Comparecer ante los medios sin preguntas se está convirtiendo en una rutina habitual en la política española . En una brevísima aparición en la Asamblea de Madrid. Juan Lobato acusó a los dirigentes de su partido de participar en «un linchamiento» contra él. Fue explícito: «Parece que el malo es quien decide no hacer las cosas mal». El mensaje que podía deducirse de sus palabras es que no va a dimitir pese a las descalificaciones de sus compañeros en el PSOE, que incidían en que ha traicionado a Pedro Sánchez y que no será bien recibido en el Congreso de Sevilla, señalándole la puerta de salida.Parece evidente que el futuro de Lobato en el PSOE es muy poco halagüeño por no decir inexistente por haberse enfrentado al aparato y por haber tenido la osadía de haber actuado con respeto a la legalidad y a la más elemental ética.Sin duda, el pecado que Sánchez no le va a perdonar a Lobato es el acta notarial que pone en evidencia que la filtración de las comunicaciones del novio de Díaz Ayuso con la Agencia Tributaria partió de la presidencia del Gobierno. Fue la jefa de gabinete de Óscar López, mano derecha del presidente en La Moncloa, quien presionó a Lobato para que sacara rédito político a esa información que suponía un delito de revelación de secretos.El embrollo es monumental porque la publicación por parte de ABC del papel de La Moncloa en la filtración coincide con un informe de la UCO que señala que el fiscal general del Estado, investigado por el Supremo, tuvo «una participación preminente» en esta operación para desacreditar a Díaz Ayuso.En conclusión, todo apunta a que la presidenta madrileña fue víctima de una maniobra pensada y ejecutada por la presidencia del Gobierno y el fiscal general del Estado, que no dudaron en saltarse la ley para hacer daño a la reputación de una adversaria política de Sánchez.Pese a su voluntad, Lobato ha sido el instrumento que ha sacado a la luz este escándalo. No se lo van a perdonar. Gracias a su gesto de honradez, convertido por el PSOE en villanía, los ciudadanos sabemos cómo se las gastan en La Moncloa. Matar al mensajero es un deporte habitual en la política y, por eso, Lobato tiene los días contados. Va a servir de chivo expiatorio del escándalo.Resulta un tópico decir que estas cosas no pasan en otros países con tradición democrática. Pero eso no es verdad. Sin ir más lejos, en Francia. Políticos como Mitterrand y Sarkozy utilizaron su poder para descreditar a sus adversarios y vulneraron la ley para protegerse del escándalo.Pero el caso más paradigmático es Watergate, que presenta semejanzas con el de las filtraciones de los presuntos delitos fiscales del novio de Ayuso. El común denominador es la comisión de un delito y el abuso de poder para acabar con un rival político.El asalto nocturno a la sede del Partido Demócrata en Washington en mayo de 1972 derivó en la detención de cinco delincuentes de poca monta. En una libreta de teléfonos, apareció su conexión con Gordon Libby y Howard Hunt, dos empleados que trabajaban para los republicanos. La investigación del ‘Washington Post’ reveló que todo era parte de un plan trazado por John Dean, John Ehrlichman y John Mitchell, asesores y hombres de confianza de Nixon. El asunto acabó, dos años después, con la dimisión de Nixon, que fue indultado por Gerald Ford, su sucesor.Nixon acabó reconociendo los hechos que había negado y, en una entrevista con David Frost, acuñó la teoría de que todo lo que hace el presidente es legal por definición. Una descarnada filosofía por la que el fin justifica los medios.En el caso del novio de Díaz Ayuso, todos los hilos conducen a Óscar López y a La Moncloa. Nadie puede creer en serio que una funcionaria de bajo nivel como Pilar Sánchez Acera tomase la iniciativa de saltarse la ley e impulsar una campaña de descrédito sin contar con la aprobación de sus jefes.Si López y Sánchez fueron quienes decidieron lanzar este órdago contra Díaz Ayuso, estaríamos ante un escándalo mayúsculo que afectaría a la continuidad de un Gobierno muy tocado por la declaración de Aldama ante el juez.Dijo en su día Rubalcaba que los españoles merecen un Gobierno que no les mienta. Este asunto evidencia una trama de engaños, una falta de escrúpulos y un abuso de poder que remite al inquilino de La Moncloa. Es cierto que no hay pruebas concluyentes de que Sánchez supiera de estas actuaciones ilegales, al igual que sucede con la trama de Ábalos , pero existe al menos una responsabilidad política de la que el presidente tiene que responder. El asunto se le puede complicar y escapar de las manos cuando Lobato acuda al Supremo a dar explicaciones. El problema de Sánchez es que, como decía Lincoln, no se puede engañar a todos todo el tiempo.
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