El Gobierno recoge en el documento de las condiciones de los avales públicos para que los jóvenes puedan acceder a hipotecas un aviso para los bancos ya que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) se reserva la posibilidad de boicotear a las entidades que no formalicen operaciones con garantía estatal. «El ICO se reserva el derecho de no incluir en la relación de entidades adheridas a aquellas que no hubieran formalizado operaciones, con cargo a la línea, a lo largo de un trimestre», se establece en el modelo de contrato que el ICO ha remitido a los bancos para que se adhieran a la medida, al que ha tenido acceso este periódico. En la página web de la institución se publicitarán todas las entidades adheridas a la línea de avales , y si alguna de ellas no formaliza operaciones será eliminada de esa publicidad. La intención de todos los bancos es adherirse tarde o temprano a la medida y firmar el contrato con el ICO para ofrecer los avales públicos. Es por ello que esto es relevante ya que, según fuentes financieras, no publicitar a entidades concretas como forma de castigo supondrá un señalamiento; el que no aparezca será como si rechazara la medida.Noticia Relacionada estandar No El euríbor se estanca en el 3,7%: ¿Por qué no baja si el BCE va a recortar los tipos? Daniel Caballero El índice al que se referencian la mayoría de las hipotecas en España no termina de consolidar su descensoAunque la intención del sector es sumarse todos a la línea de avales, lo cierto es que todavía ningún banco ha firmado el contrato con el ICO para ponerlo en funcionamiento en sus oficinas. Fue hace apenas cuatro días cuando el Ministerio de Vivienda anunció la formalización del convenio con el ICO y ahora este debe firmar los contratos con los bancos. Cabe recordar que fue hace alrededor de un año cuando el Gobierno anunció esta medida por primera vez, en periodo electoral, y ha permanecido en un cajón durante meses. Este mayo está previsto que los avales vean ya la luz y los bancos empiecen a ofrecerlos en sus oficinas, previa aceptación de las condiciones que impone el Ejecutivo.El objetivo de estos avales públicos es que la entrada de un piso no sea un problema para los jóvenes. Actualmente, los bancos conceden de hipoteca hasta un 80% del valor de compra o tasación, teniendo que aportar el cliente el 20% restante y otro 10% de gastos. Con esto, el Estado da una garantía pública de hasta el 20% -25% dependiendo de la calificación energética- y el banco así puede conceder la hipoteca al cliente por el 100% del valor. Esta línea de avales, de 2.500 millones de euros, está dirigida a jóvenes de máximo 35 años y familias con menores a cargo, con residencia legal en España durante al menos dos años seguidos. La medida está dirigida a personas cuyos ingresos no superen los 37.800 euros brutos al año (4,5 veces el iprem), cantidad que se dobla si son dos personas. El límite se incrementará en 0,3 veces (2.520 euros brutos anuales) por cada menor a cargo y, además, en el caso de familia monoparental el límite se podrá incrementar en un 70% adicional.Límites y logo del GobiernoAsimismo, también se establecen límites de precio máximo de la vivienda para que el cliente pueda acogerse a los avales. Y hay diferencias entre regiones ya que no es lo mismo comprar una casa en una comunidad que otra. Como avanzó ‘El País’, el precio máximo más alto que se marca está en Madrid , con 325.000 euros, seguida de Cataluña, Navarra y País Vasco con 300.000 euros; el precio máximo más bajo está en Extremadura con 200.000 euros, seguida de Andalucía con 225.000 y ya con 250.000 otras como Galicia, Murcia, Comunidad Valenciana… Entre las condiciones, el Gobierno le exige a los bancos incluir en los contratos de las hipotecas el logo del Gobierno de España y del Ministerio de Vivienda. Por otro lado, en término de protección de datos, se obliga también a los bancos a informar al cliente de que el Ejecutivo utilizará sus datos «con fines estadísticos», ya sea por parte del ICO o cualquier otro organismo. El aval, por su parte, se extenderá durante 10 años y el cliente, en todo caso, no podrá tener, como norma general, un patrimonio previo superior a los 100.000 euros.
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