La presunta trama de blanqueo que investigan las autoridades francesas, suizas y españolas vinculada a la venta de oro de Venezuela -a la que, según la Fiscalía Anticorrupción, la aerolínea Plus Ultra destinó fondos después de recibir los 53 millones de euros del rescate concedido por el Gobierno -, operaba a «gran escala» y habría beneficiado a «personas con sanciones internacionales». Además la red, también bajo el foco por supuestamente lavar dinero malversado del programa impulsado por Nicolás Maduro para proporcionar alimentos a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), habría tenido acceso a información privilegiada para sus operaciones económicas y creado una empresa en isla Mauricio «para ocultar sus actividades». Es lo que alertó la Justicia francesa, en concreto el Parquet National Financier (PNF), a la Fiscalía de Ginebra cuando solicitó cooperación jurídica en 2024.Noticia Relacionada estandar Si Anticorrupción cree que el rescate de Plus Ultra se usó para blanquear Adriana CabezasVentas ilegales de oroTres años antes, en octubre de 2021, las autoridades helvéticas habían abierto su propia investigación tras recibir un aviso del organismo encargado de combatir el lavado de dinero en Suiza, Money Laundering Reporting Office Switzerland (MROS, por su acrónimo en inglés), que había detectado operaciones sospechosas en cuentas bancarias del país.Ya entonces se apuntaba a movimientos de dinero vinculados a «actos de corrupción y/o malversación de fondos públicos posiblemente cometidos en Venezuela». Y a que la misma estructura financiera, con sociedades y cuentas bancarias radicadas en Suiza, se habría utilizado asimismo para introducir en el sistema económico legal fondos procedentes de «ventas potencialmente ilegales de oro» del Banco de Venezuela. Así consta en la documentación consultada por ABC, que revela que la Fiscalía de Ginebra dirige por estos hechos una investigación contra cuatro personas: una mujer de nacionalidad francesa, que responde a las iniciales M.B y figura como dueña de una mercantil, Osaka Group Sàrl , cuyo objeto social, según el registro mercantil, es «prestar, tanto a particulares como a empresas, todos los servicios y consejos relativos a la organización y planificación de las tareas administrativas»; su exmarido L.B.; el hermano de éste y un cuarto individuo establecido en Ginebra. Se les atribuye a todos un delito de blanqueo de capitales agravado, recogido en el Código Penal suizo.Las pesquisas apuntan a que los cuatro investigados se habrían concertado para establecer «tramas financieras utilizadas» para blanquear los fondos a través de mercantiles y cuentas radicadas en Suiza así como a través de «transferencias de importantes flujos financieros, incluso a través de sociedades situadas en varios países» -entre ellos España y Francia- «y gestionadas por personas interpuestas».«Personas sudamericanas»Algunas de estas transferencias, según la Fiscalía de Ginebra, «beneficiaban a personas de diferentes nacionalidades (en particular, sudamericanas)», y estaban destinadas a invertir sumas «muy elevadas» en diversas clases de activos, «con gran discreción».Aunque la investigación cogió impulso en 2024 cuando Francia informó a Suiza de sus avances y alertó de que la misma trama estaba inmersa en actividades de blanqueo de «gran escala», con las que también se habría beneficiado a «personas sometidas a sanciones internacionales». En su caso había sido un año antes, en diciembre de 2023, cuando la Autoridad de los Mercados Financieros, un organismo público independiente encargado de velar por el correcto funcionamiento de los mercados, alertó a la Justicia gala de que dos individuos de la red «habían organizado importantes flujos financieros , sin ninguna lógica económica» y que en los últimos años habían obtenido «importantes ganancias» con «operaciones particularmente oportunistas». Se cree que tenían acceso a información privilegiada de manera regular. El informe remitido por las autoridades francesas revelaba además que la trama -«para ocultar sus actividades»-, había utilizado un intermediario financiero con sede en isla Mauricio y, con el mismo fin, había creado allí en 2020 una empresa que supuestamente «prestaba amplios servicios de gestión de patrimonios» y de «transferencias y pagos». Ya en 2024, tanto la Fiscalía de Ginebra como el Parquet National Financier francés se dirigieron a la Fiscalía Anticorrupción española para solicitar cooperación. El primer organismo, para practicar un registro en un domicilio de Mallorca de una persona vinculada a la organización criminal; mientras que el segundo, para solicitar lo propio en viviendas ubicadas en Madrid y Tenerife. Fue entonces cuando el análisis de la información enviada por ambos países propició que Anticorrupción presentara una denuncia ante la Audiencia Nacional el pasado octubre. La misma organización criminal asentada en Francia y Suiza estaba también operando en España, «presuntamente constituida por personas extranjeras, nacionalizados españoles» y, al menos, un abogado madrileño.Asimismo, la trama de blanqueo, vinculada a la venta de oro de Venezuela y lavado de fondos supuestamente malversados por funcionarios de la república bolivariana en torno al programa CLAP, alcanzaba tal « envergadura » -denunció la fiscal Anticorrupción-, que con sus actividades se había producido una defraudación al Estado, debido a que se había hecho un «uso indebido» de los 53 millones de euros recibidos por la aerolínea Plus Ultra por concesión del Consejo de Ministros de 9 de marzo de 2021. La sospecha es que el dinero se habría utilizado «para blanquear a su vez cantidades de ilícito origen», pues en la documentación aportada la compañía «figura como firmante y beneficiaria de unos presuntos contratos de préstamo con tres sociedades de la organización criminal, implicadas en las ventas de oro». La teoría es que esos contratos dieron cobertura, a su vez, a las «correspondientes devoluciones» que Plus Ultra, «en fechas consecutivas a la recepción de la ayuda pública», hizo a cuentas en el extranjero de sociedades que forman parte de la presunta organización criminal.En el escrito presentado por Anticorrupción además se denunciaba la venta de oro por importe de unos 30 millones de euros a una mercantil de Emiratos Árabes por parte de la sociedad que había concedido los citados préstamos y la remisión de cantidades por la misma sociedad a otra empresa con cuenta en Panamá. No obstante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional no admitió a trámite la denuncia al entender que el delito de blanqueo de capitales denunciado queda fuera de su jurisdicción. Argumentó entonces que los ilícitos habrían ocurrido en Venezuela y «sólo tangencialmente» se mencionaba en el escrito el «uso indebido» de ayudas públicas españolas. Ahora la Fiscalía Anticorrupción, como ya informó este diario, estudia si informar de los hechos al juzgado madrileño que ya investigó la concesión del rescate. Indicios «reforzados»Mientras, en Suiza la Fiscalía de Ginebra trata de aclarar la actividad de la empresa Osaka Group Sàrl y la Corte de Justicia de la ciudad ha rechazado el pasado 8 de enero el recurso presentado por la ciudadana francesa M.B. en contra del bloqueo de sus cuentas, al entender que existen indicios suficientes en su contra y la medida está justificada: la investigada habría recibido tres transferencias sospechosas por un importe total de 2,7 millones euros entre 2019 y 2020; existe un intercambio de correos, intervenidos en los registros, que revelarían una supuesta coordinación con el resto de implicados; y figura además detrás de la gestión de bienes inmuebles en Francia con vínculos con la trama. Los magistrados también señalan que la información aportada por la Justicia francesa en 2024 ha «reforzado» además los indicios contra ellos. Tanto M.B., que mantiene que actuó en la «ignorancia total», como los otros tres investigados fueron interrogados por la Fiscalía de Ginebra entre 2022 y 2023 y todos negaron los hechos.
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