El Consejo General de Economistas de España (CGE), que es el órgano que agrupa a los colegios de economistas de nuestro país, ha advertido sobre un previsible efecto colateral de las ayudas por la DANA . Prevén que podrían aumentar de manera importante las insolvencias de personas físicas, autónomos y microempresas de cara a 2025, que es precisamente lo que se quiere evitar. Tal y como están redactados, los reales decretos 6/2024 y 7/2024 establecen una suspensión de los plazos procesales con carácter indefinido para las 78 poblaciones de la provincia de Valencia afectadas por la gota fría, así como la dispensa temporal de la obligación de solicitar la declaración de concurso de acreedores.Noticia Relacionada Cuarto trimestre estandar Si El Banco de España calcula un golpe al PIB de dos décimas por la DANA Daniel Caballero El gobernador Escrivá estima también un impacto de 0,15 puntos al alza sobre la inflaciónAsí lo ha explicado Valentín Pich, presidente del CGE, durante la presentación del Atlas Concursal 2024. Según este experto, las moratorias podrían derivar en un elevado número de liquidaciones una vez terminados los plazos, cosa idéntica a la que sucedió después de la Pandemia. «No dejan de ser una ayuda (las moratorias de concursos)», ha explicado Pich , pero también opina que para no dejar a las empresas sin músculo y ayudarlas a afrontar el efecto arrastre (la crisis afecta a todo el tejido productivo de una misma zona) es necesario combinarlas con medidas que permitan la rápida reconstrucción empresarial.Imagen de la calle Sant Jordi de Paiporta EFEEntre estas medidas, el presidente de los economistas destaca la activación al máximo de los planes de reestructuración de deuda con condiciones flexibles; crear líneas de crédito que reemplacen deudas a corto plazo por financiamiento a largo plazo con condiciones más favorables; reforzar algún Juzgado de lo Mercantil adicional en las zonas especialmente afectadas; una mayor flexibilidad del crédito público en las zonas afectadas en su consideración privilegiada concursal en cuanto a la quitas o esperas, o incluso hacer determinadas condonaciones; y que el futuro Reglamento de la Administración Concursal preserve la experiencia acumulada de los profesionales para que puedan atender debidamente este previsible incremento de insolvencias.En una línea similar se ha expresado Bárbara Pitarque, la vicepresidenta 2ª del Registro de Economistas Forenses (Refor). Para ella, las moratorias son una declaración formal de la insolvencia, pero como contrapartida supondrán un colapso en el sistema judicial en el momento que finalice el plazo . «La DANA ha supuesto la desaparición del tejido empresarial de las localidades afectadas, comercios y empresas afectando al empleo e impactando también a sus acreedores que, aun siendo de zonas no afectadas, se verán afectados por imposibilidad de cobrar. Es un momento de verdadera crisis empresarial en la provincia de Valencia», ha concluido.Se disparan los concursos de personas físicasMás allá de los efectos de la DANA, los economistas se han referido al estado actual de los concursos en nuestro país. En 2023 el 0,23% de las empresas españolas acudieron al concurso, aproximadamente una de cada 430. El peso de autónomos, microempresas y pequeñas empresas en el total sigue siendo mayoría (llegando en 2023 al 84% de los concursos) , y en 2022 y 2023 se observa un fuerte incremento aislado del peso de los concursos de autónomos frente al resto de concursos.El año pasado, los autónomos representaron el 49% de los concursos de empresas y las micropymes el 25%. Los concursos de personas físicas, a su vez, se han cuadruplicado en cuatro años -de 2019 a 2023- y llegaron a ser más de 13.000 en el año 2023, con un crecimiento del 75% sobre 2022 y superando ya al número de concursos de personas jurídicas.Para justificar este sensacional aumento de los concursos de personas físicas, los expertos del Refor recurren al hecho de que se trata de deudores con una mayor vulnerabilidad a las crisis económicas. Asimismo, a ello también habría influido una sentencia del Tribunal Supremo de 2019 en la que se posibilita una mayor extensión del crédito público en segunda oportunidad y la reforma concursal de 2022, que mejora algunos aspectos de la misma. En este sentido, desde el Refor apuntan a que es previsible que a cierre de 2024 se observe para el global de todo el año un incremento intenso de los mecanismos de 2ª oportunidad y, en consecuencia, de los concursos de personas físicas.Por regiones, Cataluña fue la región con un mayor número de concursos en 2023. Esta comunidad autónoma, Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía concentraron el 70% del total en 2023, con 5.078 concursos.
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