El profesor etarra de Tudela abre el debate sobre el acceso a la función pública

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El profesor etarra de Tudela abre el debate sobre el acceso a la función pública

«Será legal, pero es indecente e inmoral», expresó ayer el alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, tras conocer que el etarra José Javier Oses Carrasco, Jotas, está impartiendo clases de Economía en un instituto público de Navarra desde el 8 de enero. La normativa de Acceso a la Función Pública determina que para poder presentarse a una oposición existe el requisito de « carecer de antecedentes penales por la comisión de delitos dolosos , requisito que deberá poseerse antes de finalizar el plazo de presentación de la documentación para efectuar el nombramiento como funcionario en prácticas». La cuestión es que Oses fue condenado a 8 años de cárcel por un tribunal francés: ¿Deberíamos entonces modificar la normativa para que en ella se incluyan los antecedentes penales en otros países? ¿Plantear una inhabilitación? Por ejemplo, en el caso de que un docente sea condenado por acoso o agresión sexual en el entorno académico un juez puede prohibirle llevar a cabo en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito. Desde Unión del Pueblo Navarro (UPN) adelantan a ABC que, en los próximos días van a presentar en el parlamento navarro u na iniciativa para modificar la norma de Acceso a la Función Pública para evitar, dicen, que lo ocurrido en Tudela se repita. «No es que no creamos en la reinserción, pero consideramos que el ambiente educativo no es el lugar para alguien que haya sido condenado por pertenecer a una banda terrorista». Interior le acusó de colocar un artefacto en la casa de un delegado del GobiernoAntes de los 8 años de condena en Francia en 2016 por su acción en el aparato logístico-militar de ETA desde comienzos de 2010 y hasta su arresto en la ciudad de Albi el 26 de junio de 2012, Oses había estado dos años en prisión preventiva en España. Le acusaron de pertenencia a organización terrorista, transporte y tenencia de artefactos explosivos, estragos e incendio. Fue puesto en libertad bajo fianza el 30 de enero de 2009. También fue acusado por el Ministerio del Interior de haber colocado un artefacto en la vivienda que el entonces delegado del Gobierno en Navarra, Vicente Ripa, tenía en la localidad de Miranda de Arga. El 21 de noviembre de 2007 fue detenido en Pamplona por la Guardia Civil en una operación contra la violencia callejera en la que fueron arrestadas un total de seis personas acusadas de estar implicadas en una treintena de actos violentos cometidos entre 2004 y 2007. Entre los ataques atribuidos al grupo había algunos dirigidos contra sedes socialistas y de UPN. El Ministerio del Interior les acusó de estar implicados en dieciséis ataques mediante la colocación de artefactos caseros, once lanzamientos de ‘cócteles molotov’ y cinco cortes de vías férreas.

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