Sucedió en el segundo semestre de 2018. Los datos de la Agencia Tributaria reflejaron un crecimiento inusual de nada menos que el 37% de los beneficios declarados por las grandes empresas en el Impuesto de Sociedades respecto al ejercicio anterior, sin un motivo aparente que lo justificara. El Banco de España, no obstante, sí tenía una explicación: «Lo que hemos visto es que hay grandes empresas que han adelantado determinadas decisiones por el sesgo de la política económica ». ¿El sesgo de la política económica? En efecto. La nueva responsable de Hacienda del Ejecutivo socialista constituido tras el éxito de la moción de censura de Pedro Sánchez, contra Mariano Rajoy, María Jesús Montero, aprovechó sus primeras semanas de mandato para sentar las bases del cambio radical en la orientación de la política fiscal que se concretaría en los años siguientes y una de las medidas que anunció fue la imposición de un tipo fiscal del 5% sobre los dividendos de fuente extranjera ingresados por las multinacionales.En realidad la medida no se aprobó hasta la entrada en vigor de la Ley de Presupuestos de 2021 , dos años y medio más tarde, pero el mero anuncio desencadenó una repatriación masiva de dividendos por parte de las grandes empresas para evitar ese golpe fiscal. El episodio ilustra el efecto que los anuncios de cambios regulatorios tienen en los actores económicos y justifica la reprobación que el paquete de medidas fiscales en materia de vivienda anunciado el pasado lunes por el Gobierno ha merecido al Registro de Asesores Fiscales (REAF) del Consejo General de Economistas. «Estos anuncios de carácter general que luego se matizan son terroríficos», ha subrayado este viernes el presidente de los economistas españoles, Valentín Pich, que ha pronosticado también que el anuncio de una penalización fiscal sobre las compras de vivienda por parte de extracomunitarios -que ya ha saltado a las páginas de prestigiosas publicaciones como el Financial Times o The Economist- tendrá impacto sobre la inversión «aunque finalmente no se apliquen».Noticia Relacionada estandar Si El ‘impuestazo’ a compradores extranjeros de viviendas revuelve a la Costa del Sol J. J. Madueño La medida del Gobierno va contra los extracomunitarios no residentes que quieran comprar una residenciaEs lo que se denomina ‘efecto anuncio’ y es una práctica habitual en la política fiscal del Gobierno que desde el ámbito de la asesoría fiscal se ha criticado con frecuencia. Una vez más con motivo del anuncio de nuevos cambios en la fiscalidad de la vivienda realizado el pasado lunes por el Gobierno, que entre otros incluye el establecimiento de algún tipo de penalización fiscal, que Sánchez avanzó que podría ser de hasta del 100% del valor de la vivienda , a los extracomunitarios no residentes que quieran adquirir una vivienda en España.Un anuncio que ha tenido una fenomenal repercusión internacional, especialmente en el Reino Unido, pero que el Gobierno no ha concretado. El REAF ve vías de agua en la propuesta porque para empezar no se ha dicho si se hará a través de un nuevo impuesto específicos sobre las compras de viviendas de extracomunitarios, a través del establecimiento de un régimen especial en el IVA o a través del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, que es el que grava las viviendas de segunda mano, y en segundo lugar porque si fuera a través de esta última figura la medida podría ser desactivada por las comunidades autónomas, que son las que tienen la competencia para fijar los tipos de este impuesto. Lo que tiene claro es que «puede desincentivar las inversiones en España».Conflictos, distorsiones, incertidumbre…Los asesores del REAF observan, igualmente, inconsistencias en el resto de medidas fiscales anunciadas. Juzgan por ejemplo que la exención de hasta el 100% de las rentas derivadas del arrendamiento a los caseros que rebajen un 5% el alquiler a sus inquilinos desactivará ‘de facto’ el marco de exenciones fiscales aprobado en la Ley de Vivienda , ya que ni siquiera requiere que las viviendas estén situadas en áreas tensionadas.Los asesores fiscales también advierten que la intención formulada por el Gobierno ya en varias ocasiones, aunque sin concretar porque requeriría del aval de Europa, de considerar la explotación estacional de la vivienda para alquiler turístico como un negocio y, por tanto, aplicar un tipo de IVA del 21% sobre los rendimientos obtenidos no solo podría provocar una reducción de la oferta de vivienda y un incremento de los precios en las zonas que estarían potencialmente afectadas por esta medida, sino que generaría importantes problemas operativos y distorsiones en el mercado al estipular dos tipos diferentes de IVA para actividades similares. El motivo es que mientras los alquileres turísticos de temporada estarían gravados con un 21%, los alquileres que ofrecen servicios asimilables a los de los hoteles a sus usuarios tendrían un gravamen del 10%.Asimismo el REAF entiende que asociar las ventajas fiscales de las socimi a su operativa con viviendas de alquiler asequible acarreará problemas. En primer lugar, porque el concepto de ‘alquiler asequible’ no está definido en ninguna ley y por tanto no se puede saber muy bien qué es y g enera inseguridad jurídica en un ámbito en que muchas sociedades no se dedican al alquiler residencial.
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