El Pleno del Tribunal Constitucional ha respaldado este miércoles la reforma del Código Penal que penaliza el acoso a las mujeres que acuden a clínicas abortistas para poner fin a su embarazo. Por siete votos a cuatro, los magistrados han rechazado el recurso de inconstitucionalidad de Vox, que consideraba vulnerados hasta ocho derechos fundamentales y desproporcionadas las penas aparejadas a ese nuevo delito (172 quater). El precepto en cuestión castiga con pena de cárcel de tres meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días a quien «para obstaculizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo acosare a una mujer mediante actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menoscaben su libertad». El Pleno, que a diferencia de los recurrentes, ve la expresión «actos molestos y ofensivos» suficientemente precisa y objetiva, señala que la libertad de las mujeres para interrumpir de forma voluntaria su embarazo debe ser protegida constitucionalmente. Niega, además, como adelantó ABC, que la regulación de este tipo de acoso produzca «un sacrificio innecesario o desproporcionado del derecho a la libertad de expresión o el derecho de manifestación».En relación con el derecho a la intimidad de las víctimas del delito, el Pleno sostiene que, si bien la persecución de oficio del comportamiento que se castiga puede incidir en la intimidad de la víctima que ha decidido no denunciar, ese sacrificio se justifica «por el interés público propio de la investigación del delito y porque el libre ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo tiene una proyección general relacionada con la garantía al igual disfrute, entre hombres y mujeres, del derecho a la salud sexual y reproductiva, en un contexto social en el que el ejercicio de este derecho por las mujeres aún experimenta dificultades estructurales«.Han anunciado voto particular los magistrados César Tolosa, Concepción Espejel, Enrique Arnaldo y Ricardo Enríquez.
Leave a Reply