La estrategia estaba muy clara desde el primer momento. El PSOE quería estirar todo lo posible la investigación judicial sobre el presunto abuso en los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS), con el objetivo de abrir una importante vía de agua al Gobierno de Juanma Moreno , que apenas acusa desgaste después de seis años y medio de gestión. En este empeño, el principal partido de la oposición solicitó, mediante una ampliación de su querella , abrir el foco de la investigación a las plataformas logísticas sanitarias provinciales para convertir el proceso contra tres gerentes del SAS en un nuevo caso de corrupción. No en un caso cualquiera, sino un «colosal fraude», aún sin cuantificar, que los letrados que llevan la acusación popular ejercida por el PSOE llegaron a comparar con el escándalo de los ERE que anidó en la Administración autonómica bajo los mandatos socialistas. Pero la apuesta del PSOE por montar una «causa general» contra la Junta de Andalucía en manos del PP ha tropezado dos veces con los jueces que investigan los contratos sanitarios. Dos magistrados distintos, quien inició estas diligencias previas —Javier Santamaría— y el que lo ha sustituido — José Antonio Gómez Díez — tras haber ganado la plaza como titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla, han t umbado el recurso de reforma que había presentado el PSOE para extender las pesquisas desde los servicios centrales del SAS a los encargos realizados por las plataformas de gasto de las provincias. El segundo magistrado no se ha limitado a confirmar íntegramente la resolución adoptada por su antecesor. En un auto emitido el pasado 10 de febrero, Gómez Díez va más lejos y lanza un duro rapapolvo a la estrategia jurídica del PSOE por solicitar, aun reconociendo que «no dispone de indicio alguno» , la imputación a siete responsables provinciales de los centros de gasto de la agencia sanitaria de la Junta de Andalucía por supuestos delitos de malversación, falsedad en documento público y organización criminal. En esta causa penal, iniciada tras una denuncia presentada por los 30 parlamentarios socialistas, están siendo investigados los exdirectores del SAS entre 2019 y 2023, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas, y la actual responsable, Valle García Sánchez.El PSOE asegura que el caso «no se está desinflando» El portavoz adjunto del PSOE de Andalucía, Josele Aguilar, quitó ayer hierro al rechazo del juez a su ampliación de la querella por los contratos presuntamente «ilegales» del Servicio Andaluz de Salud (SAS) que ha denunciado el Grupo Parlamentario Socialista. En una rueda de prensa, aseguró que el proceso «no se está desinflando» y «continúa» adelante, incluso con una solicitud del juez instructor de «importante documentación» al Tribunal de Cuentas. El nuevo juez no ha determinado «que no haya irregularidades en las provincias a la hora de hacer las contrataciones en cada uno de los distritos sanitarios» y lo reduce a un problema de competencia judicial.El caso de los contratos del SAS no ha cogido el vuelo que esperaba el PSOE, que cifró el supuesto fraude en más de 240 millones de euros , y que en sus escritos ya apuntaba directamente hacia la cúpula de la Junta. El juez Gómez Díez argumenta que acceder a la pretensión del principal grupo de la oposición equivaldría a abrir una «causa general o inquisitorial», sin ningún elemento al que agarrarse , para «investigar toda la contratación de los servicios centrales del SAS y la Consejería de Salud», algo que está expresamente prohibido tanto por el Tribunal Constitucional como por el Tribunal Supremo. «Someter a una persona a investigación prospectiva que es ‘del todo incompatible con los principios de un Estado democrático de Derecho’», le recuerda el juez, que parafrasea una doctrina del Supremo plasmada en seis sentencias distintas que cita en su auto.Para armar su ampliación de querella, el abogado Alfonso Martínez del Hoyo –del bufete Constitución 23–, se basa «simplemente en lo que llama ‘por pura lógica’, ‘muy pausible y probabilísima realidad’, sin ni siquiera exponer los argumentos por los que concluye semejante afirmación», le reprocha el instructor. Es decir, el PSOE en su recurso «viene a reconocer que no dispone de indicio alguno » de que «hayan existido directrices o instrucciones de los servicios centrales» del SAS.Una instrucción prohibidaLa petición del Grupo Socialista «desbordaría injustificadamente los límites materiales del objeto de la ‘notitia criminis’», es decir, la noticia de la apariencia de la posible comisión de un delito. Lo que persigue es, a juicio del magistrado instructor, «una indagación o causa general sobre la actividad de dichas entidades para, posteriormente, en virtud de lo averiguado, imputar a la misma unos hechos concretos, lo que ha sido prohibido por el Constitucional , al indicar que la prohibición de ‘inquisitio generalis’ (causa general o inquisitorial) está dentro del derecho a un proceso con todas las garantías que proclama el artículo 24.2 de la Constitución».En un auto del pasado 7 de enero, el juez Javier Santamaría desestimó ampliar la querella del PSOE porque no aportaba pruebas que permitieran establecer una conexión entre los nuevos encargos denunciados y unas «instrucciones» de los servicios centrales del SAS, en los que se centra la investigación. Añadía que él no era competente para indagar dichos hechos. El nuevo instructor del caso no atiende tampoco la petición subsidiaria del PSOE para enviar el caso a los juzgados decanos de las ocho provincias andaluzas para su correspondiente reparto e investigación.
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