La defensa del exministro Eduardo Zaplana ha aseverado este miércoles que el también expresidente de la Generalitat Valenciana ha sido víctima de un «montaje desde el primer minuto» para incriminarle en el caso Erial y se ha referido a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como una policía que ha actuado «sin control judicial» que «no creemos que sea moderna», sino «propia de un régimen anterior al de 1978«. Asimismo, el abogado Daniel Campos ha cargado duramente contra los pactos de la Fiscalía, con cuatro de los acusados que han confesado los hechos, en la recta final del juicio que se sigue en la Audiencia de Valencia.Como indicó en sus conclusiones definitivas durante la sesión anterior, el fiscal pide para el antiguo dirigente del PP 17 años de cárcel -dos menos de los solicitados inicialmente- y una multa de 40 millones de euros por los presuntos delitos de grupo criminal, blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación y falsedad en documento mercantil. Lo sitúa en el centro de una trama que amaño los concursos públicos de las ITV y los parques eólicos de la Comunidad Valenciana, derivó mordidas millonarias a sociedades extranjeras gestionadas por testaferros y las retornó a España a través de mercantiles y operaciones inmobiliarias.Tras levantar los cargos hacia tres acusados, cuatro de los doce procesados actualmente -los arrepentidos- eludirán la prisión al enfrentarse a penas menores a dos años por cada delito que se les imputa, pero tendrán que hacer frente a multas que suman casi once millones de euros.El letrado de Eduardo Zaplana ha criticado «la falta de transparencia» y la «clandestinidad» con la que Anticorrupción «ha llevado» esas conformidades. «Debería habernos citado a todos», ha señalado, aludiendo a los protocolos e instrucciones de la Fiscalía General del Estado. «Todo el mundo tiene derecho a conformarse o a recibir una propuesta del fiscal, incluso el señor Zaplana», ha indicado. «Ha habido una igualdad de trato sospechosa», ha aseverado, al tiempo que ha argumentado que «parece que querían buscar unas declaraciones que incriminaran a Zaplana porque las pruebas que tenían eran absolutamente insuficientes».Según Campos, los confesores -su amigo íntimo Joaquín Barceló; su jefe de gabinete en Presidencia de la Generalitat, Juan Francisco García y los empresarios Vicente y José Cotino, sobrinos del político fallecido Juan Cotino- se han negado a contestar al resto de defensas, «eludiendo la contradicción», y han realizado «declaraciones que tampoco son coherentes entre sí» y «no son creíbles».A juicio del abogado, los agentes de la Guardia Civil «han hecho lo que han querido y como han querido» para fabricar «una verdad artificial« y ir apuntalándola durante una investigación, llevada a cabo «sin límites», que se inició en noviembre de 2015, aunque las detenciones no se produjeron hasta mayo de 2018. De hecho, ha criticado que entonces »no había nada« para que su representado ingresara en prisión provisional. »Cuando iba a verle a la cárcel de Picassent, me decía: «Esto me lo han montado», ha relatado.Campos ha seguido así la teoría de la conspiración contra el antiguo dirigente del PP que el excomisario José Manuel Villarejo expuso en su declaración como testigo, en la que señaló que Juan Cotino -exdirector general de la Policía- tenía orden del entonces presidente del Gobierno Mariano Rajoy de urdir un plan contra Zaplana porque temía por su liderazgo en el PP. Algo que se les negó la posibilidad de contratar en instrucción: «Yo he oído las grabaciones en las que Cotino, junto al jefe entonces de la UDEF y Villarejo estaban hablando de cómo montarle un cohecho a Zaplana».Las pesquisas del caso Erial se iniciaron a raíz de la aparición de unos documentos durante un registro de la UCO al despacho del abogado del exgerente de Imelsa Marcos Benavent -autodenominado ‘yonqui del dinero’- , en el marco del caso Taula.Cinco hojas que le había entregado un empresario sirio -representante de la comunidad islámica en Valencia- tras encontrarlos en una vivienda alquilada en la ciudad que antaño había sido propiedad de Zaplana. En ellas se señalaba la manera de proceder en varios concursos públicos: las empresas que debían ser elegidas y el importe que tenían que abonar los cohechadores para ganar esas licitaciones.Benavent, que ha ido cambiando su estrategia judicial en los últimos años, apuntó que este ciudadano sirio era colaborador del CNI, que estaría detrás de la confección de estos documentos.La defensa del que fuera portavoz del Gobierno de José María Aznar considera que esos papeles -que aparecieron «milagrosamente»- no deberían haber sido intervenidos porque no tenían relación con Taula. «No hay pruebas -el análisis de ADN resultó negativo- de que el señor Zaplana haya tenido contacto con esos papeles, ha agregado. «La versión oficial es la que es claramente falsa». «Es imposible materialmente que esos papeles fueran dejados en ese domicilio en diciembre de 2006 -cuando el exministro vendió la casa a un notario- como muy tarde», ha afirmado, pues incluyen datos registrales de una sociedad que no se pudieron incorporar hasta 2008 y llevan una fecha de impresión de 2009.
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