El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional , Ismael Moreno, ha librado una resolución en la que requiere al Ministro de Transportes copia certificada del informe de auditoría sobre la compra de mascarillas a la empresa instrumental Soluciones de Gestión durante la pandemia, el mismo que presentó el titular actual de la cartera, Óscar Puente , y que apunta a responsabilidades en la figura de su predecesor, José Luis Ábalos y su gabinete. La resolución, a la que tuvo acceso ABC, quiere además que el ministerio identifique a «los funcionarios que procedieron a su elaboración» y comisiona a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil , que es la unidad de policía judicial encargada de la investigación, para que se encargue de hacer cumplir el requerimiento. Además, en otra providencia firmada este jueves, el instructor pide informe a la Fiscalía Anticorrupción sobre la posibilidad de citar como testigo al ministro Puente, en línea con la petición que había elevado la acusación que ejerce la Asociación Liberum, para que sea él quien explique el informe y arroje más luz sobre aquellos procedimientos por los que Puertos del Estado y Adif compraron mascarillas a la empresa de la trama. Noticia Relacionada estandar Si El PP introduce en el caso Koldo la auditoría del ministro Puente sobre las mascarillas Isabel VegaEl informe de auditoría fue presentado por el ministro Puente el pasado viernes en el Senado y detalla toda una variedad de irregularidades en las órdenes ministeriales que en plena pandemia, autorizaron que Puertos del Estado y Adif comprasen mascarillas a una empresa que el año previo había facturado cero euros. Los defectos señalados van desde duplicar el pedido de material en un lapso de 38 minutos y sin justificarlo, hasta el descontrol del destino final de las mascarillas por falta de actas de entrega de más de cuatro millones de unidades, pasando por el hecho de que aún hay tapabocas por más de 1,2 millones de euros almacenados en un sótano y una nave ministerial. De hecho, la acusación que ejerce Liberum acababa de presentar escrito pidiendo al juez que investigase qué había pasado con ellas, ante la sospecha de que la trama las hubiera revendido, en tanto no consta certificación de su destino final. Ahora, aunque el informe de auditoría fue aportado ya por el Partido Popular dado que el Ministerio lo hizo público en una versión anonimizada en su página web y lo entregó a las Cortes, el juez solicita el análisis por el cauce oficial y en copia certificada. De la sucesión de acontecimientos que relata y de las gestiones que detalla podrían nacer nuevas citaciones de testigos, entre otras diligencias. Hay una resolución más, del miércoles, en la que solicita igualmente al Ministerio Público que fije posición sobre la personación de la Abogacía del Estado en la causa para defender al ya cesado subseretario de Transportes y Movilidad, Jesús Manuel Gómez, que está imputado, habida cuenta, precisamente, de las responsabilidades que apunta esa auditoría y en línea con los recursos de Liberum y el Partido Popular. Para esta formación, podría haber incurrido en delitos contra la Administración incompatibles con que sea la propia Administración quien le defienda.
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