La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha llegado a la conclusión de que el comisionista Víctor de Aldama y el empresario Claudio Rivas estaban en la cúspide de la organización criminal que investiga por un fraude de 185,2 millones de euros perpetrado sólo entre 2022 y 2024, un liderazgo en «simbiosis» sin el cual, «la organización no tendría capacidad operativa ni delictiva al no existir otro miembro con los contactos necesarios para sustituirles, por lo que quedaría inoperativa». Así lo recoge un atestado al que tuvo acceso ABC incorporado al sumario del caso hidrocarburos que investiga el juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional con el foco puesto en la empresa Villafuel y que hasta ahora, permanecía bajo secreto. Por este asunto fueron detenidas once personas el pasado mes de octubre en distintos puntos de España, incluyendo a Rivas y Aldama, que acabaron en prisión provisional. Se encuentran ambos ya en libertad con cautelares. Según explican los investigadores, la mecánica era sencilla y análoga a otra decena de causas por fraude con hidrocarburos que se han analizado en los últimos años. La operadora, que cuenta con una licencia oficial sujeta a determinados requisitos, vende el fuel a un puñado de suministradoras dentro del depósito fiscal, por lo que no declara IVA. Son estas las que deben declarar el impuesto cuando ya fuera de ese cerco tributario, venden el fuel a las comercializadoras y/o los minoristas, como las gasolineras. Noticia Relacionada Fraude del IVA de hidrocarburos estandar Si El empresario que fichó a Koldo y un socio de Aldama, imputados en otro caso Isabel VegaEl problema es que las suministradoras sean empresas instrumentales bajo control de la operadora con testaferros al frente que no paguen el IVA para poder vender a las comercializadoras y las gasolineras el fuel por debajo del precio de mercado. En este caso, toda la cadena estaba bajo control del mismo grupo de personas y en última instancia, de Rivas y Aldama. «Existe certidumbre plena de que Claudio Rivas controla veladamente, tanto la operadora Villafuel como el resto de sociedades instrumentales interpuestas, manteniendo relación y frecuentes reuniones con personas que se encuentran vinculadas en el fraude de los hidrocarburos . Este control es compartido con Víctor De Aldama», señala la UCO. Cabe recordar que el caso Koldo reveló que Aldama gestionó a través de Koldo García, asesor del ministro José Luis Ábalos, una reunión clave para que Rivas consiguiese la licencia de operador para Villafuel. En 2021, después de esas gestiones, le fue denegada, pero la consiguió en septiembre de 2022. Debía reunir como requisito 3 millones de euros de capital y según la Guardia Civil, aquello también fue fraudulento, mediante documentos de pago de una suministradora que ya controlaba y por la que está imputado en otra causa de hidrocarburos, Still Growing. El informe destaca que las ventas de Villafuel «al incorporar a las mercantiles instrumentales (suministradoras) en la cadena comercial, y dos meses después de la obtención del título de operador, pasan de cero actividad en el sector a vender, en 16 meses, producto por cantidades superiores a 835,3 millones de euros ».Testaferros cualificados«La operadora Villafuel no es que se aproveche del fraude que terceros ajenos a la misma llevan a cabo a través de las suministradoras, sino que el conglomerado societario conformado por ésta operadora y las suministradoras, está creado, dirigido, implementado, controlado y administrado por Claudio Rivas, Víctor de Aldama y María Luisa Rivas», hermana de Claudio y situada como jefa de operaciones, «con la cooperación de Javier Cillán, Pedro Antonio Marín y Félix Aparicio», a quienes sitúa la investigación como «testaferros cualificados», todo, «con la finalidad de llevar a efecto la actividad defraudatoria». En cuanto a Aldama, era el experto en la creación de entramados societarios complejos, de ahí esa «simbiosis» entre ambos que refieren los investigadores. «Poseen los conocimientos globales y la capacidad necesaria para dirigir el correcto funcionamiento de la operativa criminal a todos los niveles, siendo imprescindible su papel para dar efectividad y continuidad de la actividad de la organización criminal y lograr el perfeccionamiento de los delitos contra la Hacienda Pública y por el blanqueo de capitales», señala.
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