La organización en apoyo a los presos de ETA denominada Sare, cercana a EH Bildu, ha puesto deberes al (PSE) Partido Socialist a de Euskadi. La formación liderada por Eneko Andueza gobierna en coalición con el PNV la región, teniendo a su cargo la competencia sobre la Administración Penitenciaria. Una sobre la que presionan desde este colectivo, que antes de octubre 2021, cuando se hizo efectiva la transferencia de prisiones al País Vasco , negociaba con Interior los beneficios penitenciarios y que ahora afirma que «podrían ser más de un centenar las personas presas quienes (…) podrían estar en régimen de semilibertad o incluso libertad condicional». Sare, que ha pasado de reclamar los acercamientos de presos de ETA al País Vasco a, una vez satisfechas sus peticiones, pedir directamente la excarcelación de los cerca de 140 etarras que cumplen condena en prisiones de la región con una «resolución integral» para que «crucen las puertas de las cárceles», ofrecía este martes balance de reos. Tras el fin de la política de dispersión impulsado por el ministro Fernando Grande-Marlaska, cuentan 142 presos en los centros penitenciarios del País Vasco y Navarra y otros 6 en Francia. Unos datos que coinciden casi a la perfección con los publicados el pasado mes de julio por el Observatorio de Vigilancia Penitenciaria de la Asociación Víctimas del Terrorismo, cuyo recuento elevaba a 145 los etarras en prisiones en ambas comunidades autónomas . El decalaje de tres personas se debería a diferencias en el método de recuento o la concesión de libertades condicionales y cumplimientos de condenas entre los meses de julio y agosto de este año. Noticia Relacionada estandar Si El apoyo a los presos de ETA se exhibe en casetas de las fiestas de Bilbao Gerard Bono La del colectivo proetarra Etxera luce los nombres de 17 miembros de la banda que cumplen condena en las cárceles vascas. Otra muestra a un policía como Frankenstein: «Fascismo, brutalidad, violencia… así se crea un agente»La organización vinculada a los presos de la banda terrorista exige «la aplicación de una política penitenciaria ordinaria, sin privilegios pero sin excepciones, discriminaciones ni criterios particulares«. Denuncian estar sometidos a »leyes de excepción«, en referencia al cumplimiento íntegro y efectivo de las penas, o el no cómputo de las penas cumplidas en otros estados de la UE. Unos criterios que achacan a una supuesta necesidad de venganza de la «derecha política y judicial» y que, según ellos, no tendrían sentido «cuando el fin de la violencia se produjo hace más de 13 años. O cuando, en muchos casos, los hechos por los que estos presos cumplen condena ocurrieron en la década de los 90 del siglo pasado». En esa línea, Sare hace un repaso a las 34 propuestas de progresión al tercer grado (régimen de semilibertad) para presos etarras en el último año (agosto 2023-agosto 2024). De ellas, sólo 2 habrían sido rechazadas por el Gobierno vasco, habiéndose suspendido 6 a posteriori por recurso en la Audiencia Nacional de la Fiscalía al no cumplirse los requisitos necesarios. Una tendencia que valoran como «limitada» y «contenida» desde el colectivo de la izquierda abertzale. Para superar esta cuestión, el entorno proetarra pide al Departamento liderado por la socialista María Jesús San José que respete la labor de las Juntas de Tratamiento, responsables de proponer los terceros grados. También «actitud proactiva» y «búsqueda de soluciones creativas frente a leyes que -dicen- se enfrentan a la resocialización de determinadas personas presas y que deberían estar ya hace mucho tiempo derogadas». También, de forma más explícita que la aceleración a la hora de aprobar las propuestas de terceros grados , reclaman la aprobación de los permisos ordinarios de dos días. Siendo una competencia «exclusiva de la Administración vasca», entienden que también «ha sido muy limitada», tratándose, según Sare, de «un factor fundamental para la integración social del preso o presa».Defienden que las leyes que rigen los encarcelamientos de los terroristas, son de una época distinta. Que la sociedad vasca está preparada para «resolver el conflicto», con lo que empiezan a ejercer presión sobre la cartera de San José, que tendrá que gestionar esa ‘patata caliente’ en la próxima legislatura , después de que la política penitenciaria recayera en el PNV durante el Gobierno anterior.
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