El Consejo de Ministros tomará en su reunión ordinaria de este martes una medida excepcional para paliar los desvastadores efectos de la dana que causó más de doscientos muertos a finales del año pasado en distintas localidades de la provincia de Valencia. Se trata, como adelantó ayer ‘El País’ y pudo confirmar este periódico, de regularizar a unos 25.000 inmigrantes sin papeles que se vieron afectados por las riadas. Unos de ellos alcanzados en primer lugar y otros sus familiares más directos, que se beneficiarán de autorizaciones de residencia y trabajo. Esta regularización de decenas de miles de ciudadanos extranjeros sin residencia legal en nuestro país se inscribe dentro de un nuevo paquete de medidas de ayuda, que se dará a conocer en la habitual rueda de prensa posterior a la reunión del Gabinete. También supondrá la agilización de trámites para cerca de 100.000 extranjeros de fuera de la Unión Europea (UE), estos sí empadronados y con los papeles en regla. Entre otras cosas, se facilitará la renovación de permisos de residencia, algunos de ellos con fecha de vencimiento próxima.Noticia Relacionada estandar No La primera querella colectiva de afectados por la dana se abre paso en los tribunales David MarotoPara encontrar medidas similares hay que remontarse a sucesos igualmente excepcionales como la pandemia, cuando igualmente se prorrogaron determinados permisos de residencia prontos a caducar. Más atrás en el tiempo, una regularización muy similar se efectuó con motivo de los atentados yihadistas del 11 de marzo del 2004 en Madrid. En aquella ocasión, el Gobierno de José María Aznar, en una medida anunciada por el propio presidente justo después de la masacre, instó a los extranjeros sin permiso de residencia que fueran víctimas del atentado a acudir sin temor a las autoridades, como el resto de víctimas, ya que serían regularizados. Se les concedió, además, la nacionalidad española por carta de naturaleza. En las semanas posteriores a las riadas, afloraron multitud de negocios, algunos de ellos de hostelería, arrasadas por las lluvias y que eran regentados por ciudadanos extranjeros. Las medidas de regularización que se aprobarán hoy llevan meses siendo estudiadas, como manifestó hace dos semanas la ministra de Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, quien apeló el pasado 29 de enero al «rigor jurídico» y a la «sensibilidad» con la que se va a acometer dicho plan. Para acceder a las ayudas que se vienen prestando, además del Documento Nacional de Identidad, el DNI, o documentos oficiales análogos, se requieren en ocasiones otro tipo de papeles como contratos de trabajo, contratos de arrendamiento o cuentas bancarias. Algo que ya de por sí, y como han comprobado las autoridades valencianas y las del Gobierno central en los últimos meses, excluye a decenas de miles de afectados por las terribles riadas que anegaron a unos 80 municipios, fundamentalmente de Valencia, pero también de otras provincias y comunidades autónomas, como Castilla-La Mancha.Motivos excepcionalesLa regularización de esos 25.000 inmigrantes en situación irregular a la que el Consejo de Ministros dará luz verde hoy mismo se producirá por circunstancias excepcionales y sobrevenidas, aunque puede que sirva para alimentar otras reivindicaciones en la misma materia. En ese sentido, diversas ONG promueven desde hace tiempo una Iniciativa Legislativa Popular, una ILP, cuyo debate permanece de momento estancado en el Congreso de los Diputados, y que pretende acometer una regularización sin motivo excepcional alguno para cientos de miles de extranjeros sin una residencia legal en nuestro país.La ILP se arrastra desde la legislatura pasada y de momento no tiene una mayoría clara en el arco parlamentario para su aprobación. En abril del pasado año 2024 fue admitida a trámite por el pleno de la Cámara Baja, pero de momento su tramitación, que puede incluir como es habitual un proceso de enmiendas, es muy incierto, pese a las buenas palabras genéricas con las que el Gobierno la ha recibido, incluidas de la ministra del ramo, la citada Saiz.Hasta ahora, la regularización masiva de ‘sin papeles’ que hoy aprobará el Gobierno se había pospuesto a la espera de afinarla jurídicamente, como el Ejecutivo afirma haber hecho.
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