El acuerdo para elevar el salario mínimo interprofesional (SMI) que ayer rubricó la vicepresidenta segunda , Yolanda Díaz, con los líderes de CC.OO. y UGT incluye una propuesta para que a partir del próximo año el SMI pueda subir de forma automática. La ministra de Trabajo quiere aplicar una fórmula que los sindicatos venían demandando en las negociaciones para determinar por ley cuál debe ser el incremento de cada año en función de una variable: el 60% del sueldo medio. Así se lo había planteado ya Trabajo a los agentes sociales, en lo que era el esbozo de una medida que ahora se ha incorporado en la norma que pasará hoy por el Consejo de Ministros y que cambiaría las dinámicas al negociar, acordar y aprobar el SMI en España.Díaz ha incluido esta novedad en el texto firmado ayer, al que ha tenido acceso ABC, con la que se abre otro frente en el seno del diálogo social habida cuenta de las discrepancias que Trabajo ha tenido con la patronal con alzas como la de este año, del 4,4%, hasta los 1.184 euros al mes. Lo hace basándose en una directiva europea que insta a los Estados miembro a «establecer mecanismos de indexación automática». De esta forma, la subida del salario mínimo se materializaría como ocurre ahora, por ejemplo, con la revalorización de las pensiones, fijadas con la media de la inflación del último año. Aunque la propuesta de Trabajo contiene muchos matices que se irán limando en las conversaciones de los próximos meses.El Ministerio va a convocar a los agentes sociales en el plazo de dos meses para iniciar esas negociaciones acerca de cómo establecer las alzas de los futuros SMI; un salario que ha pasado de abarcar a unos centenares de miles de trabajadores, cuando en 2018 se encontraba en los 735 euros ; a hacerlo ahora a dos millones largos de empleados, porque cada vez hay más ciudadanos que cobran el SMI, al subir un 50% en estos seis últimos años; o un 60% si se incluyen costes sociales. Díaz se compromete a negociar los términos de esa norma durante este año para después materializarla en un anteproyecto de ley que pasaría por Consejo de Ministros y después necesitaría el aval de un Congreso de los Diputados completamente fragmentado en el que el Gobierno de coalición le cuesta sacar sus medidas más importantes , como el ómnibus. Una media imprecisaEsa ley también supondrá un cambio en el Estatuto de los Trabajadores. Hasta ahora, el artículo que regía este sueldo base obligaba al Gobierno a negociar son las organizaciones sindicales y empresariales el nuevo SMI de cada año, aunque la potestad es exclusiva del Ejecutivo, que debe hacerlo, según indica la norma, según la inflación, la productividad, el incremento del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica en general. Esa directiva comunitaria aporta una orientación en la que indica que el salario mínimo debe fijarse en relación al 60% «de la mediana salarial bruta». Un aspecto técnico que tiene mucha relevancia para la propuesta de Díaz, que aboga por un 60% de «la media» de los sueldos en España. Los últimos datos del INE apuntan a que el sueldo medio español se mueve en torno a los 2.273 euros al mes , según la última Encuesta de Condiciones de Vida de Estadística, pero la mediana (el registro que parte en dos a todos los trabajadores) es de 1.935 euros ; una cuantía inferior –más de 300 euros de diferencia al mes– a la que busca Trabajo para actualizar el salario mínimo con su objetivo.Los empresarios han mostrado su discrepancia sobre este cambio normativo. En primer lugar porque, indican fuentes de la patronal, se rompe por completo la negociación colectiva. Si va a ser una ley la que determine las subidas del sueldo de millones de españoles –los que menos cobran–, el diálogo social en miles de empresas o sectores se ve arrinconado frente a la norma que fije el Gobierno. Además, esas mismas fuentes insisten en el efecto volatilidad: si el salario mínimo siempre va a subir en función del sueldo medio, se generará una espiral alcista que incrementará aún más el coste laboral de todos los trabajadores. La propuesta del Ministerio de Trabajo llega en un contexto complicado con los empresarios después de que la patronal se haya salido del acuerdo para subir el salario mínimo este año por considerar que muchos negocios no pueden aguantar este ritmo de subidas, que implica un coste medio por trabajador de casi 2.000 euros, incluidos todos los costes sociales. Además, la relación es aún más tensa tras acordar el anteproyecto para reducir la jornada laboral a 37,5 horas, otra medida que CEOE y Cepyme han rechazado. Este texto, que ya pasó por el Consejo de Ministros la semana pasada, va a iniciar en poco tiempo el trámite parlamentario. El Ejecutivo necesita los votos de Junts, además de los de ERC o PNV, entre otros para sacar adelante la medida estrella de Díaz para esta legislatura. Última palabra de MoncloaLa visión del Ministerio de Trabajo va en la línea de la revalorización de las pensiones. Una subida que el gobierno de turno debe realizar en función de la inflación media de los últimos 12 meses. Y no podrá suponer que ningún Ejecutivo pueda manejar el SMI a su conveniencia. Sin embargo, la propuesta incluye un arma de doble filo, ya que Trabajo habla de que el SMI suba hasta alcanzar ese objetivo del 60%. Como mínimo. Y este matiz es muy importante porque el Gobierno podrá elevar este sueldo base por encima de los cálculos para alcanzar ese objetivo en función de las circunstancias de la economía y el mercado laboral. Es decir, que si un año el Ministerio de Trabajo opta por elevarlo aún más de ese mínimo establecido por ley, podrá hacerlo, siempre que salga adelante la propuesta de Díaz.El Consejo de Ministros de este martes validará ese acuerdo entre Trabajo y los sindicatos para elevar en 50 euros al mes el salario mínimo hasta los 1.184 euros. Lo hace con carácter retroactivo desde el 1 de enero y sin saber aún si Hacienda está dispuesta a obligar a tributar por este incremento anual (700 euros) a los más de dos millones de beneficiados en el Impuesto de la Renta (IRPF). Díaz pidió ayer a Hacienda que suba los impuestos a los sueldos altos y no a quienes cobran el SMI. La ministra de Trabajo indicó que el salario mínimo es una herramienta «hiperpoderosa» para reducir la desigualdad y la pobreza laboral. Y cargó contra «los enemigos de España» no se encuentran en el alza del SMI que se va a poner en marcha, sino «en los fondos de inversión, que son los que están especulando con la vida de la gente».Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, pidió a la CEOE que «se siente a negociar» en los convenios colectivos si lo que quiere es que este tema pase por la negociación colectiva. «No que nos digan que esto hay que llevarlo a los convenios colectivos para luego no negociar en los convenios colectivos aumentos salariales que permitan superar esta situación que tenemos en nuestro país», indicó. La idea de los sindicatos es que habrá que aplicando subidas «de cierta dimensión» a medio plazo.
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