Letrada de las Cortes y vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la cuota de juristas, Isabel Revuelta ha sido una de los cuatro vocales designados para el grupo de trabajo al que se le encomendó elaborar la propuesta de reforma del sistema de elección de los doce jueces que, junto a los ocho juristas, forman parte de este órgano. A punto de cumplirse el plazo legal, y ante las diferencias irreconciliables entre conservadores y progresistas en torno a la intervención parlamentaria en este proceso, ambos bloques optaron esta semana por enviar al Gobierno y al Parlamento dos propuestas antagónicas. «Se ha perdido una oportunidad histórica» para poner sobre la mesa una única propuesta, dice Revuelta, que considera que la del grupo progresista no respeta los estándares europeos. -El ministro Bolaños ha vuelto a avalar esta semana la elección parlamentaria de los doce jueces del CGPJ. ¿Cree que en algún momento ha habido una voluntad real en el Gobierno de cambiar el actual modelo?-Lo ignoro. Sólo sé lo que he hablado con los vocales del Consejo.Noticia Relacionada estandar Si El sector progresista del CGPJ quiere que los doce vocales judiciales superen una entrevista en el Congreso Nati Villanueva-Se lo digo porque cuando Pons y Bolaños firmaron este acuerdo en junio, al día siguiente ya había distintas interpretaciones sobre la disposición adicional que les encomendaba esta propuesta.-Conozco la voluntad del legislador, que es fruto de un pacto y está plasmada en la disposición adicional cuyo mandato es clarísimo. Establece unos parámetros transparentes y concisos para la propuesta que se le debe enviar al Gobierno, al Congreso y al Senado. El Consejo, único destinatario de la disposición adicional, tenía que enviar una propuesta respetuosa con la independencia judicial.-Sin embargo, presentan dos diametralmente opuestas. Una elimina la intervención parlamentaria y la otra, lejos de despolitizar el órgano, atribuye un control más férreo a los vocales judiciales. ¿No es un paso atrás?-Está claro que hay distintas sensibilidades acerca de cuál debe ser la legitimidad de origen de los miembros del Consejo. Hay un grupo de vocales que considera que esa legitimidad de origen debe ser exclusivamente la democrática y hay otro grupo de vocales, nosotros, que cree que, junto con la legitimidad democrática, con los ocho vocales juristas, debe haber también otra legitimidad de origen, la de los vocales jueces, que tienen que ser elegidos por sus pares, como indican las instituciones europeas de manera unánime en sus estándares.-Entonces la propuesta del grupo progresista supone un paso atrás respecto a esos estándares europeos…-Desde luego nosotros no la consideramos acorde a los estándares europeos, que son muy claros, están muy definidos y se repiten constantemente: los vocales de procedencia o del turno judicial del Consejo deben ser elegidos por sus pares sin interferencia de los poderes políticos. -El pleno acordó elevar las dos propuestas a la Comisión de Venecia, ¿qué cree que dirá?-Comparará las propuestas con los estándares que ella recomienda y emitirá su opinión, pero tenemos que tener claro que la Comisión de Venecia no se dedica a dirimir disputas internas entre Estados.-Si dijera que la propuesta de los progresistas no cumple esos estándares, ¿qué pasaría?-Los estándares no son vinculantes, forman parte de lo que se denomina ‘soft law’, no son normas de derecho positivo aunque la Unión Europea ha ido estableciendo vías para conseguir que tenga una eficacia indirecta pero sólida. El informe sobre el Estado de derecho nos lleva advirtiendo sistemáticamente desde el año 2021. Dice «inmediatamente después de la renovación, emprenda un proceso de revisión legislativa sobre la elección de los vocales judiciales» y esa elección debe cumplir las normas europeas. En el caso del Grupo Greco llevan desde 2013 diciéndonos que en España hay un problema con la percepción de politización de la justicia. Y este problema preocupa muchísimo a las instituciones europeas del Consejo de Europa y de la Unión Europea. Y también la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Los riesgos de politización de los que advirtió el Tribunal Constitucional en 1986 se han cumplido. A la vista está que hemos estado seis años con un bloqueo político sin poder renovar. -¿Usted se siente condicionada por el hecho de que la propusiera el PP?-Yo fui elegida por mayoría de tres quintos del Senado y, por lo tanto, me siento legitimada por la Cámara que debe otorgar legitimidad a mi nombramiento. Esta es la única vinculación que tengo con esas cámaras, aparte de proceder profesionalmente del Cuerpo de Letrados de las Cortes Generales.-Da la sensación de que se ha evitado un encontronazo entre los dos bloques. El hecho de que por unanimidad hayan acordado que no hay acuerdo suena a que conviene llevarse bien de cara a los próximos nombramientos, a un pacto de no agresión.-Tiene que ver con la naturaleza de este Consejo, que es un Consejo que quiere construir, no deconstruir.-¿Y no se ha perdido una oportunidad de construir?-Se ha perdido una oportunidad histórica para presentar una única propuesta sobre la elección de los vocales judiciales porque es la primera vez que el legislador incorpora las recomendaciones europeas en una norma de derecho positivo (la disposición adicional) convirtiéndolas en vinculantes para los destinatarios del mandato, que somos los miembros de este Consejo. -Antes decía que hay un problema con la percepción de politización de la justicia. ¿Cree que el Gobierno está influyendo en esa falta de apariencia de imparcialidad con sus ataques al poder judicial?-La independencia del poder judicial, como dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es la piedra angular del Estado de derecho. Y desde el Consejo seguiremos luchando por que siga existiendo esa independencia.
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