La patronal hotelera parece haber llegado a la conclusión de que no hay más camino por recorrer en su brega con el Ministerio del Interior a cuenta del Real Decreto de registro de viajeros , más conocido como ‘el gran hermano de Marlaska’ por sus opositores en el seno del sector turístico. Tras años de dimes y diretes y peticiones de suspensión del Real Decreto que al final quedaban en meros aplazamientos -ya van tres-, finalmente la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), que es la principal patronal del gremio, ha decidido interponer medidas legales contra la norma.«Llevamos meses solicitando diálogo y propuestas concretas para garantizar la seguridad jurídica y la viabilidad del sector, pero no hemos recibido ninguna respuesta. Ante esta falta de voluntad política, nos vemos obligados a plantear vías legales para proteger tanto a los empresarios como a los viajeros«, ha explicado Jorge Marichal, presidente de la organización, en un comunicado en el que vuelve a insistir en que la ley concita la oposición de todo el sector tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.Noticia Relacionada estandar No El sector turístico sitúa la falta de mano de obra y el exceso normativo como sus principales problemas tras un verano histórico Xavier VilaltellaHoteles, agencias de viajes y alquileres de vehículos, todos los gremios que se verán obligados a compartir con el Ministerio los nombres, edades, correos electrónicos, tarjetas de crédito, fechas de salida, domicilio y otros datos de sus clientes -están previstas sanciones de 30.000 euros para los incumplidores – llevan meses alzando la voz sobre el exceso de trabajo que supondrá esta nueva obligación, su inutilidad -«¿De qué sirve pedir a un cliente un domicilio si ya tenemos el DNI? No tenemos certeza de que la dirección que nos dará será la correcta», explicaba la Mesa del Turismo a ABC-, y el daño reputacional potencial por las dudas que genera en cuanto a la recolección de información privada de los clientes (en el caso de los hoteles se pedirán los datos de los acompañantes). También las patronales europeas expresaron su «oposición, alarma y desconcierto» en una carta al Gobierno el pasado 19 de septiembre. El Ministerio aplaza, pero no rectificaY hasta ahora lo único que se ha conseguido con estas protestas son tres aplazamientos que han pospuesto la plena entrada en vigor de la norma al próximo dos de diciembre -técnicamente ya lo estaba desde enero de 2023, pero aún no se interponían multas- y la promesa de que no se pedirán los datos que están recogidos en el Real Decreto hasta que se desarrolle una orden ministerial para la que aún no hay fecha. Esto último, la promesa de que el Decreto entraría en vigor sin efectos -por un tiempo al menos- fue el único compromiso que el sector consiguió arrancar al Ministerio en la reunión de pasado 4 de octubre. Cehat asegura que desde entonces no ha recibido ninguna comunicación oficial ni se han producido avances concretos en las prometidas aclaraciones que tenía que hacer el departamento liderado por Marlaska. Además, recuerda la patronal, tampoco se ha emitido la Orden Ministerial, cosa que deja a los hoteleros en «una situación de indefensión a menos de una semana de la entrada en vigor del decreto», afirman en su comunicado.«España no puede permitirse que una normativa tan lesiva entre en vigor sin que se hayan resuelto sus múltiples defectos. No dejaremos de luchar para garantizar que nuestro sector y nuestros viajeros reciban el respeto y la protección que merecen», concluye Marichal, antes de añadir que seguirán colaborando con las autoridades en la búsqueda de soluciones.
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