El sector de las pescaderías en España ha dicho basta. Si en el mar los problemas de aumento de costes no cesan con las medidas que llegan desde Bruselas, la distribución del pescado no lo tiene mejor. Por eso, las pescaderías en su conjunto han estallado contras las nuevas medidas en materia laboral como la subida del salario mínimo ( SMI ) y la reducción de jornada .Así lo ha manifestado este viernes Fedepesa, la patronal de las pescaderías, que aseguran que 1.903 euros al mes es «el coste exacto que tendría que asumir un autónomo pescadero por contratar a un empleado sin experiencia ni formación, si se aprueba la propuesta de Yolanda Díaz, y que se sumaría al incremento ya real del 67,3% del SMI en los últimos 8 años. De aplicarse la subida, en 9 años sería un aumento del SMI 80,7% (de 2016 a 2025)».Noticia Relacionada Expertos del SMI estandar No Ven «peligroso» en igualar los sueldos de trabajadores experimentados con los menos formados José María CamareroPero no es la única crítica que lanza Fedepesca hacia las medidas que plantea la ministra de Trabajo. Explican que si se aplica la reducción de la jornada a 37,5 horas semanales, «este incremento de costes se vería agravado, condenando al sector del comercio tradicional en general, y de las pescaderías en particular, al cierre».Desde la patronal recuerdan que el comercio especializado de productos pesqueros es una red única en el mundo que ha permitido que los españoles sean unos grandes amantes de los productos pesqueros y que es, en buena medida, responsable del alto consumo de estos productos en todo el territorio.La asociación recuerda que « la rentabilidad de estos pequeños negocios se ve seriamente amenazada por las políticas de los últimos años que se toman de espalda a la realidad de los autónomos ». Desde Fedepesca se calcula que más de 350 pescaderías desaparecen al año en España, ya que el INE ha dejado de desagregar el dato por locales, pero sí se conoce que en 2007 había 12.632 empresas dedicadas a la venta de productos pesqueros y en 2022 bajó a 9.809 empresas (último año de datos publicados por el INE). Se ha perdido el 22,34% de las empresas de pescadería en 14 años y, extrapolando a la última serie de datos sobre locales, se puede estimar que un tercio de las 15.000 pescaderías que había en España en el año 2007 ha desaparecido, retrocediendo el empleo en el mismo periodo en 8.857 PERSONAS, lo que se traduce en una caída del 33,76% de las personas especialistas en la venta de productos pesqueros.Los cálculosSobre las estimaciones de la patronal, entienden que llegar a más de 1.900 euros, que tendrá que pagar el autónomo por primera vez por un trabajador que cobra el sueldo mínimo, es el resultado de sumar al SMI, las cotizaciones sociales a cargo del empleador, donde se incluye el 23,6% por contingencias comunes, el 5,5% por desempleo o el 0,67% del Mecanismo de Equidad Intergeneracional para pagar las pensiones del ‘baby boom’, entre otros. Y de añadirle las cotizaciones por accidentes y enfermedades laborales en sectores en los que se llega a alcanzar el 7,25%, como la industria o la construcción. Por otra parte, el consumo de productos pesqueros en España lleva en descenso en este mismo período, con una contracción del 32% en diez años. Una demanda a la baja que impacta en la posibilidad de repercutir esta subida de costes laborales, a la que hay que sumar el incremento de costes de gestión y burocráticos, critican desde la asociación.El sector agrario se sumaPor su parte, la patronal agraria Asaja también ha alertado de que si se incrementa el SMI en 50 euros este año, como ha propuesto la vicepresidenta, tras las revalorizaciones de los ejercicios pasados, el campo sufrirá «efectos devastadores», puesto que ya están creciendo diariamente los abandonos empresariales y los cierres de explotaciones.Así, explican que, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), España perdió 75.000 explotaciones agrarias en el periodo 2010-2020, a lo que habría que sumar al menos 5.000 explotaciones más por el goteo incesante y continuado de abandonos y cierres de explotaciones agrarias en los últimos cuatro años.De esta forma, Asaja señala que «los elevados costes de producción, las inclemencias meteorológicas, la competencia de producciones de terceros países y unos precios en origen que no permiten la rentabilidad hacen que el sector agrario no tenga margen para soportar nuevos incrementos de los costes salariales».
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