propio denunciante -el presidente de Manos Limpias, Miguel Bernad- en un comunicado en el que decía que su obligación ciudadana era presentar denuncia por informaciones que arrojaban sospecha de conducta delictiva y la de la Justicia, investigar si es así. Ahora, serán los magistrados de la Audiencia Provincial los que tendrán la última palabra sobre el devenir de estas diligencias, que para la Fiscalía no debieron incoarse pues no concurrían indicios suficientes de delito en la recopilación de noticias aportada como para justificar la apertura de un proceso penal. El juez había citado ya a testigos, responsables de medios de comunicación que publicaron las informaciones, pero su comparecencia aún no se ha producido.
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