El Gobierno de Pedro Sánchez acumula distintos fracasos en la aprobación de leyes que tenían como objetivo la mejora de la vida de los ciudadanos y que, por errores en su redacción, de la que se encargaron miembros de los partidos del Gobierno, han provocado efectos contrarios a los esperados y perjudiciales para la sociedad en distintos ámbitos. A las graves consecuencias de la ley del ‘sí es sí’ , puesta en marcha a iniciativa de la exministra de Podemos Irene Montero, que permitió rebajar las penas y excarcelar a condenados por delitos sexuales, se suman los efectos adversos de la ley trans y de la recién aprobada de Representación Paritaria. Ayer entró en vigor dicha ley orgánica, prevista para la presencia equilibrada de hombres y mujeres tanto en el ámbito privado como en la política. Nació con polémica, porque la propia ministra socialista de Igualdad, Ana Redondo, reconoció el pasado día 14 un «error técnico» que desprotege a quienes pidan un permiso laboral para conciliar o cuidar a un familiar , aunque la norma finalmente ha entrado en vigor sin que dicho error se subsane.Noticia Relacionada estandarHasta ahora, los trabajadores tenían garantizada la nulidad de su despido si se daba en dichas circunstancias, por lo que la actualización les desprotege al eliminar la nulidad automática como consecuencia de la introducción de las trabajadoras víctimas de violencia de género y de violencia sexual. Desde ciertos ámbitos empresariales se consideraba que los escenarios por los que los trabajadores estaban protegidos eran utilizados por éstos fraudulentamente, en ocasiones, para blindarse. «Enésimo despropósito»Ayer, la presidenta de la sección de Igualdad del Colegio de Abogados de Madrid, Estela Martín, calificó el error de «enésimo despropósito normativo en materia laboral con el que nos hemos topado los laboralistas». Esta experta lamentó que «la eliminación de la nulidad automática en despidos relacionados con la conciliación laboral podría vulnerar la directiva europea y generar inseguridad jurídica. Además, esta eliminación perjudica especialmente a las mujeres porque, a día de hoy, siguen siendo ellas las que solicitan mayoritariamente los permisos y medidas de conciliación como es el caso de la adaptación de jornada».Precisamente en beneficio de mujeres víctimas de delitos sexuales y para castigar más duramente a quienes cometieran agresiones se proyectó la Ley Integral de Libertad Sexual -más conocida como del ‘sí es sí’- que, al eliminar el delito de abuso, unificarlo en el de agresión y equilibrar las penas de ambos, provocó la nefasta consecuencia de más de 1.200 rebajas de penas y más de 120 excarcelaciones.La exministra Montero aseguró que otra de sus normas estrella, la ley trans, no provocaría los efectos de los que advirtieron desde sectores del feminismo y el ámbito penal, principalmente que maltratadores aprovecharían la posibilidad de acudir al registro y cambiar de sexo con el único requisito de que es su voluntad para evitar investigaciones por violencia de género. Finalmente, ha ocurrido. Como contó el miércoles ABC, un maltratador reincidente de Sevilla modificó su registro para intentar evitar un juicio por violencia de género, según denuncia el abogado de su víctima. Y ya ha comenzado un goteo de agresores, con casos en distintas comunidades, que persiguen el mismo objetivo. Miembros de la Comisión General de Codificación, órgano colegiado de asesoramiento en la preparación de los textos prelegislativos, lamenta que en los últimos años no se haya contado con sus consideraciones, en detrimento de asesores con perfiles más políticos que jurídicos, para textos cuya problemática se veía venir.Pasó más desapercibido, pero otro error de redacción de los grupos parlamentarios PSOE y Unidas Podemos dio como resultado el efecto contrario al buscado con el impuesto a grandes fortunas. Al adaptar el texto del impuesto de Patrimonio al denominado de Solidaridad de las Grandes Fortunas por el Gobierno, enseguida los servicios de Hacienda de Madrid y Andalucía advirtieron que permitiría que éstas pagaran un 80% menos de lo previsto. Revés del Tribunal Supremo a la amnistíaY si hay una ley con coste político para el Gobierno -incluso miembros del PSOE se han opuesto abiertamente a ella- que no ha tenido el resultado con el que se redactó es la de la amnistía. Prevista para satisfacer la exigencia del expresidente catalán fugado de la Justicia, Carles Puigdemont, a cambio del apoyo a la legislatura de Sánchez, se topó con el Tribunal Supremo (TS), que dejó fuera de la aplicación de la norma precisamente el delito por el que el líder de Junts sigue procesado, el de malversación. El Alto Tribunal recordó la directiva europea que prohíbe el indulto o la amnistía de delitos de malversación en consonancia con la lucha contra la corrupción de la UE y descartó el intento del PSOE de introducir un tipo de malversación menos grave si no hay apropiación de bienes públicos. Porque, como aclararon los magistrados, «el castigo en los delitos patrimoniales no se justifica por ‘quedarse con las cosas de otro’, sino por ‘quitarle a otro las cosas’».
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