Siguiendo la reclamación que inició Oriol Junqueras (ERC) y su equipo de gobierno, en 2013, cuando este era alcalde de la población, y que hace poco más de tres meses secundó el consistorio en manos del PSC, con su alcalde Miguel Comino al frente, Sumar ha llevado a la Comisión de Defensa del Congreso una proposición no de ley para que el Gobierno de Pedro Sánchez cierre los pisos del cuartel de la Guardia Civil de Sant Vicenç dels Horts (Barcelona) y el edificio se transforme en «vivienda social de alquiler sostenible». De llevarse a cabo la medida, las 32 familias de los agentes que, actualmente, viven en la localidad tendrían que dejar el cuartel.En una especie de campaña continuada contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Cataluña, Sumar ha tomado la iniciativa de llevar a la Cámara Baja la petición al Ejecutivo del que forma parte la formación que lidera Yolanda Díaz de «priorizar de manera urgente los trámites para la cesión de uso o propiedad del edificio del antiguo cuartel de la Guardia Civil de Sant Vicenç dels Horts al Ayuntamiento del municipio para que pueda ser destinada a vivienda social de alquiler asequible», según consta en el texto de la proposición no de ley que se debatirá, probablemente a finales de este mes, en la Comisión de Defensa.El argumento habitacional que esgrime la formación de extrema izquierda en su escrito, consultado por ABC, es que la población, de la que Junqueras fue alcalde entre 2011 y 2015, «es el municipio de la comarca con una renta per cápita más baja y uno de los pueblos con más paro», lo que «provoca que el problema de la vivienda, generalizado en todo el país, afecte de manera más significativa si cabe a sus habitantes, especialmente a las personas jóvenes».Noticia Relacionada estandar No Marlaska, sobre la Jefatura de Layetana: «La Policía Nacional lleva años resignificando con su trabajo ese edificio» Elena Burés El ministro del Interior reitera que el CNP permanecerá en el inmueble, pese a la petición del presidente de la Generalitat, Salvador IllaSin embargo, el edificio de la Guardia Civil (inaugurado en 1989, gestionado por el Ministerio del Interior, en suelo municipal) tiene 36 viviendas de las que 32 están ocupadas por familias de los agentes de la Benemérita, que, según se desprende de la proposición no de ley, no son considerados por Sumar ciudadanos de la población y se les ‘invita’ a desplazarse «a pocos kilómetros de la localidad», concretamente a instalarse en la Comandancia de la Guardia Civil de San Andrés de la Barca (Barcelona), «una caserna más grande, moderna y con vivienda libre».La petición de expulsión de las familias de los agentes de la Guardia Civil de la localidad no es nueva. Fue el actual presidente de ERC, entonces solo alcalde del municipio en cuestión y que ya había pasado por el Parlamento Europeo, quien dio el primer paso para que la Benemérita dejara Sant Vicenç dels Horts. El caso llegó poco después de 2013 al Parlament catalán en forma de moción y quedó olvidado hasta que en 2022 se retomó la reivindicación municipal por parte de los comunes. La llegada del PSC a la alcaldía volvió a darle un empuje y en Sumar reconocen que «este año se han ido realizando trámites con el Ministerio del Interior para conseguir efectuar la cesión del espacio», pero la materialización final está «paralizada».Ceder vía Layetana de manera «inmediata»En paralelo a esta iniciativa y aprovechando la campaña de conmemoración de los 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco, los diputados de los Comuns en el grupo de Sumar Gerardo Pisaello y Aina Vidal ha remitido una carta al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, exigiéndole que ceda de manera «inmediata y definitiva» la comisaría de vía Layetana de Barcelona (la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Cataluña) al Ayuntamiento para convertir el edificio en un museo de memoria histórica contra la represión franquista y no se deje pasar la ocasión de los 50 años sin Franco solo «en gestos simbólicos condescendientes con hitos de la transición».Según Pisaello y Vidal, «no hay justificación operativa» del Ejecutivo para que la Policía Nacional mantenga su sede central de Cataluña en vía Layetana, 43 (un punto simbólico de reivindicación de los independentistas durante el ‘procés’ secesionista de 2017) dado que tiene alternativas en otros puntos de Barcelona, como es el complejo del barrio de La Verneda. En este sentido, los peticionarios acusan al ministro de mantener la sede policial central en Layetana por una «inercia institucional que perpetúa la impunidad del franquismo». Y ha añadido: «La cesión inmediata de vía Layetana, 43 es un acto de justicia histórica, un paso imprescindible para una democracia comprometida con la vedad, la justicia y reparación»,
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