La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al magistrado Leopoldo Puente, que investiga al exministro de Transportes socialista, José Luis Ábalos, por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación y organización criminal que le retire el pasaporte, le prohíba salir del país y le obligue a comparecer cada 15 días en sede judicial, como medidas cautelares para conjurar un posible riesgo de fuga. El juez ahora debe decidir al respecto. Ábalos declaraba este jueves ya formalmente como investigado una vez el Congreso de los Diputados le retiró la inmunidad, pero el hecho de que compareciese en diciembre de forma voluntaria y durante más de dos horas rebajaba la necesidad de interrogatorio en profundidad, puesto que no se han producido novedades de relevancia en la investigación desde entonces. Anticorrupción, de hecho, no ha interrogado. Sin embargo, el magistrado Leopoldo Puente, tras dar la oportunidad al exministro de ratificarse en cuanto declaró en su día, sí ha formulado preguntas sobre algunas de las informaciones que se vienen publicando, como el terreno que consta a su nombre en Perú, las declaraciones que el propio Ábalos ha hecho sobre el Delcygate o su situación patrimonial. Noticia Relacionada estandar Si La mujer de Koldo García deja plantada a la comisión de investigación del Senado Emilio V. Escudero Estaba citada, mediante notificación enviada a su domicilio, pero finalmente no ha acudido a la llamada de la Cámara Alta y se expone a un castigo penalSegún informan en fuentes jurídicas presentes en la declaración, el exministro, que se ha quejado reiteradamente de las filtraciones de la causa recibiendo como contestación del juez un recordatorio de que él mismo anda concediendo entrevistas , ha asegurado que ese terreno en Perú está a su nombre de forma «circunstancial» porque es una fundación, la que regenta el centro que está construido allí, quien realmente es la poseedora. De acuerdo a su versión, acabó a su nombre y de otro empresario, ya fallecido, porque esa fundación no tenía personalidad jurídica propia, pero no considera que sea suyo. En este sentido, ha incidido en que su patrimonio está claro y declarado y se limita a un piso y un local comercial en Valencia, sin cuentas ni otras propiedades en el extranjero. En cuanto al Delcygate, de acuerdo a las mismas fuentes, ha reiterado lo que ya viene declarando en público al respecto, que no recuerda ya si subió sólo o acompañado del comisionista Víctor de Aldama u otra persona al avión de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez a su paso por el aeropuerto de Madrid Barajas el 20 de enero de 2020, pero sí estuvo allí por su perfil político para arreglar el asunto y en todo momento, estaba presente el comisario del aeropuerto. En este sentido, se le ha preguntado por la lista de reservas en AirBnb que aportó este lunes el comisionista, quien sostiene que eran pisos que él alquilaba para que se produjeran encuentros con «señoritas» en los que sitúa al propio Ábalos y al ministro Ángel Víctor Torres, quien ya ha desmentido este hecho aportando certificados de agencias de viajes que le sitúan fuera de Madrid en esas fechas. Asegura que pisa «poco» el barrio de SalamancaHa negado tajantemente haber estado en esos pisos y ha llegado a decir, en este punto, que pisa «poco» el barrio de Salamanca, de Madrid, donde se ubica uno de los supuestamente alquilados por Aldama. El exministro ha respondido sobre la reserva también aportada que iba a ser para Delcy Rodríguez y ha señalado que efectivamente, podría haber sido así, que desconocía qué vivienda se le había buscado, pero tanto daba ya porque no se quedó en el país. La comparecencia ha durado apenas media hora, en la que Ábalos ha llegado a decir al juez que agradecía la investigación porque así podía defenderse frente al linchamiento mediático, momento en el que el magistrado le ha recordado que recurrió su apertura, así que muy conforme no estaría. Al término, se ha celebrado una vista para decidir si se le imponen medidas cautelares durante la que Anticorrupción ha solicitado esa retirada del pasaporte y prohibición de salida del territorio junto a las comparecencias quincenales, petición a la que se ha sumado la acusación popular unificada y que las defensas consideran «excesiva» teniendo en cuenta que trabaja en el Congreso y que ha tenido un año de ventaja según avanzaba el caso Koldo para fugarse, si era su intención. Son, en cualquier caso, las mismas medidas cautelares que tienen los otros dos investigados en la parte de la causa que lleva el Supremo, Koldo García y Aldama.
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