La Fiscalía reconoce que el fiscal general del Estado , Álvaro García Ortiz, borró los mensajes de sus dispositivos móviles entre el 8 y el 14 de marzo de 2024, el marco temporal al que el juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ha acotado la investigación al jefe del Ministerio Público y a su subordinada y coimputada Pilar Rodríguez por presunta revelación de secretos en relación con datos de carácter reservado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.Desde la Fiscalía General se justifica esta decisión en una instrucción interna de borrado cíclico de datos por motivos de seguridad, algo que no sólo no habría cumplido la otra investigada, también con cargo de responsabilidad, sino que se trata de una orden que miembros de la carrera consultados por ABC desconocen.Lo cierto es que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha encontrado «cero mensajes» en las aplicaciones de mensajería de los dispositivos móviles de García Ortiz durante el registro en la sede de la Fiscalía General del Estado del pasado 30 de octubre, tal y como comunica al magistrado en un oficio de dos páginas al que ha tenido acceso ABC tras haber levantado Hurtado el secreto de sumario.Noticia Relacionada Filtración sobre el novio de Ayuso estandar Si El móvil de Lobato salpica a los secretarios de Estado de Comunicación Vallés y Antolín Nati VillanuevaEl instructor había autorizado que se hiciera una copia de los dispositivos intervenidos (dos móviles y una tablet) y ésta quedó bajo custodia de la Letrada de la Administración de Justicia. La unidad policial, una vez el magistrado autorizó revisar dicha copia el 27 de noviembre , afirma que se ha obtenido el siguiente resultado: «Cero mensajes pertenecientes a cualquier tipo de aplicación de mensajería instantánea en el período analizado que comprende entre el 8 y el 14 de marzo de 2024».Temas «sensibles»Fuentes del Ministerio Público reconocieron este jueves a este diario que en los móviles no había ningún mensaje ni de este asunto ni de ningún otro porque fueron borrados. Argumentan que la eliminación se hizo siguiendo una normativa interna que recomienda a los fiscales eliminar cada cierto tiempo la documentación que acumulan por motivos de seguridad, teniendo en cuenta la sensibilidad de los temas que manejan, para evitar que por pérdidas, robos o cualquier otro motivo, acaben en manos ajenas.En dicha normativa, la ‘Instrucción 2/2019 sobre la protección de datos en el ámbito del Ministerio Fiscal’ que facilitaron este jueves fuentes fiscales, se expone que «el Ministerio Fiscal estará obligado a tratar los datos personales de las personas físicas de acuerdo con distintos principios, entre ellos el de limitación del plazo de conservación, lo que supone que en el marco de las competencias propias del Ministerio Fiscal y en la medida de lo posible, se adopten medidas razonables para que los datos personales sean mantenidos de forma que se permita la identificación de los interesados durante el tiempo estrictamente necesario para los fines del tratamiento». Los fiscales consultados por ABC se mostraron este jueves «asombrados» con esta explicación, dicen desconocer esta instrucción y aseguran que no les consta que se les haya recomendado proceder al borrado de sus conversaciones. «Los únicos datos sensibles que manejamos en Fiscalía son los sumarios», sentencia un reputado fiscal en declaraciones a ABC. El resto son «excusas de mal pagador».Otro miembro del Ministerio Público califica directamente de «cuento chino» la explicación que se da desde Fortuny a la desaparición de todos los mensajes del 8 al 14 de marzo. «¿De verdad que todas las conversaciones que mantuvo durante esos días eran sobre materias ‘sensibles’ ?», se pregunta. A juicio de este fiscal, García Ortiz ha procedido al borrado de «absolutamente todo» porque era el «mal menor». Probablemente para él era mejor esto que hacer «un borrado selectivo» de aquello que verdaderamente le comprometía, argumenta este fiscal, convencido de que lo eliminado apuntaba directamente a Moncloa.En la misma línea, otro fiscal señala que no duda de la existencia de esa instrucción a la que alude Fiscalía General , pero resalta que desde luego «no hay ni una sensación colectiva» ni una «orden expresa de que tengamos que borrar mensajes de nuestros móviles». Tampoco la fiscal provincial se debió ver concernida por esta normativa interna, pues conservaba las conversaciones mantenidas con el fiscal general y otros fiscales del entorno de García Ortiz, mensajes que Hurtado consideró relevantes y que de hecho le llevaron a autorizar al análisis de lo incautado al fiscal general para seguir tirando del hilo. En una de ellas le pidió aprobación de la nota de prensa para comunicar la situación de la investigación a González Amador, contestando ella: «Dan ganas de incorporar un poquito de cianuro ». Fue precisamente la intervención de los dispositivos de Rodríguez la que llevó a la UCO a concluir que el jefe del Ministerio Público tuvo un «papel preeminente» en la filtración a partir de las 21.29 horas del 13 de marzo.Según la Guardia Civil fue en ese momento cuando García Ortiz «empezó a impartir órdenes» para recabar los citados correos hasta que los consiguió (se los mandó Rodríguez tras sacar al fiscal del caso de un partido de fútbol) sobre las diez de la noche. Por el reducido número de personas que conocían estos correos y el periodo temporal en el que los mismos se publicaron, la UCO sitúa el epicentro de la filtración en la propia Fiscalía General del Estado. Y asegura que García Ortiz impartió de forma directa las órdenes» para desmentir lo que se tildó de bulo, una información que publicó ‘El Mundo’ a última hora de la tarde del día 13 de marzo en la que se decía que el fiscal había ofrecido un pacto a Alberto González Amador cuando había sido al revés. En el oficio de la UCO que se notificó este jueves a las partes tras el alzamiento del secreto, los agentes dan cuenta de que en el ordenador de sobremesa del fiscal general sí se ha encontrado una copia de los dos correos electrónicos que Rodríguez le envió y en los que constaba el intercambio de mails entre la defensa de González Amador y el fiscal Julián Salto.
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