El pulso entre la parte socialista del Gobierno y el área de Sumar en torno a la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) ha desarrollado una nueva ramificación. El grupo parlamentario de Sumar registró el pasado miércoles en el Congreso de los Diputados -en plena refriega con Hacienda a cuenta de la resistencia del ministerio que dirige María Jesús Montero a elevar una vez más el mínimo exento para mantener la exención total a los perceptores del salario mínimo – una proposición de ley para que las subidas del SMI o de otras referencias salariales como las mejoras de los convenios colectivos se trasladen de forma automática al precio de los contratos públicos , una solución que el actual equipo de Hacienda ha venido esquivando desde el año 2018 bajo el argumento del coste millonario que tendría para las arcas del Estado.Se da la circunstancia, además, de que la maniobra de la formación que encabeza la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se produce en medio de una negociación abierta entre el Ministerio de Hacienda, la patronal Alianzas (que representa a una decena de organizaciones empresariales de servicios esenciales, como limpieza, mantenimiento, restauración colectiva o atención a la dependencia) y los sindicatos mayoritarios, CC.OO. y UGT, para encontrar una solución a una situación enquistada desde la promulgación de la Ley de Desindexación en 2015 y que según una estimación realizada por CEOE ha tenido ya un coste de 700 millones de euros para empresas contratistas del Estado del sector servicios y que incluso ha llevado a una situación financiera límite a algunas de ellas.Noticia Relacionada Tras la crisis de Muface estandar Si Hacienda se abre a revisar precios en contratos de servicios esenciales Bruno Pérez Tras años de presión política por parte de las empresas y sindicatos de esos sectores, se aviene a estudiar mecanismos que impidan que se presten a pérdidasLa iniciativa de Sumar reconoce como su objetivo principal «establecer un marco estructural y permanente para la actualización de los precios en los contratos del sector público cuando se produzcan incrementos de los costes salariales derivados de la aplicación de convenios colectivos, de la subidas del SMI o de otras modificaciones que por vía legal o convencional impliquen modificaciones de las condiciones salariales del personal que participa en la ejecución de dichos contratos».Algo que no sucede en la actualidad. Los recursos administrativos planteados por las empresas y los sectores afectados por el criterio asentado por el Ministerio de Hacienda de considerar estos incrementos de los costes salariales, algunos de ellos fruto directo de cambios legislativos impulsados por el Gobierno, como riesgo y ventura de los contratistas se han topado con el muro del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, controlado también por el Ministerio de Hacienda. Los reiterados intentos realizados por la CEOE y en los últimos meses por la plataforma Alianzas, constituida hace un año casi con el objetivo principal de conseguir este cambio regulatorio, por introducir alguna enmienda legislativa para cambiar esta situación han chocado con la negativa del Gobierno a aceptar una reforma que supondría un gasto extra millonario para la contratación pública del Estado. Tampoco han tenido mejor suerte las intentonas de la principal organización empresarial del país por introducir alguna cláusula en ese sentido en los reales decretos de subida del SMI que CEOE sí ha apoyado en los últimos años y que en este caso se han topado con la negativa del Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz, que ahora sin embargo sí parece avalar esa aspiración. En la iniciativa legal presentada el miércoles, Sumar sostiene que «no estamos ante una medida coyuntural fruto de un momento económico concreto, sino ante una reforma que busca consolidar un sistema de contratación pública más justo «. En este sentido, las organizaciones empresariales han venido denunciando como la retribución de los costes laborales de algunos contratos de servicios del Estado se han situado por debajo de la prevista en los convenios de sector o incluso del salario mínimo, en lo que denunciaban como una situación de fraude de ley que ha dado lugar a un puñado de sentencias condenatorias para las administraciones públicas.La plataforma Alianzas habla de «injusticia manifiesta»La proposición de ley de Sumar asume que esta situación «genera importantes disfunciones en la ejecución de los contratos que ponen en peligro su viabilidad, afecta negativamente a las empresas y, en última instancia, perjudica la calidad de los servicios públicos y los derechos de los trabajadores», precisamente el argumentario que venían defendiendo las empresas de servicios desde hace años y que ha dado lugar a una alianza inédita de estas con los sindicatos para exigir el fin de esta situación.Para el secretario general de la plataforma Alianzas, Javier Sigüenza, que lleva una década peleando contra el impacto pernicioso de la Ley de Desindexación de los Contratos Públicos impulsada por el entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, que en origen buscó desvincular sus actualizaciones del IPC para evitar que retroalimentaran la inflación, la iniciativa de Sumar supone «un primer paso positivo para poner fin a la injusticia manifiesta que se ha venido dando en los contratos de servicios desde la aprobación de la nueva Ley de Contratos y la Ley de Desindexación». «Pueda que en su momento tuviera sentido», señala, asumiendo el entorno excepcional de los años inmediatamente posteriores a la crisis en los que el Reino de España tuvo que afrontar unos exigentes objetivos de ajuste fiscal, «pero sin duda hace tiempo que lo había perdido».La proposición de ley plantea modificar la Ley de Contratos del Sector Público en tres puntos fundamentales. Por un lado, obliga a que el órgano de contratación estime los costes salariales previstos en todos los contratos en que más del 30% del coste se asocie a los costes laborales de prestación del mismo; pero además pretende fijar que se tenga en cuenta el convenio colectivo más favorable entre el sectorial y el convenio único del personal laboral del Estado a la hora de fijar las condiciones salariales de los trabajadores, lo que se podría traducir en un incremento del coste de los contratos en no pocos servicios.Por último y como mecanismo de cierre del nuevo sistema planea obligar a la Administración del Estado a estimar la evolución de esos costes laborales en los años de duración del contrato en función de las mejoras ya previstas en los convenios aplicables y, lo más importante, compensar las posibles desviaciones respecto a esos costes previstos en el caso de que acuerdos laborales o medidas discrecionales del Gobierno no descontados de inicio los incrementen.
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