El Gobierno de Pedro Sánchez redobla sus ataques a los jueces que investigan los escándalos de corrupción del círculo más íntimo del jefe del Ejecutivo. Y lo hace con toda la artillería del Consejo de Ministros y elevando el tono con el delito más grave que se puede verter contra la labor de un juez: acusarle de prevaricar.El encargado ayer de poner cara y voz a esa estrategia de acoso y derribo al Poder Judicial fue el ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, el socialista Óscar López , que no tuvo empacho en aprovechar una visita institucional para cargar contra Juan Carlos Peinado, el magistrado instructor que mantiene imputada a Begoña Gómez por cuatro delitos —corrupción en los negocios, tráfico de influencias, apropiación indebida e intrusismo profesional— relacionados con su actividad privada.«Lo que hemos conocido hoy [por ayer] del señor Peinado es claramente prevaricador: es que el señor Peinado ha mentido en sede judicial y ha utilizado una mentira para imputar a otra persona», aseguró el ministro de Sánchez en alusión al exconsejero madrileño del PP Juan José Güemes, imputado también en esta causa como responsable de la contratación de Begoña Gómez para dirigir el Africa Center del Instituto de Empresa (IE) y que declaró ante el juez del caso el pasado miércoles, la misma mañana que la esposa de Sánchez.Noticias relacionadas estandar Si Begoña Gómez dice ahora que el rector de la Complutense le propuso codirigir la cátedra ISABEL VEGA estandar Si Begoña defiende que la cátedra se creó por su «profesionalidad» y nunca hubo afán de lucro Isabel VegaEl nuevo líder de los socialistas madrileños tras la dimisión de Juan Lobato hizo estas acusaciones después de que Güemes, en sintonía con lo que había declarado la propia Begoña Gómez justo antes, asegurara ante el instructor que en ningún caso la contrató por el mero hecho de ser la mujer del presidente del Gobierno. Y también después de que TVE emitiera unos audios en los que el juez aseguró ante Guëmes que otra testigo, la directora de Recursos Humanos del IE, Sonsoles Gil de Antuñano, habría dicho que se contrató a Begoña Gómez por ser «la esposa del presidente del Gobierno», cuando en realidad no detalló las razones de ese contrato, informa Ep.Óscar López remató su diatriba contra este magistrado, para el que «todo vale» según el ministro, acusándole de incurrir en investigaciones judiciales «claramente prospectivas». Todo ello en un nuevo ataque contra el Poder Judicial desde el Ejecutivo, que ha llegado a acusar a los jueces de incurrir en ‘lawfare’ —guerra sucia judicial por razones políticas— e incluso de seguir anclados en la etapa predemocrática, a pesar de que la mayoría de ellos nacieron y se formaron ya en plena democracia. Sánchez dijo esta semana en el Congreso que está «convencido de que una amplísima mayoría de jueces de este país cumple con su labor». No aclaró si en esa «mayoría» incluye a los que han imputado a su esposa, a su hermano, a su fiscal general o a su exministro y ex número tres en Ferraz, entre otros.
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