La juez que investiga a Nacho Cano por delitos contra los trabajadores y los derechos de los extranjeros en relación a los supuestos becarios mexicanos que incorporó a las filas de su musical Malinche ha reclamado a la Inspección de Trabajo que elabore un nuevo informe sobre la situación de esos jóvenes que se suponía, estaban en prácticas formativas, porque la subinspectora que hizo la primera aproximación a la situación en que se encontraban en España «no llevó a cabo una labor de investigación completa». En un auto al que tuvo acceso ABC, la magistrada Inmaculada Iglesias toma esta decisión tras diseccionar ese primer informe, que llegó a la conclusión de que no había irregularidad alguna porque los 17 jóvenes, que entraron en España aleccionados para declarar que eran turistas, no ocupaban ninguna tarea en el musical que hubiese requerido de personal asalariado para ser realizada y que, efectivamente, se encontraban recibiendo formación en la escuela Jana Internacional siendo sus prácticas en Malinche parte de la misma. Sin embargo, «del informe y de la declaración judicial de la subinspectora» que acudió a ratificarlo, «resulta que la misma no llevó a cabo una verdadera labor inspectora » porque «ni visitó el centro de trabajo ni ha tenido acceso a las actuaciones judiciales en las que constan las investigaciones llevadas a cabo por el grupo de extranjería de Policía Judicial». Noticia Relacionada La Audiencia Nacional estandar No Descartan como prueba los whatsapps de la becaria que denunció a Nacho Cano Isabel Vega El tribunal considera que «la revancha que la denunciante haya podido tener» no afecta al fondo de la investigación sobre delitos contra los extranjerosAdemás, como subraya la magistrada, para emitir el informe «se basó en los datos obtenidos durante la visita a la Parroquia San Juan de la Cruz el día 27 de junio de 2024 », lugar donde se reunían los becarios para actividades, «en las manifestaciones realizadas por los becarios en dicho lugar y los trabajadores de la empresa y los representantes de estas y la documental aportada y consultada en la base de datos de la Tesorería General de la Seguridad Social». Añade que la subinspectora, en su declaración, ni siquiera «podía distinguir si el día de la visita» a esa parroquia los jóvenes «estaban recibiendo clases o ensayando el musical», que es lo que alegó en su denuncia la becaria expulsada Lesly Ochoa y lo que sostuvo como testigo de la defensa de Nacho Cano otra de las becadas, Victoria Hernández : «que la formación que recibieron los supuestos becarios consistió en ensayar el musical para poder representarlo posteriormente en México». También sostuvieron ambas, siendo defensa y acusación, «que ningún profesor de la Escuela Jana, que era la que tenía que expedir el título o certificado de estudios, les impartió clases». Las becas de Casa México, seis meses despuésSuma más cuestiones que «llaman la atención», como que las becas concedidas en concierto con Casa México se firmaron en junio de 2024, cuando los jóvenes llevaban en España desde el diciembre anterior o que esa testigo, Victoria Hernández, «era menor de edad cuando entró en España, sin visado de estudios y formando parte de los supuestos becarios que recibieron las instrucciones para simular una entrada turística».También que la subinspectora requirió las matrículas de todos a la escuela Jana y se conformó con un papel firmado por su director, «que no aportó tampoco la documentación acreditativa de la actividad de formación de cada uno de los becarios ni la documentación financiera de dicho proyecto» aunque se le había requerido. Tampoco aportó información de los profesores. «Del informe resulta que el día de la visita no había ningún profesor de la escuela Jana, siendo Susana Jové, quien se formó con Jana en el método de aprendizaje de la escuela, la persona que organiza la formación de los becarios de acuerdo a dicho método (…) e informa a la escuela del resultado obtenido por los becarios durante la formación», dice el auto. Recuerda que Delegación del Gobierno les negó las autorizaciones de estancia por estudios porque no se acreditó que fuesen a obtener un título o certificado. «No tuvieron disponibilidad de la dotación económica»Otro de los elementos que pone de relieve se refiere a los recursos económicos de las 17 personas becadas, pues «la subinspectora consideró que era suficiente el certificado de Malinche The Musical Spain» indicando que la beca era de 8.400 euros junto al justificante bancario, cuando «estos documentos ponen de manifiesto que los ‘supuestos becarios’ no tuvieron disponibilidad en ningún momento de la dotación económica de la beca».Concluye, así, que «resultando de lo expuesto que la subinspectora que emitió el informe, ratificado en sede judicial, no llevó a cabo una labor de investigación completa, procede requerir a la Inspección de Trabajo a fin de que emita informe, llevando a cabo las actuaciones que estime pertinentes para determinar si , tal y como concluyó el informe emitido por la subinspectora. existen los requisitos necesarios para determinar que la participación realizada por los becarios en el musical Malinche forma parte de las prácticas no laborales que realizan al amparo de la beca» y no concurre «una relación laboral encubierta».El auto adopta además otra decisión: Rechaza por innecesaria la declaración del abogado que llevó para Malinche los trámites de extranjería con los becarios y ordena que se cite a declarar como investigados al productor ejecutivo del musical, David Hatchwell y al administrador de Jana Producciones, Javier Muñoz, los mismos que iban a acudir como testigos hace unas semanas y a quienes se les cambió la condición a petición de la Fiscalía.
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