Finalmente el sindicato mayoritario de los empleados públicos, Csif, ha decidido llamar a la huelga a medio millón de funcionarios para exigir al Gobierno que solucione la crisis de Muface , que amenaza con dejar sin asistencia sanitaria a 1,1 millones de trabajadores públicos y a sus familias (alrededor de 400.000 personas). De nada ha servido que la semana pasada el Ejecutivo ampliara el plazo ‘in extremis’ -el 27 de enero era la fecha límite- para resolver la segunda licitación, abriendo de nuevo el proceso para modificar los pliegos, o que diera plenos poderes a Óscar López, el ministro de Transformación Digital y para la Función Pública, para resolver el entuerto. En un comunicado, Csif asegura que valora positivamente «la voluntad de Muface para alcanzar un acuerdo modificando las condiciones ofrecidas a las aseguradoras y dejando sin efecto el plazo de presentación de ofertas», así como el acercamiento con Adeslas -la única que sigue en el proceso- que se ha dado a lo largo del fin de semana. Sin embargo, al sindicato ya no le valen las palabras . Ya se han abierto tres plazos sin que haya un acuerdo sobre la mesa, y mientras esto ocurre el sindicato no deja de recibir quejas sobre anulaciones y retrasos de citas médicas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas, debido a la falta de acuerdo entre Gobierno y aseguradoras.Noticia Relacionada Urge solución al desencuentro estandar Si La Moncloa apremia a Óscar López para que ponga punto y final a la crisis de Muface Bruno Pérez El Gobierno considera prioritaria la resolución del desencuentro con las aseguradorasEl mayor sindicato del sector quiere que «de una vez por todas», se lee en la nota, el Ejecutivo «presente una oferta económica que permita la viabilidad del modelo sanitario, con una asistencia de calidad que nuestros mutualistas han dejado de recibir». A esto se reduce toda la polémica, a la negativa de las aseguradoras a aceptar una propuesta que actualmente prevé un alza en las primas del 33,5% a tres años ( unos 4.500 millones de euros adicionales ), muy lejos del 40% que exigen las aseguradoras. De las tres compañías que venían prestando el servicio -Adeslas, Asisa y DKV-, actualmente solo Asisa se mantiene formalmente en la carrera, aunque a lo largo de la semana pasada hubo avances «significativos», según fuentes de las aseguradoras. Sea como fuere, los funcionarios han decidido no solo no reducir la presión contra el Gobierno, sino aumentarla con esta huelga, que tendrá lugar el próximo 13 de febrero . Al parón están llamados medio millón de empleados públicos de personal docente (tanto universitario como no universitario), centros de la Administración General del Estado (ministerios, organismos y dependencias adscritas, organismos oficiales y delegaciones de Gobierno, entre otros) y Correos. Los funcionarios de policía no pueden participar porque no tienen reconocido el derecho a la huelga, pero Jupol, el sindicato mayoritario de la Policia Nacional, apoya los motivos de la convocatoria. Paralelamente, hoy Csif ha anunciado que pondrá en conocimiento de la Fiscalía las situaciones de desatención sanitaria que ya están sufriendo los funcionarios de Muface, que a esta hora es quizá el problema más sangrante. Igualmente, el sindicato ha asegurado que respaldará las posibles acciones jurídicas que se deriven de las reclamaciones de los afectados, ya sea en la vía administrativa, civil o penal. Asimismo, exigen al Gobierno que convoque de manera inmediata al Consejo General de Muface para analizar la situación, y que publique el informe elaborado por la AIReF sobre la eficiencia del sistema de mutualidades y los cálculos de las aseguradoras sobre rentabilidad que el Gobierno tampoco ha hecho públicos.
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