El magistrado Ángel Luis Hurtado, instructor de la causa que se sigue en el Supremo contra el fiscal general del Estado por presunta revelación de secretos, considera que « es una evidencia que el investigado ha hecho desaparecer pruebas que podrían encontrarse en sus terminales móviles, y, aunque ha dado distintas explicaciones para hacerlo, de haber mostrado algún grado de colaboración con el esclarecimiento de los hechos, podía haberlo comunicado antes de llevar a cabo tal desaparición, y no aprovechar para realizarlo el día 16 de octubre de 2024, cuando es notorio que este Tribunal Supremo se declara competente para conocer de la causa, a raíz de auto de 15 de octubre». Así lo asegura en un auto notificado este martes en el que, tras la denuncia del fiscal general por la filtración de sus datos personales, establece que a partir de ahora los anexos de los oficios que realice la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no se entreguen a las partes personadas , sino que queden a disposición de las mismas para su consulta en la secretaría del tribunal.En su auto, el juez señala que « carece de relevancia penal que un investigado llegue a hacer desaparecer pruebas que le puedan incriminar; pero que, así sea, tampoco se debe ignorar que no tenga incidencia en el desarrollo de una instrucción penal».[INFORMACIÓN EN AMPLIACIÓN]
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