La propuesta de ley orgánica de delegación de competencias de inmigración a la Generalitat de Cataluña, pactada por el PSOE y Junts y ya registrada en el Congreso, cuenta con algunas incógnitas a la hora de su aplicación y, en la exposición de motivos, la asunción por parte de los socialistas de la teoría migratoria que los independentistas de Carles Puigdemont comparten con Aliança Catalana y otras fuerzas europeas sobre el reemplazo, en este caso, de «la catalanidad» por parte de los «recién llegados» a la región.Además de las incógnitas y el giro ideológico del PSOE en este ámbito, así como la gestión integral de la inmigración que asume la Generalitat y el control compartido de los Mossos d’Esquadra en puertos y aeropuertos, el texto da al presidente autonómico catalán, en tanto que máxima autoridad policial, el control (material y operativo) de la Guardia Civil y la Policía Nacional, además de la de los Mossos, en caso de que España suspenda temporalmente el espacio Schengen en la frontera con Francia.Noticia Relacionada estandar Si Los juristas ven inconstitucional la cesión de la inmigración a Cataluña Nati Villanueva El TC dejó claro en la sentencia del Estatut que esta materia es «competencia exclusiva» del EstadoEl artículo 9, puntos 1 y 2, de la propuesta de ley orgánica hacen referencia básicamente al «acceso al espacio Schengen de ciudadanos de terceros países». El texto concreta la delegación de competencias a la Generalitat para ejecutar la normativa nacional «en materia de devolución de fronteras» para los extranjeros en el territorio catalán, en función de lo recogido en el artículo 6 de la misma propuesta que se debatirá en la Cámara Baja, que especifica a su vez que las deportaciones que ahora corren a cargo de la Policía Nacional o la Guardia Civil las harán los Mossos d’Esquadra.Estas funciones, en cualquier caso, se llevarán a cabo en puertos y aeropuertos en los «puestos habilitados» para tal efecto y «en colaboración» con la Benemérita y la Policía Nacional. Pero, eso sí, de acuerdo a los criterios que se establezcan en la Junta de Seguridad de Cataluña, instrumento de seguridad pública detallado en el artículo 164.4 del Estatuto de Autonomía, y que preside el presidente de la Generalitat, que es por lo tanto la autoridad política que tiene la última palabra, a pesar de que las decisiones a adoptar, se entiende, son técnicas.Acceso al espacio Schengen Artículo 9.3. Cuando de conformidad a los artículos 25 y siguientes del Código Schengen se reestablezcan los controles internos de fronteras y éstos afecten a Cataluña, la materialización y operatividad de los mismos se desarrollará conforme a los criterios establecidos en la Junta de Seguridad regulada en el artículo 164.4 de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio presidida por la Presidencia de la Generalitat de Cataluña.De una forma similar, el punto 3 del artículo 9, que señala que en caso de que se suspenda el espacio Schengen en la frontera española con Francia por Cataluña -según se recoge en la normativa Schengen, artículos 25 y siguientes- será el presidente autonómico el que tenga la última palabra a través de la Junta de Seguridad, define que será este instrumento el que asuma la «materialización» y la «operatividad» del restablecimiento de las fronteras internas de la Unión Europea que «afecten a Cataluña». Fuentes policiales consultadas por este diario confirman que, según está redactada la propuesta de ley orgánica pactada por PSOE y Junts, en caso de que se suspenda la libre circulación de personas y mercancías y se establezcan los controles en la fronteras terrestres (en causas justificadas por amenazas terroristas o, por ejemplo, grandes eventos) la fuerza policial que se hará cargo de la operación «se decidirá en la Junta de Seguridad y en los órganos de coordinación que de ella se derivan y que utilizamos en Cataluña para coordinarnos». Una decisiones que, aseguran, en cualquier caso serán «profesionales», confían.
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