El diagnóstico al parecer compartido entre el Partido Socialista de Cataluña y ERC que se plasma en el reciente acuerdo político para la investidura de Salvador Illa como nuevo presidente de la Generalitat detecta una situación de «infrafinanciación sostenida» en Cataluña, que habría derivado en una «insuficiencia financiera crónica» y que según juzgan ahora ambas formaciones desborda los márgenes de lo que sería un modelo de solidaridad entre territorios digno de tal nombre, lo que abona su reivindicación ahora compartida de un nuevo sistema de financiación singular a ser posible que se asemeje al cupo vasco.Las cifras de la última liquidación del sistema de financiación autonómica, correspondientes al ejercicio de 2022, cuestionan sin embargo la contundencia de ese diagnóstico, que da por sentado que Cataluña aporta al resto de los territorios mucho más de lo que recibe del sistema.Noticia Relacionada estandar No Aragonès revela su plan para que Cataluña deje de aportar recursos a otras regiones en unos años Bruno PérezLos datos que año tras año analiza Fedea a partir de la información oficial proporcionada por el Ministerio de Hacienda sobre la liquidación definitiva del sistema de financiación autonómica revelan una aportación menguante de Cataluña a la financiación de los servicios públicos fundamentales que se prestan en el resto de comunidades autónomas.Mientras que en 2018 la transferencia neta de recursos fiscales desde Cataluña al resto de territorios de régimen común para garantizar una cierta equidad en la prestación de servicios básicos como la sanidad, la educación o los servicios sociales en el conjunto de España -medida como la diferencia entre la aportación total de Cataluña al llamado Fondo de Garantía de los Servicios Fundamentales (que absorbe el 75% de los recursos fiscales asociados al sistema) y lo que la comunidad autónoma recibe del mismo- ascendía a 1.518 millones de euros, en 2022 esa aportación fue de tan solo 1.302 millones de euros, lo que supone un recorte del 14% en apenas cinco años y una menor aportación neta de 216 millones de euros.Para hacerse una idea de la relevancia de esta tendencia, en el mismo periodo la aportación neta de la Comunidad de Madrid a ese objetivo de que todos los españoles tengan acceso a unos servicios básicos más o menos comparables residan donde residan se incrementó cerca de un 30% desde los 4.039 millones de euros que se registraron en 2018 hasta los 5.168 millones de euros que supuso su aportación en 2022, según la información recabada por Fedea.La mayor aportación de la Comunidad de Madrid al bienestar común y esa menor aportación de Cataluña se explica en parte por el mayor incremento que ha experimentado la capacidad fiscal de la Comunidad de Madrid en relación a la de Cataluña en ese periodo, es decir, su mayor potencial para generar ingresos fiscales. Pero también han influido otros factores. La información recabada por Fedea revela que mientras entre 2018 y 2022 la financiación efectiva por habitante ajustado (la métrica que utiliza el sistema de financiación autonómica y que ajusta la población a partir de factores como su dispersión, su envejecimiento y otros factores) que recibe Cataluña se ha incrementado ligeramente más que su capacidad fiscal, la de la Comunidad de Madrid ha aumentado mucho menos de lo que lo ha hecho su capacidad de generar ingresos, o dicho de otro modo que mientras Cataluña no solo ha retenido los saldos de sus mejoras de capacidad fiscal sino que los ha mejorado, la Comunidad de Madrid ha transferido buena parte de sus nuevos ingresos hacia otros territorios.¿Infrafinanciación?Según Ángel de la Fuente, director gerente de Fedea y responsable del informe que el ‘think tank’ realiza cada año a partir de la información oficial sobre el cierre del sistema de liquidación autonómica , que siempre se realiza con un retraso de dos años respecto al ejercicio en cuestión, este desequilibrio entre la evolución de la capacidad fiscal de cada comunidad autónoma y la financiación por habitante ajustado que recibe cada comunidad autónoma no es inusual y es una consecuencia de los parámetros del actual sistema, que ajustan la financiación a recibir en función de la evolución de la población, pero también de otros elementos de ajuste como la dispersión de la población, el nivel de envejecimiento o la concentración de población en edad escolar. «El sistema está lejos de garantizar una distribución óptima de los recursos de que dispone», asegura De la Fuente, que desde hace años viene reivindicando una mejora del sistema y de los parámetros a partir de los cuales se distribuyen los fondos disponibles. La información sobre la liquidación de 2022 incluso pone en cuestión que Cataluña salga perjudicada con el actual sistema de financiación autonómica, ya que su decreciente (como se ha visto antes) aportación neta al fondo de garantía para servicios fundamentales (1.302 millones de euros) se ve compensada casi por completo por la que recibe del Fondo de Suficiencia Global, por valor de 1.248 millones de euros y por la que recibe del Fondo de Competitividad, por importe de 1.603 millones de euros, lo que arrojaría un saldo de 1.550 millones de euros favorable a Cataluña.El trabajo de Fedea, que ajusta algunas cifras y parámetros que De la Fuente considera poco consistentes del sistema actual, como la financiación extra que se reconoce a las comunidades autónomas con lengua propia para políticas lingüísticas, también desafía el dato oficial de que Cataluña se sitúa ligeramente por debajo de la media en financiación por habitante ajustado (estaría en un 99% de la financiación media) y lo corrige situándolo en un 100,9%, es decir, por encima de la media .Los cálculos del ‘think tank’ sobre los flujos globales del sistema mantienen no obstante a Cataluña la condición de aportador neto al mismo, junto a Baleares y la Comunidad de Madrid, las t res comunidades autónomas que generan más ingresos de los que reciben del sistema, pero mientras su aportación a la solidaridad se ha estancado en los últimos años, la de la Comunidad de Madrid ha aumentado.
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