No es sólo Emiliano García-Page , del que Pedro Sánchez dijo el miércoles que «la noticia sería que convocase una rueda de prensa para apoyar al Gobierno ». Ni Javier Lambán , con el que en Ferraz y en Moncloa extreman el cuidado en no confrontar excesivamente en público en los últimos tiempos por su delicado estado de salud, aunque los puentes lleven mucho tiempo absolutamente rotos con el todavía líder del PSOE de Aragón, más distanciado que nunca de la dirección federal. Ni tampoco únicamente figuras fuera de la política activa como Felipe González , el socialista vivo más importante de la historia del partido desde su fundación en el siglo XIX. No; la revuelta socialista contra el acuerdo con ERC para conceder a Cataluña un concierto económico , que hoy votan las bases del partido independentista y a lo que el Gobierno se negaba hasta hace apenas meses, desborda esta vez más las aguas y se extiende por los territorios de la España peninsular.Singularmente en comunidades que son feudos tradicionales del partido, donde varios de los dirigentes consultados coinciden en un diagnóstico claro: « Así no volvemos a ganar ». Aplíquese, según el caso, a la citada Aragón, a Andalucía, la comunidad más poblada del país y orgánicamente la más importante en la formación, que vive ya un largo lustro de oposición al presidente popular de la Junta, Juan Manuel Moreno, o a Extremadura. En esta última autonomía salió ayer a la palestra el flamante sucesor de Guillermo Fernández Vara, Miguel Ángel Gallardo, para pedir la convocatoria del Consejo de Política Federal del PSOE, un órgano distinto al Comité Federal que integra a todos los mandatarios regionales . «Es el espacio adecuado para hablar con honestidad y con lealtad, pronunciarnos cada uno en la medida en la que nosotros creamos que podemos aportar , para crear un sistema de financiación que no solamente sea para ahora, sino que lo consolide en el futuro», proclamó Gallardo en una rueda de prensa en Mérida. De fondo, la queja que también trasladan los territorios de no haber sido ni siquiera informados o alertados del principio de acuerdo suscrito el pasado lunes con ERC en el que se contempla la cesión a Cataluña del 100% de los impuestos, IRPF incluido. «Nos enteramos traduciendo un documento del catalán », aseguran de manera significativa sobre la secuencia de los acontecimientos. Y en varios de esos territorios desmienten tajantemente que, como se ha llegado a publicar, Salvador Illa esté haciendo una ronda de contactos con sus homólogos de otras comunidades para tratar de atemperar los ánimos sobre lo acordado. «No podemos privilegiar a un territorio , y menos únicamente por ganar lo que no deja de ser un gobierno autonómico», aseguran desde los territorios críticos sobre la eventual investidura del líder del PSC en agosto como próximo presidente de la Generalitat.«Lógica inquietud»Dirigentes más próximos a Moncloa y Ferraz no ven «movimientos importantes», más allá, explican, de la « lógica inquietud », que creen que se disipará cuando se conozca más en detalle el acuerdo y su desarrollo. Entre los críticos señalan también que el proceso va para largo, pues no en vano requiere de una reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, la Lofca, y que por tanto queda mucho partido por jugar.Además de Extremadura, ayer Asturias se sumó al rechazo explícito al cupo a la catalana, y lo hizo nada menos que el consejero de Hacienda del Principado, Guillermo Peláez, quien denunció que caminar hacia un modelo que sólo tenga en cuenta la capacidad fiscal de los territorios quebraría la solidaridad interterritorial, aun cuando el acuerdo pretenda una cláusula de solidaridad que en todo caso estaría sujeta al principio de ordinalidad entre CCAA, que para el Ejecutivo asturiano del socialista Adrián Barbón « no debe primar » en la asignación de recursos para sostener los servicios públicos. «Esto es como si yo pido que me atiendan antes o mejor en un hospital público por pagar más IRPF que el que tengo al lado en la cola, o que a un inmigrante; como personas de izquierdas no podemos defender algo así», asegura uno de los socialistas consultados. El PSOE vive desde hace justo un año una situación electoral tremendamente ambivalente, la que se deriva del maratón electoral que se vivió entre el 28 de mayo y el 23 de julio de 2023. Una suerte de doble vuelta en la competición electoral cuyo resultado fue en primera instancia catastrófico, pues el partido se quedó con apenas tres gobiernos autonómicos (Castilla-La Mancha, Asturias y Navarra) y perdió importantes alcaldías (aunque pudo recuperar después de muchos años la de Barcelona, no sin el apoyo del Partido Popular), y óptimo con matices en las generales del 23J, que en cualquier caso permitieron a Sánchez revalidar su cargo aun al precio de conceder la amnistía a Carles Puigdemont a cambio de los votos de Junts para la investidura.Una situación ambivalenteEn esa ambivalencia se ha ido desarrollando la vida del partido este curso político que ahora concluye, con momentos de tensión y otros de indudable cierre de filas. Entre los primeros el olvido legal concedido a los encausados por el ‘procés’, que no ha sido del gusto de todos los territorios, singularmente la Castilla-La Mancha de García-Page. Y entre los segundos el célebre Comité Federal del mes de abril, donde del primero al último, incluido el presidente castellanomanchego, respaldaron a Sánchez durante sus cinco días de reflexión tras denunciar una persecución en su contra por la investigación judicial a su mujer, Begoña Gómez. Algunos no olvidan ese día, donde se les convocó alertándoles de una situación muy delicada para el líder del partido incluso en el ámbito personal, y lo traen a colación ahora que Sánchez pone en la diana a los críticos. «Que nos digan qué cambio de opinión tenemos que respaldar ahora », afirman con sarcasmo, asegurando más en firme que oponerse a un privilegio fiscal para Cataluña no es más que alinearse con el programa electoral del PSOE y con los documentos internos del partido durante la última década, incluida la declaración de Granada del año 2013 que ahora parece preterida. Y es que como se asegura desde los territorios críticos, a diferencia de la amnistía, que provocó recelos o incluso abiertas críticas internas pero que no afectan al día a día más directo del ciudadanos, aquí se trata, aducen «de las cosas del comer». Y de cómo los votantes socialistas de esa España tradicionalmente postergada en materia de infraestructuras o inversiones ven a los dirigentes del partido. «Si la gente no ve que tú sientes lo que ellos sienten te ven como un privilegiado » alerta un importante dirigente de esas comunidades. La ola de descontento se extiende ya a Castilla y León y, con menos intensidad, a Andalucía, Galicia, La Rioja o Madrid, la primera y la última con líderes cada vez más discutidos por Ferraz.
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