El ministro de Transportes y Movilidad, Óscar Puente, ha avanzado este viernes en el Senado su decisión de cesar al actual subsecretario de Transportes, Jesús Manuel Gómez y al director general de Personas de ADIF, Michaux Miranda, ambos imputados en el caso Koldo y citados a declarar en el mes de septiembre, a la luz de los resultados de la auditoría que encargó en febrero a la Inspección del departamento y que ha arrojado conclusiones que ponen en duda las compras de mascarillas a Soluciones de Gestión. A lo largo de su exposición, Puente ha desgranado las principales conclusiones de ese informe que según ha dicho, le ha sido notificado el pasado martes, y según el cual, «parece evidente que los requisitos exigibles en estos expedientes no se cumplieron en su totalidad», con falta de justificación en el número de mascarillas a adquirir o falta de rigor en la selección de la empresa transportista y las actas de las entregas. Tal y como ha detallado, «los hechos y conclusiones que se extraen de la auditoría» derivan en «una pérdida de confianza» que ha motivado esa decisión, por la que ha comunicado al subsecretario que ya no sigue en su puesto y ha trasladado al presidente de Adif que haga lo propio con el director general. Sostenía así que los ceses se sustentan «en aspectos meramente administrativos que se han puesto de manifiesto con rotundidad en la auditoría práctica» sin «más consideraciones que correspondan a los tribunales», habida cuenta de la «situación procesal en que ambos se encuentran». El ministro, tras anunciar que la auditoría será aportada a las comisiones parlamentarias interesadas en el Congreso y el Senado y publicada en la web de su departamento para consulta pública, ha procedido a la lectura de parte del contenido tras subrayar que se trataba de un trabajo independiente realizado por funcionarios designados al efecto fruto de meses de recabar documentación de diversos departamentos y entrevistarse con los concernidos. La primera compra de mascarillas, como es conocido, correspondió a Puertos del Estado. El informe llama la atención en que «en sólo 38 minutos» la orden de compra pasó de justificar la necesidad de 4 millones de mascarillas para los quince días que, a 14 de marzo, iba a durar el Estado de alarma, a pedir 8 millones, que «vienen a coincidir con la oferta de Soluciones de Gestión». «Pudiera parecer que esa duplicidad estaría más relacionada con la oferta que con las necesidades detectadas», dice el informe. Subraya en este punto que, «incluso en caso de que la situación fuese» como declaró el subsecretario a la inspección, «en que la oferta era de todo o nada, la hipotética inexistencia de margen de actuación entre cero y 8 millones de mascarillas debería haber sido adecuadamente justificada en el expediente como motivación en el cambio del alcance de la emergencia».(Noticia en ampliación)
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